La invasión de Rusia a Ucrania y el conflicto entre Hamás e Israel, que ya empieza a extenderse al resto de Oriente Medio, han provocado una ola migratoria que la Unión Europea no va a poder soportar. En el año 2023, se registró la presencia de 1,2 millones de inmigrantes ‘irregulares’ en suelo europeo –expresión que engloba tanto a solicitantes de asilo como a migrantes ilegales– y se espera que la cifra incremente a medida que empeoran las crisis. Por eso ha sido el tema central de la cumbre del Consejo Europeo del 17 de octubre, centrado en la inmigración y en los asuntos exteriores.
La cuestión migratoria moldea las políticas de los gobiernos más conservadores del bloque, y los líderes ultraderechistas no dejan de enfrentarse a Bruselas, intentando limitar de la mayor manera posible el número de personas que entran por sus fronteras. Y la estrella en este caso es Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, que hizo de la inmigración ilegal la piedra angular de su campaña política.
En esta imagen emitida por la oficina de Prensa de la primer Ministro húngaro, el primer ministro húngaro Viktor Orban, el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis, la primera ministra italiana Giorgia Meloni y la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, durante una reunión sobre cuestiones de migración antes del Consejo
Desde su llegada al Gobierno en 2022, Meloni ha ampliado el límite de tiempo legal que pueden pasar los inmigrantes en centros de detención italianos, y construido muchos nuevos, y firmado un pacto con Túnez para frenar los cruces del Mediterráneo. Además, ya se enfrentó a la Unión Europea cuando se opuso al pacto migratorio el pasado mes de mayo, y fue la líder a la que más costó convencer para su aprobación.
La idea de Meloni
Debe ser dulce para Meloni que la UE baraje ahora adoptar una iniciativa anti-inmigración prácticamente idéntica a la que ella ya propuso este año. Su plan era colocar a los inmigrantes irregulares en centros de reubicación a través de pactos con otros países; en su caso, Albania. Allí, estas personas cuyas solicitudes han sido rechazadas esperarían a la deportación y se los devolvería a sus países sin que pisaran suelo italiano. En aquel momento, la idea atrajo muchísimas críticas y fue percibida como una grave violación de los derechos humanos.
Sin embargo, la idea ya no parece tan mala. De cara a la cumbre del Consejo Europeo del 17 de octubre, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, propuso a través de una carta crear centros de inmigrantes como los que quería Meloni. Sugirió incluirla en el pacto migratorio que ya se aprobó hace meses. Este último busca repartir la carga migratoria repartiendo a los inmigrantes entre los países del bloque. Aquellos gobiernos que se nieguen a aceptar su cuota de inmigrantes tendrán que pagar 20.000 euros por persona rechazada.
Meloni, por libre
Impulsada por el nuevo respeto que Bruselas parece tener hacia su idea, Meloni decidió tomar las riendas del debate migratorio y organizó una reunión paralela a la del Consejo Europeo. Reunió a sus aliados en cuestiones migratorias, todos los países que ya consideran necesario ser más severos respecto a las llegadas. Incluyó en su mini-cumbre a Ursula von der Leyen a pesar de que no suelen estar de acuerdo, y excluyó a España, que ya se ha opuesto a la idea de los centros de inmigrantes. Otro invitado inesperado fue Olaf Scholz, líder de Alemania, que cada vez es más estricto con sus fronteras.
Insieme al Primo Ministro di Danimarca @Statsmin Mette Frederiksen, e dei Paesi Bassi @MinPres Dick Schoof ho ospitato un incontro per parlare di contrasto dei flussi migratori irregolari e in particolare di soluzioni innovative, in vista del Consiglio Europeo di oggi a… pic.twitter.com/iTou8I9FOJ
— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 17, 2024
Durante la cita, de carácter informal, la nueva idea de la Comisión contó con el apoyo de Italia, Dinamarca, Países Bajos, Austria, Chipre, Grecia, Malta, la República Checa, Polonia, Eslovaquia y por supuesto Hungría. Y aunque no todos estuvieron de acuerdo con situar estos centros específicamente en Albania, como quiere hacer Italia, aprobaron la idea de reubicar a sus solicitantes de asilo en los centros. El acuerdo, insistió Meloni, busca impulsar “en la lucha contra los traficantes de seres humanos”. Los líderes también debatieron el concepto de tercer país seguro y la cooperación con el ACNUR y la OIM para que ofrezcan su asistencia en los retornos.
España, junto a Bélgica
El país que hizo mal papel en la cumbre fue España, con una llegada tensa en la que el presidente Pedro Sánchez se negó a hacer declaraciones a la prensa. Y durante las negociaciones, habría sido uno de los pocos países en rechazar por completo la opción de los centros para inmigrantes: el Gobierno español argumenta que estos centros podrían violar los derechos humanos y generar costes demasiado elevados.
Además, temen que los migrantes albergados en estos centros no sean aceptados por sus países de origen, lo que podría dejarlos en un limbo jurídico, ya que muchos estados se niegan a aceptar el retorno de sus ciudadanos. Asimismo, diversas organizaciones de derechos humanos han advertido que estos centros podrían violar el derecho internacional y socavar los principios fundamentales de protección de los refugiados. España también quiere que el acuerdo final quede muy detallado con los límites muy bien delineados. Polonia, sin embargo, quiere justo lo contrario.
Otro país que también está en contra es Bélgica, cuyo primer ministro, Alexander de Croo, ha rechazado la idea. A su llegada al Consejo Europeo, de Croo criticó que los centros serían caros e ineficientes: “La historia ha demostrado que este tipo de soluciones no suelen tener mucho resultado”, afirmó ante los medios.
La opción holandesa
Aunque la mayoría de los países se inclinan a favor del bando Meloni – Von der Leyen, muchos lo hacen con algún que otro matiz. Países Bajos, por ejemplo, no quieren respaldar la normalización de relaciones con Siria, necesaria para garantizar el retorno de muchos solicitantes de asilo. El ministro neerlandés de Asuntos Exteriores, Caspar Veldkamp, afirmó que “Siria no es un país seguro para el retorno de solicitantes de asilo”. Existe una gran preocupación por las condiciones de seguridad en Siria y el riesgo de violaciones de derechos humanos si se llevan a cabo deportaciones forzosas.
En su lugar, el gobierno neerlandés baraja ahora mandar a sus inmigrantes rechazados a Uganda. “Es un plan serio, pero todavía tenemos que pensar muchas cosas”, declaró el primer ministro holandés, Dick Schoof, a su llegada a Bruselas. Aún no está claro si el plan es legal o si Uganda estaría dispuesta a aceptar a los inmigrantes rechazados.