El 2024 fue un año letal para los condenados a muerte. Según cifras publicadas en un informe de Amnistía Internacional, el año pasado se batió el récord en penas capitales del año 2015. Los culpables: países como Irán, Irak o Arabia Saudí, donde la ejecución de disidentes va al alza.
La organización de derechos humanos destacó que, si bien el número de países que aplicaron la pena capital fue el más bajo que consta en sus registros, se contabilizaron un total de 1.518 ejecuciones en todo el mundo en 2024, lo que representa un incremento del 32% respecto al año anterior, y el número más alto desde el año 2015, cuando fueron ajusticiadas 1.634 personas.
La realidad es aún peor
No obstante, se da por hecho que las cifras reales son mucho mayores. En muchos países, las ejecuciones se producen sin proceso legal ni registro. Muchos ejecutados simplemente desaparecen de la faz de la tierra sin dejar rastro. Se estima que en países como China -el mayor ejecutor del mundo-, Corea del Norte o Vietnam, miles de personas habrían sido sentenciadas a muerte.
Actualmente, existen quince países que llevan a cabo ejecuciones. En 2025, Estados Unidos llevó a cabo, 15 años después, una ejecución utilizando un pelotón de fusilamiento. El sentenciado, Brad Sigmon, había apaleado hasta la muerte a los padres de su expareja. No obstante, el 91% de las muertes (registradas) en 2024 se concentraron en tres países de Oriente Medio: Irán, Irak y Arabia Saudí.
Desde Amnistía Internacional se cuestionan la justificación moral de la máxima condena. “La pena de muerte es un crimen atroz que no tiene cabida en el mundo actual”, declaró Agnès Callamard, secretaria general de la organización. Y prosiguió: “mientras algunos países, que para nosotros son responsables de miles de ejecuciones siguen manteniendo el secretismo, es evidente que los que mantienen la pena de muerte son una minoría”.
Hay casos verdaderamente alarmantes. Irak prácticamente cuadruplicó sus ejecuciones en un año (de 16 hasta 63), mientras que Arabia Saudí dobló la cifra (de 172 a 345). Pese a la propaganda que Riad vende al mundo, tratando de mostrarse como un país abierto a la modernización y al turismo, la realidad es que sigue siendo una férrea dictadura donde la disidencia puede pagarse con la vida.
Treinta mujeres ejecutadas en Irán
En Irán también se ejecutaron 119 personas más que en 2023, alcanzando una cifra total de 972, incluyendo a 30 mujeres. El régimen de los ayatolás es responsable del 64% de las ejecuciones en todo el mundo. A las penas de muerte por decreto judicial, se suman también víctimas de la represión policial del régimen, como ocurrió con la muerte de la joven Mahsa Amini en 2022, cuyo fallecimiento en custodia policial desató la oleada de protestas bajo la demanda “Mujer, vida, libertad”.
Las ejecuciones se aplicaron en otras naciones de Oriente Medio. En Egipto, también hubo un incremento en el último año (de 8 a 13 personas), y en Yemen se registró otro incremento notable (de unas 15 a 38). En este último país, sumido en una eterna guerra civil y controlado por administraciones enfrentadas, también es difícil contabilizar las cifras con certeza. En Singapur, también se dobló la cantidad (de 5 a 9).
En la otra punta del mundo, Estados Unidos también ejecutó a una persona más que en 2023. Donald Trump, férreo defensor de le pena capital, prometió tras volver a la Casa Blanca que “aplicaremos vigorosamente” esta medida como una herramienta para proteger a la población de “violentos violadores, asesinos y monstruos”.
Los países ejecutores
Según Amnistía Internacional, un total de 15 países mantienen este método, y son los responsables de las 1.518 ejecuciones registradas. Por otro lado, 145 países han abolido esta medida. Otros países han limitado legalmente el uso de la pena de muerte. Para Callamard, los países ejecutores de convictos son una “minoría aislada”, y consideró que la medida es “cruel, inhumana y degradante”.
Para la secretaria general de la oenegé, ciertos países, como Irán o Arabia Saudí, siguen defendiendo las ejecuciones de presos como una medida para garantizar el “orden público”, cuando en realidad se usa para silenciar voces disidentes que “son suficientemente valientes para protestar”.
Amnistía Internacional estipula que cerca del 40% de las ejecuciones fueron impuestas a crímenes relacionados con el tráfico de drogas, que son ilegales bajo las leyes internacionales y han demostrado efectividad para reducir o eliminar la venta y consumo de estupefacientes.