Han pasado dos años desde que el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictara su ya histórica sentencia en el caso Dobbs contra la Organización Jackson para la Salud de las Mujeres. En aquella polémica decisión, la Corte Suprema le dio la razón al Estado de Mississippi en un pleito contra una clínica de la ciudad de Jackson donde se realizaban abortos.
Los médicos de la clínica habían demandado al Departamento de Salud del Estado por una ley que establecía en quince semanas de gestación el plazo máximo para un aborto legal, mucho antes de lo fijado en la histórica sentencia del caso Roe contra Wade de 1973, donde se fijó la doctrina que había garantizado el derecho al aborto a nivel federal.
Roe vs Wade
Pero el Tribunal, que en los años de Donald Trump como presidente había visto formarse una mayoría conservadora, rectificó radicalmente la doctrina de Roe contra Wade, con el argumento principal de que no existía en la Constitución ninguna disposición que garantizara el derecho al aborto.
I'll keep doing everything I can to protect access to reproductive health care in the wake of the Dobbs decision, but let me be clear:
The only way to protect a woman’s health and rights is for Congress to pass a law that restores the protections of Roe v. Wade once and for all. pic.twitter.com/M44VMMLmPA
— President Biden (@POTUS) June 24, 2024
Fue un cambio de opinión histórico cuyos efectos ya han sentido muchas mujeres en Estados Unidos. En los estados gobernados por los republicanos se produjo un aluvión de leyes estatales que han impuesto crecientes restricciones y obligado a muchas mujeres a desplazarse a otros estados para acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva que ya no están disponibles en el suyo. La polémica no ha dejado de crecer y el tema del aborto en uno de los más candentes del debate público y promete marcar la carrera hacia la Casa Blanca en lo que falta de aquí a las elecciones de noviembre.
Pero, paradójicamente, el endurecimiento del acceso al aborto no ha venido acompañado de una reducción en su número. Según un reciente informe del Instituto Guttmacher, el número de abortos en 2023 alcanzaron cifras no vistas en más de diez años, con más de un millón de abortos en el sistema sanitario oficial.
La ofensiva republicana
Desde que se conoció el final de Roe vs Wade, una veintena de estados gobernados por los republicanos han aprobado nuevas leyes que establecen prohibiciones parciales o totales a la interrupción del embarazo, lo que, según organizaciones médicas y colectivos feministas, ha puesto en peligro la atención debida a las mujeres embarazadas o incluso a las que quieren evitar estarlo.
En Arizona y en Georgia se impuso un periodo de espera obligatorio antes de proceder al aborto, en Dakota del Sur se limitó la cobertura de Medicaid, el programa implantado en la era Obama para subvencionar las facturas médicas de las familias. En Texas se endurecieron los criterios para que los médicos puedan dictaminar que la vida de una mujer corre peligro por su embarazo y llevar a cabo un aborto de urgencia. En este estado una mujer pasó dos días en una celda acusada de asesinato por utilizar medicamentos para la interrupción del embarazo antes de que se retiraran los cargos.
Panorama hostil
Y Florida, que era el único estado sureño donde aún se podía acceder a un aborto quirúrgico y al que muchas mujeres de los estados cercanos recurrían, aprobó en mayo una ley que prohíbe el aborto a partir de las seis semanas de embarazo, cuando a esas alturas muchas mujeres ni siquiera se han percatado aún de que están encinta.
En un país donde el alto costo de los seguros médicos dificulta el acceso a la salud especialmente a la población más vulnerable, el endurecimiento legal dibujó un marco cada vez más hostil para las pacientes. En muchos estados del sur, donde imperan visiones muy conservadoras, muchas clínicas han cerrado o dejado de prestar servicios en estos años por temor a sufrir represalias legales en un marco legal cada vez más incierto. Esto explica que una de cada cinco mujeres que se sometieron a un aborto en 2023 tuviera que hacerlo en un estado diferente al suyo.
En ocasiones, la ofensiva restrictiva se ha vuelto en contra de sus propios promotores republicanos. En febrero, la Corte Suprema de Alabama falló que los embriones deben ser considerados seres humanos y cualquier que los destruya podía incurrir en responsabilidad penal, lo que llevó a las clínicas que los prestaban a interrumpir sus tratamientos de fecundación in vitro, lo que llevó a partidarias de Trump con problemas de fertilidad a quejarse por una medida que había cerrado de facto la puerta a su sueño de ser madres algún día. El propio candidato republicano tuvo que salir a la palestra para desmarcarse de la decisión de los jueces de Alabama.
Ofensiva antiabortista
Pero ante la ofensiva antiabortista no han tardado en surgir los atajos y las alternativas. Muchas mujeres han optado por el Mifepristone, un medicamento que, combinado con otro llamado Misoprostol, permite interrumpir el embarazo en las primeras semanas sin tener que pasar por el quirófano.
La Agencia Federal del Medicamento ha venido relajando las condiciones para acceder al mismo y permite a los médicos recetarla incluso en consultas virtuales. Como se puede comprar en línea y recibirla en el correo, se ha erigido en la opción preferida por las embarazadas en los estados donde se ha impuesto la prohibición. Las estadísticas dan fe de su creciente popularidad. Casi dos terceras partes de los abortos contabilizados por el Instituto Guttmacher en 2023 fueron resultado del uso de medicación y no de intervenciones quirúrgicas.
Blindar el aborto
Además, tras la sentencia del Supremo de 2022, varios estados gobernados por los demócratas, como Vermont, California Michigan o Nueva York han emprendido el camino inverso y han introducido reformas legales para garantizar el acceso al aborto y dar seguridad jurídica a las clínicas que lo facilitan.
La batalla política y jurídica parece, en cualquier caso, lejos de terminar. El Tribunal Supremo tiene pendiente pronunciarse sobre varios casos relacionados con el aborto y los partidarios del acceso al aborto en Dakota del Sur, Colorado y Florida han logrado que en la próxima elección presidencial del 5 de noviembre se pregunte también a los votantes si debe garantizarse como derecho en la Constitución del estado.