El Tribunal de París le ha quebrado una pierna –desde el punto de vista electoral, entiéndase– a Marine Le Pen por haberse gastado 474.000 lereles contantes, sonantes, públicos y europeos en su guardaespaldas, su jefe de gabinete y un asistente. La jueza Bénédicte de Perthuis declaró este lunes a la hembra alfa de Reagrupamiento Nacional culpable de malversación de fondos públicos y la condenó a cuatro años de prisión, dos con brazalete electrónico y cinco de inhabilitación con efecto inmediato, cascándole un verdadero torpedo Mark-48 en la línea de flotación de su camino al Elíseo en 2027. Si fuera de izquierdas, la viseprecidenta Montero, en su papel de plañidera populista como pasada por Los Morancos, denunciaría en sus mítines que “es una vergüenza que se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres”.
De Perthuis –bajo protección policial desde la noche del lunes por un turbión de amenazas de muerte– le ha impuesto la peor condena posible a la candidata favorita para las presidenciales. Según una encuesta de Elabe para BFM TV, el 57% considera que la sentencia es “normal”, mientras que el 42% le achaca “sesgo político”. Le Pen defiende su inocencia: “Ha sido como una bomba nuclear lanzada por el sistema”. Su alumno aventajado, Jordan Bardella, a quien Steve Bannon tildó de “crío”, “mierda”, “indigno de gobernar Francia” y “más cobarde aún que Macron” después de que, en la última Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Washington, el francés se marchara cuando el consejero cercano a Trump saludó a lo nazi –bien por Bardella–, censuró el “asesinato de la democracia” por parte de “la tiranía de los jueces”.
A mí, todos estos improperios de hojalata me suenan a Sánchez. Su denominación de origen ideológica es similar. Las críticas vertidas contra la juez Bénédicte de Perthuis son las primas fachas de las progres que el líder del Ejecutivo y su panda de enanitos políticos y mediáticos les han dedicado al juez Juan Carlos Peinado por investigar a la, según Patxi López, “presidenta” Begoña Gómez. Tampoco quedan lejos del estribillo aquel de socialistas y puigdemontoneros sobre desjudicializar la política para referirse a los perpetradores del último golpe de Estado de la democracia tuberculosa y menguante nuestra.
El procurador general del Tribunal de Casación, Rémy Heitz, subrayó una obviedad: “La justicia no es política, y esta no ha sido una decisión política, sino judicial, adoptada por tres jueces e independientes e imparciales”. En un Estado de derecho, sólo cabe respetar y recurrir las resoluciones judiciales. Le Pen no da la guerra por perdida: el Tribunal de Apelaciones de París confirmó el martes haber recibido tres recursos interpuestos contra la sentencia y tomará una decisión en el verano del 26 –meses antes de las presidenciales–. Si logra dar la vuelta a la sentencia, conserva la opción de presentarse a tiempo. Entretanto, respaldada por Trump, Musk, Putin, Salvini, Orban y Abascal, ondeará la bandera del victimismo y arengará con nitroglicerina a sus votantes: obreros, campesinos, clase media de la periferia. “No os dejéis intimidar”, dijo en TF1, “estaremos aquí hasta la victoria”. Ocho millones de espectadores siguieron esta entrevista.