Maria Lvova-Belova afirma haber ayudado a “rescatar” a más de 730.000 niños de las zonas de guerra; la Corte Penal Internacional difiere, y afirma tener motivos de peso para sospechar que tanto ella como el presidente, Vladimir Putin, son responsables de crímenes de guerra.
En concreto son acusados de la “deportación ilegal de población y la transferencia ilegal de población de áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa, en perjuicio de los niños ucranianos”.
Madre de 11 hijos
Nacida en 1984 en Penza, Rusia, es una figura central en las políticas de infancia del Kremlin. Desde octubre de 2021 ocupa el cargo de Comisionada Presidencial para los Derechos del Niño en Rusia.
Antes de su nombramiento oficial, Lvova-Belova construyó su perfil público en el ámbito del trabajo social y religioso, fundando varias organizaciones para jóvenes en situación de vulnerabilidad. Tiene una fuerte vinculación con la Iglesia Ortodoxa Rusa y madre de una familia numerosa. Junto a su marido, Pavel Kogelman sacerdote ortodoxo, tienen cinco hijos biológicos y seis adoptados. Además es tutora de otros trece niños discapacitados, alojados en centros especializados por su fundación benéfica.
El último niño que adoptó fue Philip, un adolescente ucraniano de 15 años originario de Mariúpol, una de las ciudades más castigadas durante la ocupación rusa. En 2022 Philip, junto con otros menores de su ciudad, fue primero trasladado a Donetsk y posteriormente a un sanatorio en la región de Moscú, donde fue recibido por su madre adoptiva. Lvova-Belova aseguró que su adopción fue posible “gracias al presidente Putin“, quien habría facilitado los trámites para integrar al joven en su propia familia.
Deportación forzada de menores
Pese a que al comienzo se dedicara a asegurar el bienestar de los jóvenes vulnerables, su papel cambió a partir de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. A partir de ese momento, Lvova-Belova pasó a estar al frente de un programa que Rusia ha presentado como humanitario: la evacuación y reubicación de menores ucranianos. Según las autoridades rusas, se trata de proteger a niños de la guerra.
Sin embargo, numerosos informes, incluidos los presentados ante la CPI, indican que este programa constituye en realidad una política sistemática de deportación forzada, violando el derecho internacional humanitario.
Un informe de la Asociación para las Naciones Unidas en España asegura que niños provenientes de instituciones estatales ucranianas, orfanatos y familias vulnerables fueron trasladados desde territorios ocupados —como Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón— hacia territorio ruso, muchas veces sin consentimiento de sus familiares o tutores legales.
Una vez en Rusia, los menores fueron ubicados en instituciones, internados o directamente entregados en adopción a familias rusas, con procesos de “reeducación” orientados a borrar su identidad ucraniana. Se modificaron sus documentos, se les concedió la ciudadanía rusa, y se restringió el contacto con sus familias de origen.
“Rusificación”
Lvova-Belova no solo admitió públicamente su participación en estas acciones, sino que ha justificado y celebrado los resultados. En varias intervenciones reconoció el cambio de conciencia que buscaban en los menores ucranianos. En una declaración destacada, llegó a decir que los adolescentes trasladados -aunque al principio tenían malas ideas sobre Rusia- habían “cambiado su actitud hacia los rusos” tras vivir en casas de familias rusas.
Esta actitud desafiante y la falta de voluntad para revertir la situación provocaron que en marzo de 2023 la Corte Penal Internacional emitiera una orden de arresto contra ella y contra el presidente ruso, Vladimir Putin. Ambos fueron acusados formalmente de crímenes de guerra por la deportación y transferencia ilegal de menores desde Ucrania. Es la primera vez que un país miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU enfrenta cargos de esta naturaleza desde Nuremberg.
A pesar de ello, ni Lvova-Belova ni el Kremlin han mostrado señales de retroceso. La comisionada ha rechazado categóricamente las acusaciones y continúa desempeñando sus funciones. El gobierno ruso, por su parte, ha adoptado una postura de hostilidad hacia la CPI, calificando sus acciones como una “agresión legal” contra el Estado ruso.
19.546 niños son víctimas
Más de 19.546 niños han sido identificados como víctimas de deportaciones forzosas, aunque las cifras reales podrían ser mucho mayores. La separación de sus familias, los intentos de “rusificación” mediante la reeducación cultural, la entrega en adopciones ilegales y la concesión de ciudadanía rusa forman parte de una estrategia para borrar sus identidades ucranianas. Esto ha causado en los menores graves consecuencias psicológicas y sociales.
Frente a esta crisis, organizaciones como Save Ukraine, con sede en Kyiv, trabajan incansablemente para rescatar a los niños desplazados, devolverlos a sus familias y asegurar su rehabilitación física y emocional. Esta ONG se ha convertido en un actor crucial en la protección de los derechos de los niños ucranianos, recaudando fondos y ofreciendo asistencia para revertir el daño causado por estas políticas de deportación.