2024 ha sido un año en el que el régimen de Nicolás Maduro se ha cebado particularmente contra medios y periodistas independientes en Venezuela, donde la persecución, hostigamiento y órdenes de aprehensión y hasta la cárcel han recaído en figuras reconocidas del periodismo.
El caso más reciente fue la acusación del Ministerio Público contra dos de los periodistas de investigación más importantes del país, que están en el exilio por sus trabajos sobre la figura de Alex Saab, el empresario colombiano a quien Maduro le otorgó la nacionalidad venezolana y estatus diplomático. Por él se enzarzó en una pelea con Estados Unidos hasta que en diciembre de 2023 obtuvo su liberación en un canje de prisioneros con la Casa Blanca.
Se trata de Roberto Deniz y Ewald Scharfenberg, fundadores y editores del medio digital Armando.Info, que lleva desde su fundación hace 10 años, un trabajo impecable para desentrañar la corrupción del gobierno chavista y su entorno.
Comunicado de https://t.co/r1sQRJAvAY a la opinión pública.
📍https://t.co/AxezappAjx pic.twitter.com/TQ52Qnbgjj— Armando.Info (@ArmandoInfo) May 7, 2024
El 7 de mayo los acusaron de ser parte de una supuesta red extorsiva a favor del ministro de Petróleo caído en desgracia y quien durante años fue uno de los hombres más fuertes del chavismo, Tareck El Aissami, preso desde abril de este año por una trama de corrupción mil millonaria dentro de Pdvsa.
El medio calificó de “inverosímil” y “risible” la acusación porque precisamente ellos advirtieron hace varios años de la corrupción a gran escala dentro de la petrolera estatal Pdvsa, que el mismo El Aissami encabezaba.
Qué dice la Fiscalía
La Fiscalía basa su testimonio en uno de sus testigos estrellas dentro de este caso. Un empresario venezolano, Samark López, a quien Armando.Info identificó como el testaferro de El Aissami. Estados Unidos ofreció por este hombre una recompensa de 5 millones de dólares en 2020 y lo incluyó en la lista de las personas más buscadas por la justicia de ese país.
López se ha encargado de señalar incluso a miembros de la oposición venezolana, con quienes conversó ese mismo año a los que la Fiscalía acusó de varios delitos y pidió su captura. Entre ellos resaltan el expresidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, y el fundador del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, quien se encuentra en el exilio en España.
Armando.Info es el único medio venezolano dedicado a la investigación. Tanto Deniz como Scharnfenberg, junto a otros dos miembros fundadores, se encuentran en exilio forzado desde el año 2018, cuando la justicia los alcanzó por revelar el entramado de corrupción en torno a la figura de Alex Saab y el Gobierno de Maduro.
En ese entonces pretendían callar al medio para que no informara sobre Saab y sus negocios con el chavismo, que comenzaron con el Gobierno de Hugo Chávez y se extendieron a gran escala en el de Maduro.
Dos mujeres periodistas señaladas
Pero las acusaciones del Gobierno también han recaído contra dos periodistas, entre ellas Sebastiana Barráez. En enero la señalaron de participar en una supuesta conspiración para atentar contra el gobernante en el poder. Desde entonces está solicitada y ahora la implican en la trama de desfalco dentro de Pdvsa, que el propio medio de investigación Armando.Info calcula es superior a los 10 mil millones de dólares.
Barráez es reconocida por su trabajo en la fuente militar desde hace 30 años, por denunciar las torturas contra los militares presos políticos y su palabra mordaz contra el chavismo gobernante.
La periodista consideró que estas denuncias “son un trapo rojo” del gobierno para esconder las corruptelas.
“Un amigo viceministro me dijo, no sin cierta vergüenza, que el fiscal (Tarek William Saab) en su descontrol arrastra a todo el gobierno, no solo por lo que dice sino por lo que está haciendo”, expresó Barráez en un vídeo en Instagram donde rechazó las últimas denuncias en su contra. Calificó de “imputaciones infundadas” las acusaciones en su contra y otros youtubers a los que también incriminó la Fiscalía.
Otra periodista a la que mencionó en esa supuesta red extorsiva es Maibort Petit. Ella también ha denunciando hechos de corrupción dentro de Pdvsa. En declaraciones al medio colombiano NTN24 destacó que el Ministerio Público en su último señalamiento no le sorprende porque “me convertí en objeto de persecución y de amenazas reiteradas” por sus reportes sobre las irregularidades administrativas dentro de Pdvsa.
El escalamiento contra los medios independientes venezolanos, en un año electoral y con presidenciales en puertas, ha dejado también el cierre de 11 emisoras de radio en diferentes estados del país. Mayormente en ciudades donde la falta de periódicos y estaciones independientes deja a la población sin acceso a información de calidad.
Las alertas por campañas difamatorias
La ONG Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela denunció los intentos del gobierno de criminalizar el ejercicio del periodismo, especialmente por las denuncias contra Armando.Info y sus editores.
“Por sus reportajes de investigación sobre Alex Saab, el equipo de Armando.Info ha sido hostigado judicialmente desde 2017, razón por la que desde 2018 cuatro de sus periodistas se encuentran en el exilio. Entre 2021 y 2022, IPYS Venezuela documentó 18 casos de campañas de descrédito y criminalización contra el reportero Roberto Deniz por su trabajo informativo.
En octubre de 2021, un tribunal dictó orden de aprehensión contra Deniz por presunta “instigación al odio”.
La campaña también tiene su eco en las redes sociales como X, donde la cuenta oficial del programa de televisión del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y considerado el segundo hombre más fuerte dentro del chavismo, Diosdado Cabello, compara a los medios independientes con ratas.
Entre el 7 y 8 de mayo difundieron imágenes creadas con inteligencia artificial en la que menciona a varios medios independientes: Efecto Cocuyo, Armando.Info, La Patilla, Caraota Digital, Infobae, NTN24 y EVTV.
La organización no gubernamental advirtió “sobre el uso de estas estrategias para intimidar, hostigar y judicializar a periodistas que cumplen con la labor de investigar, y solicita a los funcionarios de los poderes públicos abstenerse de emitir señalamientos que atentan contra la integridad física, psíquica y moral de los periodistas”.