Confundido por los dioses que así castigan la soberbia, Nicolás Maduro convocó unas elecciones para reelegirse por segunda vez (para un tercer mandato de seis años) en la Presidencia de Venezuela. Convocó los comicios para el 28 de julio, a contravía de la costumbre en ese país, donde las elecciones suelen hacerse en diciembre. Puso todas las trabas imaginables a la oposición, empezando por “inhabilitar”, figura ausente en la Constitución, a la líder María Corina Machada, electa en primarias con más del 90% de los votos. Prohibió la publicidad y apariciones en medios de comunicación a los partidos distintos al oficialista PSUV y sus aliados; y cerró los locales que sirvieron comida o dieron a alojamiento a los políticos adversarios.
El proyecto de Maduro era legitimarse, objetivo para el que no se ahorraría atropello, ilegalidad e, incluso, delitos. Y, sin embargo, la opción encabezada por el diplomático Edmundo González Urrutia ganó el pulso con el 70 de los sufragios.
Pero el régimen ha maniobrado a través del Supremo para arrogarse la victoria con un “peritaje” de las actas electorales que, según sostienen los magistrados, confirma el triunfo de Maduro y, a continuación, ha activado a la Fiscalía de Venezuela para citar “en las próximas horas” al candidato presidencial de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia, por una investigación penal en su contra, debido a la presunta comisión de delitos asociados a la denuncia de fraude electoral que ha hecho la oposición.
El fiscal general, Tarek William Saab, dará a conocer, “en tiempo, modo y lugar”, los detalles de esta citación, con la que esperan que el abanderado de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) hable sobre la página web en la que se publicaron actas electorales que, según la oposición, confirman su victoria en los comicios del 28 de julio.
Aquella noche electoral
La noche de las elecciones, el presidente del CNE (Consejo Nacional Electoral), el chavista Elvis Amoroso, violó la ley al afirmar que el ganador había sido Maduro, un anuncio que debió hacer el ente comicial en pleno y con el soporte de las actas emitidas por el propio CNE, al terminar la votación en las más de 30 mil mesas de todo el territorio nacional. Vale apuntar que en cada mesa el CNE emitió siete copias, la primera para él mismo (esto es, para ser transmitida a su sede en Caracas); y el resto, para los miembros de mesa y los testigos. Las actas no solo tienen la firma estos últimos, incluidos los representantes del PSUV, sino que tienen un código QR aportado por el CNE.
Como la oposición, actas en mano, denunció la fraudulenta proclamación, el dictador corrió al Tribunal Supremo de Justicia (llamado por el líder opositor Henry Ramos Allup, “el bufete de Maduro”) a exigir un “peritaje” sobre las actas y un nuevo conteo de los votos. En los hechos, una acción performática que ni hizo ninguna auditoría ni convención a nadie, quizá porque el elenco de los magistrados del chavismo se ha tardado siete años sin resolver la impugnación de las elecciones de gobernador en el estado Bolívar, que sin lugar a dudas constituyeron un despojo al líder Andrés Velásquez; y ocho años para remediar la injusta anulación de diputados de Amazonas; porque entre ellos hay un ex-convicto por asesinato; y porque en 2012 estableció que ellos no están para “certificar resultados”, pero ahora resulta que a un chasquido de Maduro, sí tienen competencia.
El jueves 22, el Supremo ratificó lo que había dicho el presidente del CNE en solitario, que Maduro había ganado las elecciones el domingo 28 de julio. Naturalmente, la sentencia de la Sala Electoral del Supremo no alude a la publicación de los resultados desglosados (a lo que está obligado por ley el CNE) ni las actas a su resguardo.
Nada que no esperara la oposición, los venezolanos ni el mundo. En la víspera, el presidente electo, Edmundo González, había escrito en X (antes Twitter): “Señores del TSJ: Ninguna sentencia sustituirá la soberanía popular. El país y el mundo conocen su parcialidad y, por ende, su incapacidad de resolver el conflicto; su decisión solo agravará la crisis. Los venezolanos no estamos dispuestos a renunciar a nuestra libertad ni a nuestro derecho, a cambiar en paz, para vivir mejor.#NoUsurparánLaVerdad”.
El desafío de María Corina Machado
María Corina se limitó a poner una frase muy popular en Venezuela, que alude a los tiempos en que se modernizaba Caracas y había construcciones por todos lados. Para derrumbar las estructuras viejas, había que usar una pesada esfera que colgaba de la grúa e iba a abatirse a las cansadas espaldas de las ruinas. Para animarse, los obreros se jaleaban: “Échale bola”. Ese día, en la víspera de la sentencia del “Supremo”, Machado los desafió: “Échenle bolas”, que equivale a instar a alguien a hacer lo que ha amenazado. La provocación lleva implícita una oración subordinada: y atente a las consecuencias…
La crisis política en Venezuela se ha profundizado. La oposición la tiene difícil, pero el régimen se ha metido a una peor. El exministro Ricardo Hausmann lo glosó así: “La salida de Maduro se ve difícil, pero aún más su permanencia”. Se refiere a que al desconectar, tras un prolongado coma, las máquinas que mantenían la ilusión de legitimidad, Maduro ha cerrado la puerta no solo a una salida electoral a su tiranía, sino a cualquier fuente de oxígeno a la economía venezolana, sin cuya recuperación es arduo concebir una extensión del mandato de Maduro. Los juristas se han apresurado a explicar que la sentencia dictada por la Sala Electoral del TSJ “puede calificarse de error jurídico inexcusable” o “nula de nulidad absoluta”, lo que despoja a Maduro de legitimidad para hacer cualquier negocio, pacto o arreglo a mediano plazo, que un eventual gobierno democrático podría desconocer por írrito.
Quién va a invertir en un país donde no hay donde concurrir si el Estado, un jerarca del régimen o alguno de los dos mil generales de la fuerza armada bolivariana, comete un abuso. Quién le va a prestar dinero a un país cuyo jefe de Estado solo es reconocido por Cuba, Nicaragua, Bolivia, Corea del Norte y alguno más. En suma, en un país donde no existe instancia estatal que sea independiente del Ejecutivo y del PSUV. A la crisis económica creada por el chavismo se ha sumado la bancarrota institucional promovida por el madurismo.
¿Qué queda? No será la lucha armada, como ha sugerido Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, brazo legislativo del chavismo. En principio, el mensaje de la oposición ha sido recordar que “Aquí nadie se rinde”, advertir que el esperpento de la sentencia no es ninguna sorpresa y conminar a la comunidad internacional a seguir exigiendo una verificación creíble por un tercero imparcial.