Ayer, el gobierno de Francia liderado por Michel Barnier colapsó tras la aprobación de una moción de censura en la Asamblea Nacional. Esta medida, histórica por ser la primera en más de seis décadas que tumba a un gobierno francés de esta manera, fue por culpa de la crisis política que actualmente vive el país. Además la votación, con 331 votos a favor de los 577 posibles, fue impulsada por una inesperada alianza entre la izquierda del Nuevo Frente Popular (NFP) y la extrema derecha de Reagrupación Nacional (RN). Esta extraña unión se forjó por su rechazo común al presupuesto de 2025, que proponía recortes y subidas de impuestos para reducir un déficit público que supera el 6 % del PIB.
Frente a este contexto, el presidente Emmanuel Macron enfrenta el desafío de nombrar a un nuevo primer ministro que pueda liderar un parlamento profundamente dividido. En su discurso oficial para explicar el derrumbe del gobierno, afirmó que “el mandato que me habéis dado es de cinco años, y lo [cumplirá] hasta el final.”
“Fui elegido para servir hasta 2027, y cumpliré con ese mandato”, declaró.
Aunque muchos esperaban que anunciara el nombre del nuevo primer ministro, Macron prefirió aplazar esa decisión, diciendo que será en “los próximos días”. Si que reconoció la complejidad de la situación al señalar que “la fragmentación del parlamento refleja la polarización del país”, y aseguró que tomará el tiempo necesario para seleccionar a un líder que pueda “navegar por estas aguas turbulentas”.
Macron subrayó además que la estabilidad de Francia es fundamental no solo para el país, sino también para Europa en su conjunto. Advirtió sobre los riesgos de una prolongada inestabilidad, señalando que “los desafíos económicos y sociales que enfrentamos no se resolverán simplemente con cambios en el liderazgo”. Con estas palabras dejó claro que la búsqueda de consenso será clave para superar la crisis y prometió actuar con rapidez para restaurar la confianza en las instituciones francesas.
Pero la incertidumbre es palpable, y parece improbable que ningún candidato pueda sortear los profundos desacuerdos que atraviesan la Asamblea Nacional. Mientras tanto, Francia lidia con las consecuencias de una crisis política que amenaza con paralizar la toma de decisiones y aumentar los costes de su ya elevada deuda pública.
Crónica de un colapso anunciado
El detonante del colapso fue el uso del polémico artículo 49.3 de la Constitución, que permitió a Barnier aprobar el presupuesto sin someterlo a votación. Aunque legal, esta maniobra fue percibida como autoritaria y agravó las tensiones en un parlamento ya fragmentado. Marine Le Pen, líder del RN, no tardó en criticar la política fiscal del primer ministro, calificándola de “peligrosa e injusta”. Y desde el NFP, Eric Coquerel acusó al gobierno de ignorar las necesidades de la ciudadanía, mientras Barnier, en su última intervención, defendía la inevitabilidad de sus decisiones ante una realidad económica difícil de gestionar.
La situación ha dejado al país en un limbo político, con un gobierno interino que podría extenderse durante meses. A diferencia de 1962, cuando Charles de Gaulle convocó elecciones tras una moción de censura, Macron no puede disolver la Asamblea antes de julio de 2025 debido a restricciones constitucionales.