Crisis en Venezuela

Machado: “No hay vuelta atrás hasta hacer valer el triunfo de González Urrutia”

El régimen de Maduro se venga de la oposición abriendo una investigación por "insurrección" contra María Corina Machado y Edmundo González Urrutia

La líder opositora de Venezuela María Corina Machado asiste a una protesta en rechazo a los resultados oficiales de las elecciones presidenciales
La líder opositora de Venezuela María Corina Machado asiste a una protesta en rechazo a los resultados oficiales de las elecciones presidenciales Efe

Desde que se celebraron las elecciones de Venezuela, el pasado 28 de julio, la oposición no ha cesado de denunciar fraude. Y es que, aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró ganador al actual presidente Nicolás Maduro, garantizándole la reelección, los resultados han demostrado que los verdaderos ganadores fueron el candidato Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, que actualmente siguen protestando contra el régimen. Como era de esperar, la dictadura no ha tardado en responder.

Machado aseguró este martes que “no hay vuelta atrás” en Venezuela hasta “hacer valer” el triunfo que, según asegura, logró el abanderado presidencial González Urrutia, en las elecciones del pasado 28 de julio, cuyo resultado oficial ratificó a Nicolás Maduro como mandatario reelecto.

“No hay vuelta atrás”

“Ha surgido una verdad que nadie puede cambiar: González Urrutia es el presidente electo de Venezuela (…) hay que defender esa verdad y hacer valer nuestra indetenible voluntad. Nadie dijo que esto sería fácil, pero que el mundo lo tenga bien claro, no hay vuelta atrás, esto es irreversible y es hasta el final”, dijo la exdiputada en un audio que difundió a través de las redes sociales.

Ya el lunes, la oposición venezolana lanzó un comunicado en el que apelaban a la conciencia de los militares y policías para que se posicionaran “del lado del pueblo y de sus propias familias” y no obedecieran las órdenes de represión emitidas por el gobierno de Nicolás Maduro. Este llamado incluyó una solicitud explícita para que las fuerzas armadas respetaran y defendieran lo que la oposición considera los verdaderos resultados electorales, que daban como vencedor a González Urrutia con el 67% de los votos.

Venezuela

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La respuesta de Maduro

La respuesta del gobierno de Maduro no se ha hecho esperar. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció la apertura de una investigación penal contra María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, acusándolos de varios delitos graves, entre los que se incluyen “usurpación de funciones, difusión de información falsa, instigación a la desobediencia de las leyes, instigación a la insurrección, asociación para delinquir y conspiración”.

En su comunicado, el fiscal general afirmó que los líderes de la oposición “falsamente anuncian un ganador de las elecciones presidenciales distinto al proclamado por el CNE, único órgano calificado para hacerlo”. Además, los acusó de realizar “una abierta incitación a funcionarios policiales y militares a la desobediencia de las leyes”. Según Saab, estas acciones violan la Constitución y la ley vigente en Venezuela.

La carta publicada por la oposición reiteró la denuncia de fraude electoral, acusando al gobierno de Maduro de manipular los resultados. Según los opositores, el CNE no ha presentado pruebas suficientes para respaldar la victoria de Maduro, mientras que ellos publicaron en internet más de 24.000 actas que, según afirman, demuestran la victoria de González Urrutia. Esta situación ha llevado a la crisis postelectoral, con múltiples protestas y actos de represión.

Represión venezolana

Las protestas han dejado un saldo de al menos 11 muertos y más de 2,000 personas detenidas, según organizaciones de derechos humanos. La violencia y la represión se han intensificado, con denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y el ejército contra los manifestantes. Los líderes opositores insisten en que estas acciones son una muestra de que Maduro “se niega a reconocer que fue derrotado por el país entero”.

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Por su parte, el gobierno de Maduro está calificando las acciones de la oposición como un intento de golpe de Estado. En sus discursos, Maduro ha hecho un llamado a la “unión cívico-militar-policial” para enfrentar a los opositores, refiriéndose a ellos como “fascistas” y acusándolos de estar alineados con intereses imperialistas y de la oligarquía.

Lógicamente, la comunidad internacional ha mostrado preocupación por la situación en Venezuela. Países como Estados Unidos, Francia y Brasil han pedido transparencia en la publicación de los resultados electorales y han instado a ambas partes a iniciar un diálogo para una transición pacífica. Y el Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de su portavoz Matthew Miller, ha reconocido la victoria de González Urrutia pero ha llamado a “iniciar discusiones para una transición pacífica de regreso a la democracia”.

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Para defenderse, el Consejo Nacional Electoral (CNE) afirmó haber sido víctima de un hackeo que impidió la rápida contabilización de los votos, lo que ha sido utilizado como justificación para la falta de transparencia en el proceso. Sin embargo, esta explicación no ha convencido a la oposición ni a buena parte de la comunidad internacional, que exigen la publicación detallada de los resultados.

Además, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha recibido del CNE las actas de escrutinio y otros documentos relacionados con las elecciones. La presidenta del TSJ, Caryslia Beatriz Rodríguez, indicó que se iniciará un proceso de evaluación de la documentación, que podría extenderse por un plazo de hasta 15 días, prorrogables si es necesario. Rodríguez también ha convocado a los candidatos y representantes de los partidos políticos a audiencias para entregar la información requerida y responder preguntas.

Mientras tanto, las detenciones y la represión continúan. La organización Foro Penal ha documentado al menos 1.010 arrestos y 11 muertes desde que comenzó la crisis postelectoral. Entre los detenidos se encuentran numerosos adolescentes, algunos de los cuales han sido arrestados en condiciones que violan la normativa legal venezolana.