El Gobierno de facto de los talibanes ha asegurado este miércoles que las ejecuciones públicas por el principio de retribución son conformes a la ley islámica y un “componente innegable” de la misma, después de que la ONU exigiese una moratoria de la pena de muerte en Afganistán tras cuatro ajusticiamientos ocurridos el pasado viernes.
“El Emirato Islámico de Afganistán implementa los fallos judiciales de acuerdo con un proceso judicial que examina exhaustivamente los casos legales a través de un sistema judicial tripartito (…) donde cada caso se somete a un escrutinio legal meticuloso“, ha dicho en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Afganistán. Los talibanes aseguran que, en el proceso judicial previo a las ejecuciones, a los acusados se les otorgan “plenos derechos de defensa desde el principio hasta que se emite un veredicto final”.
Los fundamentalistas afirman que los castigos prescritos por el principio de Qisas -el concepto de la sharia equiparable al ojo por ojo- son “un componente innegable de la ley islámica”. “Como gobierno islámico, el Emirato Islámico de Afganistán considera la aplicación del Qisas como su obligación religiosa“, ha añadido el Ministerio, que también ha cargado contra la misión de asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA).
Los talibanes han recordado a las Naciones Unidas que “cualquier intento de criticar o socavar las ordenanzas de la sharia islámica constituye una extralimitación, contraviene directamente el mandato de la organización y es categóricamente inaceptable”.
Críticas de la ONU
El comunicado de los talibanes llega después de que la UNAMA condenase cuatro ejecuciones en estadios deportivos que tuvieron lugar el pasado viernes y considerase la pena de muerte “incompatible con el derecho fundamental a la vida”. Estas elevaron a diez el número total de ejecuciones reconocidas por los talibanes en seis ocasiones desde su regreso al poder en agosto de 2021.
En el anterior régimen de los talibanes, entre 1996 y 2001, las ejecuciones públicas eran una práctica habitual en Afganistán como un modo de concienciar a la población sobre el alto precio a pagar si cometían un crimen.