Los golpean, les aplican electricidad, les ponen bolsas plásticas en la cabeza, algunos son objeto de abusos sexuales, les dan alimentos con gusanos, con cabellos o en estado de descomposición, les limitan el agua a dos vasos al día o la que les dan está sucia y maloliente, no reciben medicinas, sus familiares no pueden visitarlos en la cárcel porque se lo impiden o porque no saben dónde los tienen, los amenazan y presionan para que graben vídeos donde “confiesan” crímenes no cometidos o haber recibido treinta dólares para participar en una protesta… Y son niños.
De los más de dos mil presos políticos que, según el propio Nicolás Maduro, se hicieron en los días siguientes al 28 de julio, cuando tuvieron lugar las elecciones, 164 eran adolescentes (entre 14 y 17 años, según ha precisado Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal. Algunos fueron excarcelados y 67 permanecen detenidos y acusados de terrorismo. Las protestas dejaron asismismo 27 muertos -dos de ellos militares- y 192 heridos.
Datos “escalofriantes”
El jueves 10 de octubre, la secretaría general de la OEA confirmó, en un comunicado, que «los audios y reportes procedentes de los centros de tortura en Venezuela son escalofriantes: menores de edad que son torturados con descargas eléctricas, golpes, falta de alimentación o incluso abusos sexuales».
Simpatizantes de la oposición participan de una manifestación este sábado, en la ciudad de Caracas (Venezuela).
La Convención sobre Derechos del Niño de UNICEF establece que “se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”. Y la Organización Mundial de la Salud define a la adolescencia como el período de crecimiento que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y 19 años; y admite una franja de “adolescencia tardía”, que se extiende hasta los 21 años.
Según estas consideraciones, la gran mayoría de los presos políticos secuestrados por el régimen de Maduro después de las elecciones son menores de edad. Niños y adolescentes. Del total, un gran porcentaje tiene entre 14 y 25 años.
Una mujer sostiene un cartel en una manifestación de familiares de adolescentes detenidos durante las protestas contra los resultados de elecciones presidenciales en Venezuela
«Detenidos ilegalmente», ha afirmado la OEA, «han sido sometidos a inimaginables vejaciones y torturas». La oficina de Luis Almagro habla directamente de «atrocidades cometidas por el régimen de Venezuela», al que señala de haber degradado «sus límites de humanidad y decencia a los peores niveles de barbarie».
Se queda corta la OEA. Bastaría ver por un instante las inmediaciones de la cárcel de Tocuyito, estado Carabobo, por ejemplo. No solo se tendría la visión de unas instalaciones ruinosas sino de una congregación de familiares de presos que hacen guardia por días, semanas, ya meses, en espera de que los dejen ingresar a la visita o para enterarse de si su hijo o nieto está detenido ahí.
Paúl León y Deisy Peña, dos de los periodistas encarcelados por el régimen de Maduro
Las madres que tienen suerte, entran a un infierno donde son recibidas por guardias armados, encapuchados y sin identificación, que les dan una “charla” para luego conducirlas a los cubículos donde deberán desnudarse y permitir la requisa coporal hecha por unas guardias también encapuchadas.
Sin defensa
La defensa legal privada les está negada, en franca violación del Código Penal vigente. Las causas están en manos de “defensores públicos”, asignados por el Estado, a la mayoría de los cuales no se les ha visto la cara ni se le conoce el nombre. Dado que casi todos los familiares vienen de otras provincias del país y que carecen de medios para pagar un hotel, esas personas apiñadas frente a la fachada del penal se pasan días a la intemperie. Muchos han pagado cinco dólares para ver a su muchacho y por enviarle comida y medicinas; y, quienes pueden, pagan hasta mil dólares por la liberación. Esto lo sabe todo el país.
También ocurre que les anuncian que habrá visita (no hay días ni horario estipulado para tal fin) y luego les dicen que han sido suspendidas «por falta de logística».
Tres jóvenes avanzan con las manos arriba para evitar ataque de integrantes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en Caracas
Quienes han visto a los niños y adolescentes presos dicen que los encontraron muy flacos, pálidos, con la cabeza rapada, con marcas de golpes o pidiendo que no lo abracen porque tienen el cuerpo dolorido por las palizas; que les han dicho: “Mira lo que estás haciendo vivir a tu mamá. Cuando llegue va a ser desnudada, humillada y la van a ultrajar, por tu culpa, porque eres un terrorista y, si te portas, mal va a ser peor”. No es de extrañar que muchos de estos menores se echen a llorar en cuanto ven a sus familiares, que, desde luego, salen muy tristes de la anhelada y postergada visita.
Un despacho de prensa del Observatorio Venezolano de Prisiones informa de que: “Hay detenidos con trastornos mentales o condiciones médicas que no están siendo atendidos por médicos especialistas, así como tampoco se les están cumpliendo los tratamientos, otros que se han enfermado dentro del penal y, aunque les han mandado los medicamentos que piden, no se los hacen llegar».
Se ha sabido que hay cárceles donde golpean a los presos políticos todas las noches. La directora del programa para Venezuela de Wola, Laura Dib, hizo públicas las denuncias «sobre niños que fueron detenidos después del 28 de julio que están siendo sometidos a presión, hostigamiento y amenazas para que admitan hechos que no han cometido». Esta abogada precisó que los detenidos y sus familias son «los más pobres, los más afectados por la emergencia humanitaria compleja».