Con los días contados para concluir la LXV legislatura el próximo 31 de agosto, senadoras y diputadas de México apuraron la lupa para rastrear aquellas leyes que atentan contra la mujer en este país y encontraron una serie de absurdos, retardos y artimañas que eternizan la desigualdad.
La trampa en la ley está presente en la legislación a pesar de los tiempos pro mujer desde 2014, cuando con una reforma constitucional se obligó a los partidos a inscribir el 50% de mujeres en las candidaturas para puestos de gobierno.
Mujeres asisten a votar en las elecciones generales mexicanas este domingo, en un colegio electoral en la comunidad de San Blas Atenpa en Oaxaca
“En el Senado llevan una legislatura con mitad de mujeres; en la Cámara Baja, tres. Entonces, es tiempo de ver resultados de la importancia de que ellas estén en el poder”, indicó Fabiola Armenta, analista de género y catedrática de la Universidad Autónoma del Estado de México.
300 días para volverse a casar
Con las expectativas a cuestas, las legisladoras mexicanas han dado golpes contundentes. Otros mediáticos. En las últimas semanas encontraron el fallo en una ley que obligaba a las mujeres, tras un divorcio, a esperar 10 meses para volverse a casar, pero a ellos no: los varones pueden contraer nupcias desde las primeras horas de la separación legal.
Esta normatividad provenía de lejanos tiempos y seguía ahí a pesar de que en 2017 se aprobó una iniciativa en la Cámara de Diputados para eliminarla. Luego se turnó al Senado y ahí se arrumbó hasta días pasados que se desempolvó y votó para declararla “inconstitucional” por menoscabar los derechos y las libertades de las mujeres.
La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum
“No sabemos a quién se le ocurrió pero el mandato estaba ahí: nosotras las mujeres teníamos que esperar hasta 300 días y ellos unas pocas horas”, advirtió la senadora Josefina Vázquez Mota.
“El día de hoy y en pleno siglo XXI aún encontramos brechas que son inaceptables e insospechadas, parece que nos adentramos en la Edad Media cuando revisamos ciertos aspectos y mandatos de nuestra legislación”.
¿Paridad de género?
Desde el 2019, el congreso logró que la mitad de los cargos de dirección en los tres poderes del Estado y en los organismos autónomos. Hasta aquí, todo en orden y sin resistencia alguna, pero se ha estancado cuando se quiere traspasar la misma política a la iniciativa privada.
En mayo pasado, la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados avaló un dictamen por el que se reforma la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, con el objetivo de garantizar la paridad de género en la integración de sus órganos directivos, así como incluir el lenguaje de género.
La intención activó la polémica. El diputado Ildefonso Guajardo aseveró que si bien “es vital” incentivar la participación de las mujeres, “no se puede imponer que los organismos estén obligados a tener 50 por ciento y 50 por ciento”.
Las legisladoras viraron: ¿por qué no?
Finalmente el dictamen se avaló con 16 votos a favor y 10 en contra, por lo que se remitió a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados donde podría congelarse, si no lo retoman las próximas congresistas como muchos temas.
“Seguimos teniendo en la práctica montones de absurdos que atentan contra las mujeres desde la propia ley”, advirtió la analista Armenta.
Alquiler de vientres
Para la diputada Blanca Alcalá Ruiz, vicepresidenta de la Mesa Directiva, la maternidad subrogada es uno de esos ilógicos antifeministas que parten de la falta de una regulación adecuada porque esto ha permitido que la práctica se haya multiplicado en varias entidades de nuestro país y constituya en pleno 2024 “una nueva forma de trata de personas”.
En México está permitido la utilización de mujeres para procreación de niños a cambio de dinero aunque muchas activistas han señalado que promueven una industria que vulnera los derechos de madres e infantes ante la ausencia de toda protección por parte del Estado.
“Yo intenté empujar una iniciativa sobre maternidad subrogada y se buscó que efectivamente se viera como una prioridad, pero no se logró sacar adelante, sigue en comisiones y queda como un pendiente de esta Legislatura”.
Aborto y minifalda
En suspenso se encuentra también la reglamentación de temas tan polémicas como el aborto: hasta ahora solamente está permitido en 12 estados aunque la Suprema Corte de Justicia de México se ha pronunciado a favor.
Pendiente además, las facultades que se han tomado los gobiernos, la Iglesia Católica y autoridades escolares para meterse con la manera de vestir de ellas. “Vienen a trabajar, no a una fiesta, ni a una pasarela de modas”, justificó el Gobierno de Tamaulipas la prohibición a sus empleadas de usar minifaldas, escotes y pantalones entallados en horas de trabajo en 2011.
Ese mismo año, el Arzobispo de León, José Martín Rábago, prohibió el ingreso a los templos católicos a mujeres con ropa “atrevida” y tres años atrás el entonces rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Cuen, restringió el uso de minifaldas entre las alumnas de las 56 preparatorias a su cargo.
El diablo en los detalles
Para poner fin a las legislaciones que arremeten contra la mujer, organizaciones sugieren seguir olfateando los detalles de la ley.
En el abuso sexual, por citar un ejemplo, aunque hay una ley para castigar estas conductas, ésta tiene fallas sutiles por mejorar como el hecho de que la carga de la prueba recae en la víctima.
“Las leyes en México a favor de la mujer aún deben perfeccionarse, inspirarse en estándares internacionales”, explicó, Sandra Ramírez, asesora legal de la organización Equality Now. “Hace falta mucho trabajo por hacer”.