El valor de Gisèle Pelicot ayudará a miles de mujeres en la Unión Europea. Así lo expresó el Parlamento Europeo cuando pidió que su caso sea un punto de inflexión para consagrar el consentimiento explícito en la legislación sobre violación, no solo en Francia, sino en todos los Estados miembros. “El ‘sólo sí es sí’ debe quedar claro y consagrado en la ley. Las horribles experiencias de Gisèle Pelicot deben ser un punto de no retorno a la hora de reconocer la necesidad de una legislación sobre la violación que se base en el consentimiento, en Francia y en la UE. Necesitamos una ‘ley Gisèle Pelicot’”, reza la declaración parlamentaria.
El caso, cuya sentencia se espera para este jueves, ha conmocionado a Francia y ha captado la atención internacional, poniendo en relieve una de las lagunas legales más controvertidas del país galo: la falta de una definición basada en el consentimiento en los delitos de violación. Actualmente, la ley francesa exige pruebas de violencia, coerción, amenaza o sorpresa para que la agresión se considere violación, lo que ha permitido a varios acusados en este juicio argumentar que creían que Gisèle Pelicot había consentido los actos – a pesar de estar inconsciente.
51 acusados de violación
Entre 2011 y 2020, Gisèle Pelicot fue drogada por su entonces esposo, Dominique Pelicot, que organizaba las violaciones con desconocidos en su propia casa en Mazan, en el sur de Francia. Según las investigaciones, Pelicot contactaba a los agresores a través de foros en línea y grababa los abusos, acumulando más de 20.000 fotos y vídeos como prueba. Durante el juicio, Gisèle Pelicot renunció a su anonimato para enfrentar a sus agresores y exigir un cambio: “Cuando te violan, sientes vergüenza, pero no somos nosotras quienes debemos sentirla, son ellos”, declaró con firmeza.
El juicio, que comenzó en septiembre y ha durado tres meses, ha llevado al banquillo a 51 hombres, incluido Dominique Pelicot como principal acusado. La Fiscalía ha solicitado para él la pena máxima de 20 años por violación agravada. “Es a la vez mucho y muy poco”, señaló la fiscal Laure Chabaud, por la gravedad de los crímenes. Para los demás acusados, las penas propuestas van de los 4 a los 20 años de prisión, individualizadas a cada acusado según su participación en los actos y su historial penal. “Habrá un antes y un después”, dijo al terminar su requisitoria la fiscal del tribunal penal de Aviñón Laure Chabaud, quien pidió una “concienciación real y profunda sobre la noción de consentimiento”
Ella no consentía
La defensa de algunos acusados trató de justificar sus actos argumentando que creían que Gisèle había dado su consentimiento, una estrategia que fue duramente criticada por la Fiscalía. “No podemos decir en 2024 que porque no dijo nada, consintió”, declaró Chabaud. En el juicio también se reveló que Gisèle, durante años, desconoció lo que ocurría, a pesar de los síntomas físicos que sufría, como dolores abdominales y hemorragias, cuyos orígenes los médicos no podían explicar.
Pero las declaraciones de Gisèle Pelicot y el impacto mediático del caso han generado un movimiento de apoyo sin precedentes. La imagen de Gisèle Pelicot ya ocupa literalmente decenas de ciudades francesas. De las manos de mujeres artistas, anónimas o no, en graffiti o collage, su rostro está impreso de París a Marsella. En las afueras del tribunal de Aviñón, decenas de activistas feministas se reúnen para bailar una haka, portando pancartas que dicen “Que la vergüenza cambie de bando” y “Apoyo a Gisèle”.
Grandes cambios
Y en paralelo, el Gobierno francés ha anunciado medidas para combatir la violencia de género. El primer ministro, Michel Barnier, elogió la “increíble valentía” de Gisèle Pelicot y anunció un aumento en los fondos destinados a las víctimas de violencia doméstica. Más de 33.000 pagos se han realizado este año para ayudar a las víctimas a abandonar sus hogares y encontrar seguridad. Además, se están creando espacios seguros en hospitales para facilitar la denuncia de estos delitos.
Y a nivel europeo, Francia sigue el camino de otros países que han modificado sus leyes tras casos de alto perfil, como España con la ley del “sólo sí es sí”, aprobada en 2022. Hasta ahora, 15 países de la Unión Europea han adoptado una definición de violación basada en el consentimiento, mientras que otros 12, incluido Francia, siguen exigiendo pruebas de violencia o amenaza.
El caso, a la espera de su sentencia final, ya se percibe como un catalizador para cambios profundos en las leyes y en la percepción social de la violencia sexual, no solo en Francia, sino en toda Europa.