Marine Le Pen acaba de comparecer por primera vez ante el Tribunal Correccional de París para declarar en su juicio. Se le acusa de haber desviado fondos del Parlamento Europeo para financiar actividades políticas de su partido, el Rassemblement National (RN). Le Pen y otros 24 acusados, entre los que figuran altos cargos del partido y asistentes parlamentarios, enfrentan cargos por malversación de fondos públicos, complicidad y encubrimiento. La acusación sostiene que los fondos destinados a pagar a asistentes parlamentarios fueron utilizados para remunerar a empleados del partido en Francia entre 2006 y 2016, en lugar de ser utilizados para tareas parlamentarias.
Durante su primer interrogatorio, la estrategia de defensa de Le Pen se centró en evitar responder directamente a las preguntas más técnicas del tribunal. La presidenta del tribunal, Bénédicte de Perthuis, le preguntó repetidamente cómo había seleccionado a sus asistentes parlamentarios cuando fue elegida eurodiputada por primera vez en 2004. Sin embargo, Le Pen eludió dar una respuesta clara, alegando que “fue hace 20 años” y que los detalles específicos eran difíciles de recordar. Pese a su reticencia a ofrecer respuestas precisas, aseguró haber actuado de forma “perfectamente consciente” en la selección de su personal.
La estrategia de Le Pen fue, en gran medida, desviar la conversación hacia el ámbito político, donde evidentemente se mostró mucho más cómoda. En su intervención, utilizó metáforas para ilustrar su visión sobre el Parlamento Europeo, describiéndolo como una “masa que absorbe todo a su paso”. Según su explicación, el Parlamento es una institución que, en su opinión, tiene una estructura cerrada y opaca que dificulta que los diputados puedan desempeñar su labor política de manera adecuada. Con esta metáfora, Le Pen buscaba justificar que los asistentes parlamentarios, aunque pagados con fondos europeos, podían trabajar en actividades relacionadas con el partido en Francia, argumentando que “la actividad política de un elegido se hace en beneficio de su partido”, y de paso criticar a la Unión Europea, ya que cada vez es más euroescéptica.
Los puntos clave del juicio
El tribunal, sin embargo, estaba más interesado en aclarar las acusaciones sobre el presunto uso indebido de estos fondos. En ese contexto, la fiscalía presentó como prueba las declaraciones previas de algunos de los coacusados, como Fernand Le Rachinel, ex eurodiputado del Frente Nacional (precursor del RN), quien afirmó que algunos asistentes parlamentarios no realizaban el trabajo que se esperaba de ellos y que, en algunos casos, no trabajaban en absoluto. Le Pen negó estas acusaciones, asegurando que Le Rachinel no había “dicho las cosas de esa manera”, y reiteró que su actuación y la de sus asistentes siempre había sido acorde a la ley.
Uno de los puntos clave del juicio es el caso de Catherine Griset, que fue asistente parlamentaria de Marine Le Pen durante cinco años. La fiscalía sostiene que, en realidad, Griset no desempeñaba labores parlamentarias, sino que actuaba como jefa de gabinete de Le Pen en el partido. Esta alegación es central para la acusación de malversación, ya que se argumenta que los fondos públicos europeos fueron utilizados para cubrir los salarios de empleados del partido en lugar de los trabajos legislativos en Bruselas. Le Pen, no obstante, evitó ofrecer detalles sobre el papel exacto de Griset, argumentando que las acusaciones eran irrelevantes en comparación con el contexto general de su actividad política.
A lo largo de su declaración, Le Pen insistió en su postura de que no había cometido ninguna irregularidad. “No tengo el menor sentimiento de haber cometido la menor irregularidad, la menor ilegalidad”, afirmó de forma contundente, una frase que ha repetido en varias ocasiones desde el inicio del proceso. Además, defendió la tesis de que los asistentes parlamentarios no solo pueden, sino que deben estar involucrados en actividades políticas del partido, ya que, según su criterio, “la actividad política de un diputado se realiza en beneficio de sus ideas”, y estas ideas están estrechamente vinculadas con el partido que representan.
Sin embargo, tras casi dos horas de interrogatorio, el tribunal no logró avanzar en la cuestión de la naturaleza de las tareas desempeñadas por los asistentes parlamentarios financiados con fondos europeos. Las constantes distracciones de Le Pen y su tendencia a redirigir el interrogatorio hacia temas más amplios de política dificultaron que el tribunal pudiera obtener respuestas concretas sobre las acusaciones específicas.
Este juicio, que está previsto que se prolongue hasta el 27 de noviembre de 2024, tiene graves implicaciones para el futuro político de Marine Le Pen. De ser declarada culpable, podría enfrentarse a penas que incluyen una multa considerable, prisión y, lo más significativo, la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante un periodo de cinco años. Esta última sanción supondría un duro golpe para sus aspiraciones presidenciales de 2027, en las que muchos ven su oportunidad más fuerte hasta la fecha para llegar al Elíseo.