Las trabas de las autoridades marroquíes amenazan con poner fin a la forma de vida de las últimas trabajadoras transfronterizas, la mayoría empleadas del hogar, de Ceuta. Antes de la pandemia -Marruecos cerró unilateralmente la frontera en marzo de 2020- eran más de 2.000 trabajadores -hay también unas cuantas decenas de empleados hosteleros y de la construcción-, y ahora son en torno a 800 residentes en la vecina provincia de Tetuán quienes transitan a diario la frontera (un número más modesto de personas, menos de 200, hacen lo propio en la ciudad de Melilla procedentes de la provincia de Nador). Un ejemplo que, unido a la negativa a permitir la apertura de las aduanas comerciales, deja claro el escaso interés de las autoridades marroquíes por la cooperación económica entre los dos lados de la valla.
En ausencia de visado, una tarjeta de trabajador transfronterizo permite a los poco más de ocho centenares de mujeres marroquíes empleadas en Ceuta cruzar a diario la frontera. Con su contrato de trabajo, para poder completar la tramitación del citado documento ante el Cuerpo Nacional de Policía y darse de alta en la Seguridad Social, los transfronterizos necesitan un visado de corta duración expedido gratuitamente por el Consulado de España en Tetuán.
Pero desde marzo del año pasado las autoridades marroquíes no dejan ya pasar su frontera con ese visado español, lo que ha impedido que se pudieran firmar nuevos contratos. “Ante el riesgo de perder sus puestos de trabajo, muchas de ellas se ven obligadas a dormir en Ceuta porque o entran en suelo español con tarjeta de transfronterizo o no podrían volver a llevar a cabo la renovación de su documentación”, explica a Artículo14 la presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) Arantxa Campos.
La renovación de los permisos de trabajo de los transfronterizos en la ciudad autónoma española se hace por períodos anuales, por lo que cada semana algunas de estas empleadas ven caducar sus permisos al ser incapaces de reunir la documentación requerida.
Además, para realizar el trámite del contrato, el trabajador tiene que entregar al empleador español y a Extranjería un certificado de empadronamiento en la provincia de Tetuán que emite la Administración marroquí. Y Marruecos ha dejado en las últimas semanas también de entregar los citados certificados de residencia. Según recogía esta semana El Faro de Ceuta, Marruecos solo solo dispensa dicho certificado con el fin de la obtención del DNI electrónico.
Pero los problemas para las transfronterizas no acaban ahí. A finales del año pasado, los agentes de la frontera marroquí informaron a las trabajadoras de que desde principios de 2025 ya no se permitiría el pase por la frontera con la tarjeta de transfronterizo. “Ello va dejar a cientos de trabajadores transfronterizos sin sustento para ellas y ellos y sus familias”, advierte Campos a este medio. Este mismo miércoles la Delegación del Gobierno de Ceuta anunciaba el inmediato traslado de la situación actual de las transfronterizas al Ejecutivo central.
El sainete de las aduanas
El drama para las últimas trabajadoras transfronterizas de Ceuta coincide en el tiempo con las nuevas trabas burocráticas de las autoridades marroquíes en el proceso de apertura de la aduana comercial -una de nuevo cuño- que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió por primera vez -junto con la reapertura de la melillense- hace más de dos años y ocho meses.
Marruecos cerró de manera unilateral la aduana de Melilla en agosto de 2018 y en julio de 2019 logró terminar con el contrabando en la frontera con Ceuta. Después vendrían los más de dos años de cierre total de sendas fronteras, desde el mes de marzo de 2020 y hasta el mes de mayo de 2022, pero desde entonces solo pueden cruzar la frontera individuos en posesión de visado Schengen o los (cada vez más menguantes) transfronterizos.
El pasado miércoles día 8 de enero, y después de dos años de promesas y pruebas técnicas aparentemente satisfactorias, se producía el primer paso de mercancías tanto desde Ceuta como desde Melilla rumbo a Marruecos. La información trasladada por la delegación del Gobierno central a empresarios locales en Melilla avanzaba que Marruecos solo está dispuesto a aceptar un vehículo diario y por sentido y con productos limitados. O lo que es lo mismo, unas instalaciones de escala regional y no unas aduanas plenas como las que reclaman los empresarios y gobiernos.
Tampoco esta vez fue posible. Cuando todo parecía al fin listo para el esperado estreno de las infraestructuras, los citados vehículos no pudieron traspasar las fronteras del Tarajal y Beni Ensar. Alegando problemas técnicos, la furgoneta con electrodomésticos salida de Melilla y el camión con productos de limpieza fueron retenidos antes de regresar a suelo español. Al cierre de esta edición, los empresarios españoles no habían vuelto a intentar un nuevo paso de mercancías. Tampoco el Gobierno de Pedro Sánchez, quien anunció el 7 de abril de 2022, la apertura de las adunas, ha dado explicación alguna sobre la esperpéntica situación vivida en las fronteras esta semana.
Tampoco el Gobierno de Marruecos ha hecho alusión pública de lo ocurrido esta semana, pero uno de los pocos consensos en el país magrebí es considerar tanto Ceuta como Melilla ciudades marroquíes “ocupadas” y, por ende, negar la españolidad de las mismas. Con episodios como el vivido el pasado miércoles, al margen de la larga espera de más de dos años, Rabat ha dejado meridianamente claro que no tiene ninguna voluntad en normalizar los pasos aduaneros en las fronteras con las ciudades autónomas.
Por otra parte, empresarios y autoridades locales lamentan igualmente que las autoridades marroquíes incumplen el régimen de viajeros, que permite a los viajeros cruzar la frontera con bienes por valor de 200 euros, con el objetivo de evitar el contrabando, y denuncian la inacción del Gobierno central.