Cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) de México se dio cuenta que sobre la mesa de la autoridad electoral del estado de Zacatecas había 200 renuncias de candidatas a elección popular a mediados de abril pasado, ya había una alerta: seis asesinatos de políticas y ocho atentados fallidos en medio del más importante proceso electoral de la historia del país.
Pero no solo el lenguaje de muerte estaba actuando como disuasor, concluyó. También la narrativa de violencia de género -más allá de la brutalidad generalizada- con testimonios de ataques verbales misóginos, principalmente en redes sociales, en mensajes por correo o teléfono; en debates televisivos o sobre los templetes.
Combo de fotografías de las candidatas a la presidencia de México la oficialista, Claudia Sheinbaum, y la opositora Xóchitl Gálvez
“Es lamentable que en pleno siglo XXI se pretende invisibilizar, callar y hasta ridiculizar a las mujeres que participan en política, mediante el uso de lenguaje lleno de estereotipos de género y simbolismos sexistas que buscan cosificarlas y demeritar sus propuestas de campaña y trayectorias profesionales”, advirtió Norma Irene de la Cruz Magaña, analista de género y comunicación colectiva de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Espacio exclusivo de hombres
“Algunas personas siguen considerando que la política es un espacio exclusivo de los hombres, valiéndose de los avances tecnológicos para persistir con conductas que pretenden excluirlas del mapa político”, explica De la Cruz Magaña.
Desde que el Congreso mexicano obligó en 2021a los partidos a implementar la paridad de género en las elecciones, la participación de las mujeres ha tomado más poder.
El INE informó que de las 9.292 candidaturas para cargos de elección popular 5.262 corresponden a mujeres y 4.030 a hombres. Las postulaciones incluyen 307 candidaturas a diputaciones locales; 398 a presidencias municipales; 385 a sindicaturas y más de 4.000 regidurías, desglosadas también por tipo de elección.
El patriarcado y el machismo
Hay mucho en juego, documenta el libro Violencia política contra las mujeres por razón de género en la justicia electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde se analiza 400 casos de sentencias que han sentado precedentes, criterios, sanciones, reparaciones y medidas de no repetición de agresiones contra ellas.
Madres y familiares de las víctimas de desaparición protestaron por las principales avenidas de Ciudad de México
El problema central, documenta, es que cuando las mujeres quieren estar en la política se enfrentan no solo a la violencia general que existe en el país. “Son muchos fenómenos patriarcales y de machismo… ¡entre más mujeres hay en la política, más violencia hay!”, advirtió Roselia Bustillos Marín, una de las coordinadoras del texto.
En el caso del estado de Zacatecas, donde la renuncia de 200 candidatas llamó la atención del INE, por ejemplo, no había el mismo número de desertores hombres y, sin embargo, el organismo electoral local justificó que las dimisiones no eran por violencia de género sino “por razones personales, incluyendo cambios de partido político o de cargo, estudio, trabajo, salud o falta de interés”.
Detrás de los escenarios
Este 2 de junio, México vivirá el proceso electoral más grande de su historia contemporánea. Se votará por la Presidencia de la República, la integración de las cámaras de Diputados y Senadores; así como más de 19 mil puestos de gobiernos locales, gubernaturas, alcaldías, regidurías y hasta cargos del cuarto Orden de Gobierno en algunas comunidades indígenas.
Los comicios de 2024 han generado expectativa nacional e internacional no sólo por la cantidad de cargos a elegir sino porque por primera vez se espera que de la contienda salga la primera mujer presidenta.
Claudia Sheinbaum sonríe con un sombrero típico mexicano (EFE)
Esto significa que ellas están en la mira, para bien y para mal, insistió la analista de la Universidad Nacional De la Cruz Magaña. “Nos están atacando porque hay mucho en juego”.
Un cargo político significa control territorial o combate de las organizaciones criminales y millonarios presupuestos a los que todos quieren tener acceso, de los políticos a los narcotraficantes; empresarios y extorsionadores; la justicia y la injusticia.
Violencia verbal
En ese contexto, frenar el lenguaje agresivo para el género se ha convertido para el INE en el primer paso antes de que desemboque en conductas mortales.
El Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género ha multado hasta el 17 de abril de 2024 a 336 personas por ataques contra aspirantes a cargos públicos.
Del total de las personas sancionadas, 269 son hombres y 67 son mujeres. Las entidades que acumulan más penalizaciones son Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Baja California.
Impunidad
Aunque el INE “amonesta” y rechaza la violencia política en razón de género, el mismo organismo reconoce que en el 48,56% de los casos no se aplica alguna sanción, el 30% de los violentadores tiene que pagar una multa económica, el 15,67% recibe una amonestación pública y el resto, otro tipo de penalización.
La candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez
Por ejemplo, ha ordenado retirar publicaciones en Facebook que podrían configurar violencia política de género y ha pedido ayuda a las autoridades de seguridad nacional (Guardia Nacional, el ejército) y locales (policías estatales y municipales) para proteger a más de un centenar de candidatas.
Seis asesinadas
Con todo, no ha sido suficiente para erradicar la muerte y las agresiones. De los 14 atentados en contra de políticas que ha habido en el país, seis tuvieron desenlaces fatales en emboscadas, ataques a vehículos, persecuciones, disparos a bocajarro…
Entre ellas, Bertha Gaytán, quien aspiraba a la alcaldía de la ciudad de Celaya, cuyo cuerpo se exhibió en redes sociales y el contenido se viralizó; Paola Quevedo, dirigente de Morena también en Guanajuato.
Karla Herrera, dirigente del Partido Encuentro Solidario del estado de Michoacán (suroeste); Guadalupe Guzmán, consejera estatal en Guerrero (sur).
Las mujeres transgénero Samantha Gómez, activista transgénero que buscaba un escaño en el Senado en la Ciudad de México y Miriam Ríos, delegada municipal por Movimiento Ciudadano, en Michoacán.