“La caja de Pandora se ha abierto”, asegura a Artículo14 la abogada serbia Mirjana Vukajlovic al respecto de las históricas órdenes de detención el pasado jueves por el Tribunal Penal Internacional contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y el anterior responsable de Defensa Yoav Gallant por supuestos crímenes de guerra y contra la humanidad, “no estoy segura de que vayan a ser las últimas contra líderes israelíes”. Con todo, para la consultora legal, que atesora una larga experiencia en el ámbito del derecho internacional humanitario, incluido el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, hoy Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales, hay motivos suficientes para creer que sendas órdenes no serán ejecutadas por razones políticas, y que el prestigio de la corte seguirá deteriorándose.
-¿En qué sentido la orden de arresto emitida por el Tribunal Penal Internacional contra el primer ministro israelí y su antiguo responsable de Defensa es histórica?
-Ha habido órdenes de arresto emitidas por el TPI y otros tribunales internacionales y ad hoc contra jefes de Estado y altos funcionarios mucho antes que esta y la que se emitió contra Putin. Los acusados ante los tribunales de justicia internacional son mayoritariamente poderosos representantes de policías, ejércitos y Estados. Lo que hace históricas estas órdenes contra Netanyahu, Gallant y Deif es el hecho de que por primera vez tenemos una decisión de un tribunal penal sobre los graves crímenes cometidos en el Estado de Palestina, una decisión del Tribunal Penal Internacional. Los jueces del TPI, basados en las pruebas generales existentes, hallaron un terreno razonable para considerar que Netanyahu y Gallant cometieron crímenes específicos actuando con voluntad y conocimiento. Ha habido una década de lucha en el TPI para los palestinos, cuyo gobierno aceptó su jurisdicción a comienzos de 2015 a raíz de los supuestos crímenes cometidos en territorio palestino, incluidas Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este desde el 13 de junio de 2014. A finales de 2019, la Oficina del Fiscal bajo la antigua fiscal del TPI, Fatou Bensouda, concluyó que se cumplían todos los criterios estatutarios bajo el Estatuto de Roma para la apertura de una investigación. Sin embargo, sometió al criterio del tribunal decidir sobre el alcance territorial de la jurisdicción del tribunal en esta situación, lo que se hizo más de un año después. La investigación comenzó en marzo de 2021. Los crímenes posteriores al 7 de octubre aceleraron los procedimientos y motivaron nuevas remisiones por parte de cinco países. No queda nadie en el mundo ajeno a las atrocidades de Gaza.
-La opinión pública mundial es escéptica ante la posibilidad de que Netanyahu y Gallant vayan a ser detenidos en el futuro próximo. ¿Es realista la ejecución de las órdenes en caso de que alguno de los dos pisara el territorio de uno de los 124 Estados miembros del TPI?
-La opinión pública tiene buenas razones para el escepticismo. En el TPI hay 30 acusados de 68 que estaban, y algunos de ellos siguen estando, en libertad. En general, la ejecución de las órdenes de detención depende de los Estados y de la apertura de procedimientos bajo las leyes nacionales compatibles con las exigencias para la detención de quienes son sospechosos, pero también de su voluntad política. Esto último es crucial en este caso, teniendo en cuenta que la “cuestión palestina” lleva polarizando abiertamente al planeta durante décadas. En estos momentos estamos siendo testigos de muchas reacciones diferentes de los Estados sobre las citadas órdenes de detención. Respecto a la UE, como dijo Borrell, sus Estados miembros consideran vinculantes las órdenes por una cuestión de principios. Sin embargo, hemos oído a Viktor Orbán afirmar que Hungría desafiaría esta orden e invitaría a Netanyahu. Otros países europeos con estrechos lazos con Israel han mantenido posiciones muy discretas desde el principio, como Alemania y Chipre, y algunos mantuvieron un perfil bajo en sus reacciones como Francia. En el otro extremo, otros Estados se han manifestado abiertamente predispuestos a ejecutar las órdenes de detención, como el Reino Unido. No soy politóloga, aunque, desgraciadamente, el mundo de la justicia internacional depende inmensamente de la política, más de lo que nos gustaría admitir.
La experta Mirjana Vukajlovic
-¿Algún ejemplo fracasado en ese sentido?
-Dos de los mejores ejemplos de no cooperación de Estados en la ejecución de órdenes de detención del TPI son las dos que se emitieron contra el presidente de la República de Sudán Al Bashir. La primera se dictó en 2009, y la segunda en 2010. Al Bashir sigue en libertad, y ha viajado más de 70 veces a más de 20 países, incluido Yibuti, adonde acudió para asistir a la toma de posesión del presidente Ismail Omer Gaili. El TPI ha remitido a la Asamblea de Estados Partes o al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas numerosos dictámenes sobre el incumplimiento de cooperación por parte del Estado sudanés. Sin embargo, Bashir no ha comparecido aún ante el tribunal de La Haya.
-Aunque Netanyahu y Gallant no viajen a ningún Estado miembro del TPI, ¿serán las cosas más difíciles para ellos a partir de ahora? ¿Qué problemas podrían encontrarse?
-En términos estrictamente jurídicos, las órdenes de detención están relacionadas con responsabilidades penales individuales de los dos altos responsables políticos israelíes. Sin embargo, las implicaciones de estas órdenes tienen mayor alcance, y políticamente representan un obstáculo enorme para las relaciones diplomáticas israelíes, especialmente con los países de la UE. Ambos sospechosos tendrán libertad de movimiento limitada. Si no puede garantizarse su presencia ante el tribunal, la última posibilidad es confirmar las acusaciones in absentia, una opción y solución excepcional para órdenes de detención que no se ejecutan.
“Las órdenes de detención supondrán un enorme obstáculo en las relaciones diplomáticas de Israel con los países de la UE”
-¿Es una posibilidad factible en este caso?
-Los juicios in absentia son procedimientos muy controvertidos, debido a innumerables razones que serían probablemente temas de tesis doctorales, pero sobre todo por negar de manera inevitable el derecho fundamental del acusado a recibir un juicio justo. Ello mina enormemente la legitimidad de los procedimientos, y debido a la dudosa justificación de los enormes costes de unos procedimientos tan prolongados en el tiempo. Es por ello por lo que el Estatuto de Roma no permite procedimientos en ausencia del sospechoso más allá de la audiencia de confirmación de cargos en una etapa anterior al juicio. Menos de un mes antes de la emisión de las órdenes de detención en cuestión, la Sala Tercera de Cuestiones Preliminares del Tribunal Penal Internacional emitió el dictamen de que se cumplen todos los requisitos para celebrar una audiencia de confirmación de cargos en ausencia del acusado Joseph Kony [ex líder del grupo rebelde ugandés Ejército de Resistencia del Señor]. ¡Las órdenes de detención en este caso se emitieron en 2005! Tenemos aún que ver si esto podría ser un signo de un cambio potencial en el curso del TPI hacia los juicios in absentia, en el interés de la justicia, para que las víctimas y la verdad sean escuchadas, y para proteger sus derechos fundamentales al acceso a la justicia, incluidas las reparaciones, como destacan habitualmente quienes defienden estos procedimientos.
-¿Serán Netanyahu y Gallant los últimos responsables israelíes en ser acusados de crímenes de guerra?
-La caja de Pandora se ha abierto. No estoy segura de que vayan a ser las últimas órdenes de detención contra líderes israelíes a propósito de crímenes cometidos en territorio palestino, aunque es difícil predecir cuándo las circunstancias políticas serán favorables para la ejecución de órdenes de detención, y, consecuentemente, para el comienzo de los juicios, si es que ello ocurre. La otra forma de procesamiento, esperanzadora y cambiante, es la jurisdicción universal. Se trata de una forma de jurisdicción extraterritorial: muchos Estados han adoptado leyes que permiten u obligan a sus tribunales a enjuiciar crímenes internacionales como los de guerra o contra la humanidad, tortura y genocidio, con independencia de la nacionalidad del acusado o el hecho de que el crimen en cuestión se cometiera en el territorio de otro Estado siempre que los perpetradores estuvieran presentes en el territorio del Estado donde se abrió el procedimiento. Tengo fe en este concepto. Es útil que no se apliquen limitaciones estatutarias a crímenes de guerra y contra la humanidad con independencia de la fecha en que fueron cometidos.
El primer ministro, Benjamín Netanyahu (3d), dirige las operaciones desde la base militar de Kirya, en Tel Aviv, junto con al entonces ministro de Defensa, Yoav Galant (2d), quien declaró el estado de emergencia militar
-¿Perderá el TPI mucha de su credibilidad si las citadas órdenes nunca son ejecutadas?
-El TPI afronta ya muchos retos, desde la etiqueta “solo una corte para África” -lo que quiere decir que la mayoría de acusados se encuentran en ese continente-, hasta ser incapaces de combatir la impunidad e incrementar las posibilidades de las detenciones. A pesar de esos retos, estamos haciendo esta entrevista porque la decision del TPI ha sacudido al planeta entero, y los Estados y sus ciudadanos esperan que se haga justicia internacional en esta corte. La Asamblea de Estados Partes ha de encontrar la manera de combatir la falta de cooperación. Los procedimientos existentes no están trayendo los resultados esperados. Con las órdenes en cuestión, y me gustaría añadir la que se emitió contra Putin, la confianza solo hará que deteriorarse y abundar en el argumento de la impunidad, aunque la esperanza de justicia seguirá presente.
-¿Qué similitudes encuentra en este caso con otros de su etapa en el seno del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia?
-Honestamente, no estoy en condiciones de hacer una comparación adecuada entre la iniciación de un procedimiento contra altos responsables políticos israelíes y, por ejemplo, el que se inició ante el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) contra altos dirigentes yugoslavos, especialmente serbios, como el ex presidente Slobodan Milosevic, excepto por la gravedad de los supuestos crímenes y los cargos ocupados por los sospechosos en el momento en que se emitieron las respectivas órdenes. La ejecución de la orden de detención contra Milosevic fue fundamentalmente el resultado de su pérdida del poder, y fue una parte integral del proceso de transición para Serbia, después de sus cambios democráticos. El nuevo gobierno electo mostró su disposición a cooperar con el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, y en 1999 se emitió un decreto para que la orden emitida contra Milosevic se ejecutara en 2001, menos de un año después de su derrocamiento. Ello fue posible como resultado del ultimátum abierto del Gobierno estadounidense por su ayuda a Yugoslavia, como sigue constando en la web del TPIY. La ley sobre la cooperación con el tribunal fue adoptada el año siguiente. Es difícil de creer que incluso si hay cambios políticos en Israel vaya a haber más disposición a cooperar con el TPI teniendo en cuenta la posición del principal socio de Israel, Estados Unidos, sobre el mismo. El apoyo político internacional y el sentimiento doméstico en Israel sobre la cooperación con esta corte es diametralmente diferente al que había en la devastada antigua Yugoslavia.
