Presos por cubrir protestas o participar en ellas; detenidos por supuestas conspiraciones de magnicidio y cuatro de ellos acusados de terrorismo, la persecución contra los trabajadores de la prensa se ha acentuado en Venezuela después de las elecciones presidenciales del 28 de julio y las manifestaciones por el desconocimiento de los resultados.
Tras los comicios, el número llega a seis. La última víctima es la periodista Ana Carolina Guaita, una comunicadora que trabaja en el medio digital La Patilla, uno de los más críticos con Nicolás Maduro y su gobierno.
El Women Press Freedom denunció que desde las presidenciales “ha documentado un aumento alarmante de las violaciones a la libertad de prensa en Venezuela, que incluyen agresiones físicas, múltiples detenciones y acoso por parte de las autoridades. Estamos profundamente preocupados por Ana Carolina Guaita y pedimos al Sebin que revele de inmediato su paradero y la libere. La persecución estatal a los periodistas independientes debe terminar”.
A Guaita la apresaron en Maiquetía, a pocos kilómetros de Caracas, este martes 20 de agosto cerca de una urbanización. Aún no se sabe quiénes la detuvieron, pero el director de este portal de noticias, Alberto Federico Ravell, señaló a funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Es hija de dos dirigentes del partido socialcristiano Copei, que hacen oposición al chavismo.
El 8 de agosto, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) denunció que a cuatro de ellos los acusaron por cargos de terrorismo, cuya pena máxima en Venezuela es de 30 años de cárcel.
Se trata de Yousner Alvarado (reportero gráfico de Barinas); Paúl León (camarógrafo de Trujillo), José Gregorio Carnero (periodista y dirigente político de Guárico) y Deisy Peña (reportera gráfica de Miranda). Como a los más de 1.500 presos por represión política los presentaron en audiencias telemáticas, con jueces desde Caracas y sin permitirles acceso un abogado de confianza, como lo establecen las leyes venezolanas.
Paúl León y Deisy Peña, dos de los periodistas encarcelados por el régimen de Maduro
Guaita es la segunda periodista que detienen en el estado La Guaira, tras la aprehensión en junio pasado de Luis López, un periodista y miembro del equipo de comunicaciones de la Plataforma Unitaria Democrática en esa región, a quien acusaron de supuestos delitos de instigación al odio y asociación para delinquir.
El 2 de agosto apresaron al periodista y activista de Voluntad Popular, Roland Carreño, quien pasó más de 2 años en prisión y volvieron a encarcelar en el marco de la represión política que vive Venezuela.
Pero la violencia, la persecución y el hostigamiento contra la prensa libre no se ha quedado en la privación de libertad de trabajadores de la prensa.
Campañas difamatorias y violencia contra periodistas
Tras las elecciones, en diversos estados de Venezuela circulan audios, videos y otros formatos multimedias de campañas contra periodistas locales. Los señalan de ser partícipes de la violencia, de terrorismo e incluso piden actuar en su contra. Ha pasado al menos en tres estados (Nueva Esparta, Carabobo y Trujillo. En esta última región el gobernador chavista y exmilitar, Gerardo Márquez, incluso anunció una investigación contra trabajadores de la prensa y medios de la región.
Durante las protestas mundiales del 17 de agosto, a los periodistas en el estado Aragua, centro de Venezuela, los acorralaron miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, que es una de las más duras en represión de manifestaciones en el país.
Mientras cubrían cómo lanzaban gases lacrimógenos contra manifestantes pacíficos, a los colegas los rodearon más de cinco guardias como quedó registrado en un video que circuló en redes sociales el Sindicato de la Prensa.
Uno de ellos, David Marcano, contó a Artículo 14 que con otro grupo de periodistas hacían cobertura en una plaza pública que afectó a adultos mayores y niños, entre otras personas. “Los guardias me acorralaron hacia una pared y me rodearon todos. Estoy con el uniforme del periódico para el que laboro y tengo mi carnet. Allí es cuando se dan cuenta que soy miembro de la prensa porque otros dos compañeros hicieron la alerta, gritaron que era periodista”.
Preso por tercera vez
De los trabajadores de la prensa detenidos este año, el que lleva más tiempo tras las rejas es Carlos Julio Rojas. Lo detuvieron el 14 de abril cuando caminaba por las calles de Caracas con su pareja.
El fiscal venezolano, Tarek William Saab, lo acusó de ser parte de un grupo de tres personas que supuestamente intentaba un atentado contra Nicolás Maduro el 25 de marzo, día que se inscribió como candidato presidencial ante al Consejo Nacional Electoral venezolano.
Rojas es miembro de la directiva del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Caracas y un líder social activo que se ha dedicado a denunciar las fallas de los servicios públicos en un sector de la capital venezolana.
La primera vez estuvo dos meses en una cárcel militar a las afueras de Caracas, en Ramo Verde, por criticar al gobierno en 2017. Y la segunda cuando participaba en una protesta de pensionistas en el año 2020 cuando estuvo en la cárcel por 10 horas.
Un reciente informe de la ONG Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela (Ipys Venezuela) reveló que entre 181 trabajadores de la prensa huyeron del país desde 2016 al alegar diferentes amenazas para el ejercicio de su profesión.
El documento que lleva por nombre “Periodista en el exilio, aproximación a la diáspora de la prensa venezolana” revela que 82 personas identificaron como amenazas fundadas el riesgo de detenciones arbitrarias, 77 censura del Estado, 54 hostigamiento judicial contra periodistas y medios, 31 riesgos de desaparición forzada y 27 riesgos de tortura. Todos estos ataques son atribuibles a agentes estatales y corresponden a la situación de hostilidad generalizada y sistemática contra la prensa independiente en Venezuela”.