La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela afirmó este martes que ve motivos razonables para creer que el Gobierno de Nicolás Maduro cometió “crímenes de lesa humanidad” antes, durante y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, marcadas por la persecución de opositores y la represión de las protestas tras los comicios.
En un informe de 158 páginas que abarca el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024 la misión acusa a Fuerzas de Seguridad y grupos civiles armados progubernamentales de asesinatos, desapariciones forzadas, actos de tortura y violencia sexual y de género.
Violaciones masivas de los derechos humanos
Las Fuerzas de Seguridad estuvieron “involucradas masivamente” en violaciones de derechos humanos tales como detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza para reprimir protestas, o tratos crueles y degradantes, indica el documento, señalando como responsables a los servicios de inteligencia civil (SEBIN) y militar (DGCIM), así como a la Guardia Nacional Bolivariana y a la Policía Nacional.
Tres jóvenes avanzan con las manos arriba para evitar ataque de integrantes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en Caracas
También asegura que “las declaraciones de las máximas autoridades del Estado, sobre todo después del 28 de julio, incitaron a la represión y contribuyeron a generar un clima de hostilidad y violencia”.
También el Consejo Nacional Electoral
Otras instituciones señaladas en el informe son el Consejo Nacional Electoral, que “incumplió las medidas básicas de transparencia e integridad”, la Asamblea Nacional, “instrumental en la aprobación de nuevas leyes contrarias a los derechos humanos y restrictivas del espacio cívico y democrático”, o el sistema de justicia, que “siguió operando con falta de independencia”.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sostiene el acta de juramentación del presidente electo entregada por el presidente de Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso
Aunque anteriores informes de la misión constituida en 2019 ya acusaron al Estado venezolano de graves violaciones de derechos humanos, el nuevo documento destaca que el perfil de las víctimas de la represión “se amplió de manera significativa” en el periodo electoral abarcando no sólo a líderes de la oposición y sociales.
“Ciudadanos comunes”
En el contexto electoral los abusos también fueron sufridos por “ciudadanos comunes, simplemente por demostrar su desacuerdo con el Gobierno o con los resultados de las elecciones presidenciales anunciados por las autoridades”, indicó.
Simpatizantes de la oposición venezolana liderada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, asisten a un acto de oración en Caracas
La misión que preside la jurista portuguesa Marta Valiñas destaca en el informe que en los 10 meses anteriores a las elecciones al menos 48 personas fueron detenidas en relación con conspiraciones invocadas por el Gobierno, muchas de ellas en la llamada operación Brazalete Blanco, y en la campaña electoral hubo otras 121 detenciones por colaborar en actividades de la oposición.
La represión aumenta tras el 28-J
Ese tipo de campañas “sirvieron de justificación para la represión selectiva de militares, políticos y activistas de la sociedad civil”, señaló el informe del grupo de expertos, que junto a Valiñas está formado por el chileno Francisco Cox y la argentina Patricia Tappatá.
La represión aumentó tras los resultados electorales, cuando las autoridades, según el informe, “pusieron en marcha una campaña de detenciones masivas e indiscriminadas sin precedente“, con un número de detenciones, que pudieron contarse por miles, “sólo comparable con las protestas de 2014, 2017 y 2019”.