Marine Le Pen abandonó este lunes el Palacio de Justicia de París visiblemente molesta, antes siquiera de escuchar el detalle completo de su condena. Fue sentenciada a cuatro años de prisión -dos de ellos con brazalete electrónico-, una multa de 100.00 euros y, lo más relevante políticamente, cinco años de inhabilitación inmediata, lo que podría dejarla fuera de las presidenciales de 2027. El caso gira en torno al desvío de 4,1 millones de euros del Parlamento Europeo mediante un sistema fraudulento de asistentes parlamentarios.
En el centro de esta sacudida política se encuentra un nombre que hasta hace poco pasaba desapercibido para el gran público: Bénédicte de Perthuis, la presidenta del tribunal que leyó la sentencia y que ha sido clave en uno de los fallos judiciales más delicados de los últimos años en Francia.
La líder de extrema derecha, Marine Le Pen, abandona la corte de París sin escuchar el veredicto
Una jueza sin miedo a lo impopular
Bénédicte de Perthuis no es una jueza mediática, pero sí una figura reconocida por su rigurosidad técnica, su independencia y su firme defensa de la integridad pública. Nacida en 1962, ha trabajado en casos de corrupción, delitos financieros y desvío de fondos públicos, y es vista como una magistrada que no se deja intimidar ni por el ruido político ni por la presión mediática.
“El tribunal no tiene intención de mantener el suspense, pero hará como de costumbre”, dijo Bénédicte de Perthuis antes de comenzar la lectura del fallo. Toda una declaración de principios, en su tribunal, todos -políticos o ciudadanos anónimos- son tratados con el mismo rigor: sin privilegios, sin inmediateces.
En su argumentación del fallo, De Perthuis subrayó “la gravedad de los hechos” y justificó la inhabilitación inmediata de Le Pen con un argumento potente: “El tribunal ha tenido en cuenta el riesgo de reincidencia y de desorden público que puede acarrear el hecho de que concurra a unas elecciones presidenciales una persona condenada”. La frase, que ya ha generado un vendaval de reacciones, resume la dimensión institucional que la jueza otorga al caso: la necesidad de proteger la neutralidad democrática frente a quienes la instrumentalizan desde dentro.
Una vocación tardía, una convicción firme
Como ya destacó Artículo 14 en noviembre, De Perthuis lleva años construyendo una carrera discreta pero influyente. Nacida en 1962, estudió Derecho en la Universidad de París II Panthéon-Assas, una cantera clásica de las élites jurídicas francesas.
En principio, no estaba destinada a la magistratura. Durante una década llevó una vida profesional estable como experta contable en la multinacional Ernst & Young. Pero, como ella misma relató en una de sus raras entrevistas —un episodio del pódcast Déclic, en 2020—, esa carrera comenzó a resultarle vacía: “Mientras más avanzamos en este tipo de empresa, más nos alejamos del contacto con la realidad, del terreno, y eso que a mí me gusta”.
Fue una noche tras escuchar un reportaje sobre la jueza Eva Joly, famosa por su lucha contra la corrupción en Francia en los años noventa que comprendió que quería estar “en el terreno”, escuchar, decidir, juzgar. A los 37 años, y con cinco hijos pequeños, se presentó a una oposición durísima: 3.600 candidatos para apenas 11 plazas.
Desde entonces, su ascenso en la carrera judicial fue firme. Pasó por Le Havre como jueza de asuntos familiares, luego presidió salas especializadas en delitos financieros y terminó en la sección 11 del Tribunal Correccional de París. “Juzgar es que te gusta escuchar, intentar comprender y decidir”, indicó De Perthius.
En tiempos de polarización, De Perthuis no busca titulares, busca justicia.