La Fiscalía Europea (EPPO) se ha involucrado en la investigación de un posible fraude relacionado con la adquisición de material sanitario durante la pandemia de Covid-19, que afecta al “caso Koldo“.
El 4 de marzo de 2024, la EPPO en Madrid ya inició la investigación sobre contratos adjudicados por las autoridades sanitarias de las Islas Baleares y Canarias a una empresa específica para la compra de equipos médicos, incluyendo mascarillas.
La situación se complicó cuando se supo que el Juzgado Central de Instrucción nº 2 de España ya estaba investigando a la misma empresa por otros contratos otorgados por diferentes administraciones públicas. Dado que uno de esos contratos fue cofinanciado con fondos de la Unión Europea, la Fiscalía Europea solicitó información adicional para evaluar si debía asumir la competencia de este caso.
Tras recibir y examinar detenidamente la información proporcionada, la EPPO ha decidido tomar el control de la investigación judicial para analizar todos los contratos adjudicados por diversas autoridades públicas a la misma empresa en un corto período de tiempo. Además, la Comisión Europea tiene puestos los ojos sobre el “caso Koldo” y las investigaciones que se están llevando a cabo sobre Koldo García, el exasesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, por movimientos fraudulentos en la compra de mascarillas durante lo más duro de la pandemia de coronavirus.
Según un comunicado de la propia EPPO, “la Fiscalía Europea ha adoptado la decisión de asumir la competencia en este procedimiento y así investigar conjuntamente la totalidad de los contratos adjudicados por las distintas Administraciones Públicas a la misma empresa en un breve periodo de tiempo”.
Sobre la EPPO
La EPPO, como institución independiente de la Unión Europea, tiene la responsabilidad de investigar, procesar y llevar a juicio a los responsables de delitos que perjudiquen los intereses financieros de la UE, así como otros delitos estrechamente relacionados. Establecida en 2020, ha estado fortaleciendo sus capacidades y recursos para enfrentar casos complejos que involucran múltiples jurisdicciones y grandes sumas de dinero.
Recientemente, la EPPO recibió del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid documentos relevantes sobre los contratos de Red.es y de la UTE Innova Next SLU-Escuela de Negocios The Valley, vinculada al empresario Carlos Barrabés, quien habría sido beneficiario de las recomendaciones de Begoña Gómez.
Tras el levantamiento del secreto de sumario de la investigación de los presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias relacionados con Gómez, la EPPO solicitó al juez instructor confirmar si estos contratos incluían fondos europeos. Esta solicitud de confirmación refleja la necesidad de la EPPO de asegurar que todas las vertientes del caso estén siendo exploradas. Los contactos, de hecho, se están dando con el Ministerio de Hacienda precisamente para ver si hay “involucrados” fondos procedentes de la UE.
Y en un decreto fechado el 26 de abril, la Fiscalía Europea recibió detalles sobre los presuntos delitos investigados y si involucraban a la UTE de Barrabés. Así, la Comisión ya ha derivado el caso a la oficina antifraude europea (OLAF), que será quien siga las indagaciones.
Bloquear los fondos
¿Cuál es realmente el papel que puede asumir la Unión Europea en torno al caso Koldo? Por lo pronto, ya se ha conocido que la Fiscalía Anticorrupción envió a la EPPO contratos que se están revisando en el caso Koldo y que fueron firmados con los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias: un total de 15,3 millones de euros que se podrían haber abonado con fondos europeos. Ahí la Comisión Europea y demás instancias encienden las alarmas.
Como reacción, sí se ha conocido que Baleares renuncia a futuros fondos europeos relacionados con este asunto, aunque Bruselas remite las ayudas al Estado miembro, en este caso España, y es el Gobierno central quien después ‘reparte’ los fondos entre las comunidades autónomas. Todo viene, en concreto, de que la anterior Administración, del PSOE, no comunicó a la actual, del PP, que se estaba investigando el contrato con una empresa involucrada en el caso Koldo.
La OLAF se encarga de investigar el fraude que afecta al presupuesto de la UE, así como la corrupción y otras faltas graves dentro de las instituciones europeas. También es responsable de elaborar políticas de lucha contra el fraude para la Comisión Europea. Según el artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, combatir el fraude y cualquier actividad ilegal que afecte los intereses financieros de la UE es una tarea compartida entre la Unión y sus Estados miembros. Esto implica que la investigación sobre el caso Koldo, que podría involucrar fondos europeos, avanza bajo esta colaboración conjunta. Las investigaciones de la OLAF pueden extenderse durante meses y requieren cooperación constante con las autoridades españolas. Las conclusiones obtenidas serán remitidas a la Comisión Europea, quien tomará las decisiones finales al respecto.
Congelación de ayudas
En el contexto del ‘caso Koldo’, si se demuestra que hubo corrupción afectando directamente a los fondos europeos, España podría enfrentar consecuencias fuertes. España es uno de los principales beneficiarios de las ayudas de recuperación post-Covid de la UE, con un total de 163.000 millones de euros asignados, de los cuales ya ha recibido 37,000 millones. Si se confirma el uso fraudulento de estos fondos, las ayudas podrían ser congeladas, afectando gravemente la economía española, que depende de estos recursos para su recuperación. Este escenario ya ha ocurrido en otros países como Hungría y Polonia, donde las ayudas fueron bloqueadas por diferentes motivos. Por ello, parece que la investigación de la OLAF y las decisiones de la Comisión Europea serán cruciales para determinar el futuro de estos fondos en España y sentar precedentes en la lucha contra el fraude a nivel europeo.