Suecia en el año 2018, Grecia en 2019, Dinamarca en 2020, España en 2022, Países Bajos en 2024. Estos fueron los últimos países europeos -ahora ya son 19, según Amnistía Internacional- donde la definición penal de lo que cuenta como violación dio un giro significativo al integrar la noción de consentimiento. Así, todo acto sexual no consentido por la víctima figura como una violación. Pero aún no en Francia, bandera histórica de otros derechos pro-mujeres como la despenalización del aborto. El proceso contra Dominique Pelicot y otros 50 acusados de violar a Gisèle Pelicot, víctima de sumisión química por su marido, volvió a encender el debate. Y un grupo de legisladoras están decididas a tomar la delantera.
“Hay que invertir las cosas”, declaró a Artículo14 la diputada de La France Insumise (LFI) Sarah Legrain, autora de una propuesta de ley para incluir el consentimiento en el Código Penal francés. Según la parlamentaria, a día de hoy los acusados pueden alegar que no sabían que la víctima no consintió. Si se aprobara la nueva ley, habría que interrogarlos “sobre todo lo que hicieron para garantizar que hubo el consentimiento”. Su texto fue presentado en febrero, siete meses antes de que los focos llegasen al tribunal de Aviñón para comenzar el juicio del caso Pelicot. Tras las elecciones legislativas anticipadas, la propuesta volvió a ser presentada.
Gisele Pelicot y el caso Mazan
La actual legislación se basa en el comportamiento del agresor, un principio legal que data desde hace más de treinta años. Segundo el artículo 222-23, la violación depende de que el acto sexual del agresor haya sido llevado a cabo con violencia, coacción, amenaza o sorpresa. “Como si, en ausencia de estos criterios, el cuerpo [de la mujer] estuviera a su disposición”, lamenta Sarah Legrain, citando el dicho ‘El que calla, otorga’.
Es exactamente lo que intentan probar decenas de acusados de violar Gisèle Pelicot mientras ella estaba sedada con ansiolíticos, suministrados por su marido Dominique. A punto de que, ya la primera semana del juicio, un abogado de la defensa declaró: “Hay violaciones y violaciones y, sin intención de cometer violación, no hay violación”. De los 51 acusados, 35 niegan haber tenido la intención de violar a Gisèle.
Algunos de los acusados de violar a Gisele Pelicot, en el banquillo en los tribunales de Aviñon, Francia
Sumisión química
La senadora ecologista Mélanie Vogel, por su parte, encabezó en noviembre de 2023 una propuesta similar de cambio en la ley. El texto aporta matices importantes para calificar de manera más precisa lo que se considera como consentimiento -lo que permitiría encuadrar la sumisión química en la legislación. Así, habría consentimiento cuando se abusa en “un estado que disminuye la capacidad de juicio de otra persona”. El consentimiento, además, podría retirarse en cualquier momento.
Este elemento también lo defiende Legrain. La diputada pone el ejemplo de la violación conyugal para decir que “el hecho de que se hayan consentido actos no significa necesariamente que se vayan a consentir actos posteriores”. Hay también casos como el cambio de contexto: “Un ‘sí’ al principio de la velada no significa que al final de la misma se consienta el sexo bajo los efectos del alcohol o de drogas”, puntúa.
Las feministas que se oponen
Algunos juristas y filósofos, sin embargo, se oponen a la inscripción del consentimiento en la ley. Esta es la posición de la feminista norteamericana Catharine MacKinnon, por ejemplo. El temor, según esos especialistas, es que en los tribunales se invierta la carga de la prueba. La filósofa Manon Garcia, en un artículo en la prensa, cuestiona los efectos prácticos de dicha medida, ya que la ley pasaría a considerar “que es el comportamiento de la víctima el que constituye violación y no el del violador. Estamos exponiendo a la víctima al escrutinio: ¿cómo podría afirmar que no consintió con una falda tan corta?”
Gisele Pelicot, en una de sus llegadas al tribunal de Aviñón
Archivan al menos siete de cada diez denuncias por violación
La desactualización del código penal, entre otros factores, hace que en Francia 74% de las denuncias de violencia sexual se archiven. Pero la joven diputada, formada por la icónica École Normale Supérieure y actual vicepresidenta de la Delegación de Derechos de la Mujer de la Asamblea, sabe que el camino es largo y no pasa solo por la Constitución. “Necesitamos un cambio de mentalidad y, sobre todo, de presupuesto, para formar al personal policial y judicial” y poder escuchar y proteger mejor a las víctimas, además de invertir en la prevención.
Las asociaciones de mujeres se quejan justamente que, después de que Macron declarara en 2017 que la violencia machista sería “la principal causa del quinquenio”, el presupuesto no estuviese a la altura. Organizaciones de la sociedad civil estiman que se necesitarían alrededor de 2.600 millones de euros para combatir la violencia sexual contra las mujeres, incluida la creación de alojamiento para la protección a las víctimas.
Francia vetó la definición común en la UE
En lo que toca a la ley, la posición de Francia es ambigua. Por un lado, ratificó el Convenio de Estambul en 2011, que establece un marco jurídico global contra la violencia machista. Pero falló en su compromiso de, como signatario, adoptar “las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para tipificar como delito” todos los actos de naturaleza sexual “no consentidos”. Además, se opuso recientemente a una definición común de violación en la UE que incluyera el no consentimiento.
La influencer y activista feminista francesa Anna Toumazoff (centro) habla durante una manifestación feminista en apoyo de Gisele Pelicot
Macron dio un paso importante cuando, el 8 de marzo, afirmó ser favorable a la inclusión legal del consentimiento. Lo mismo afirmó meses más tarde Didier Migaud, el nuevo ministro de Justicia del Gobierno de Michel Barnier. La diputada Legrain, de su parte, no baja la guardia: “Hasta ahora, nunca se ha debatido una ley para incorporar esta cuestión al Código Penal”. Ella y sus colegas están empeñados en avanzar hacia el debate de la ley en esta legislatura.