Las acusaciones contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, y también contra la pareja de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, parecen trasladar o amplificar la responsabilidad política de quienes participan en la vida pública al comportamiento de sus parejas.
Al margen del fondo de estos dos casos, llama la atención que los debates y enfrentamientos hayan traspasado la esfera pública para adentrarse en la esfera privada de los hombres y mujeres políticas. Cónyuges, padres, hermanos e incluso hijo(a)s de diputado(a)s, ministro(a)s y hasta concejales locales son objeto de escrutinio con el fin de poner en entredicho su probidad y credibilidad política.
A nuestros representantes políticos ya no les basta con desnudar con su “intimidad patrimonial” colgando en una página web de la administración pública sus sueldos, deudas, propiedades, etc, respondiendo así de la veracidad de sus declaraciones. Ahora, tienen que ser garantes de las acciones de sus allegados, que se han convertido en potenciales víctimas colaterales de la imputación mediático-judicial de un(a) polític(a) se ve implicado(a) en el ejercicio de sus funciones.
Estatuto jurídico incierto
Estas víctimas son a menudo las “primeras damas”, las esposas de un jefe de Estado o de Gobierno, cuyo estatuto jurídico es generalmente incierto, aunque algunos países como Estados Unidos y Francia hayan establecido un marco legal preciso.
El papel actual de la esposa del presidente español o estadounidense sólo se apoya en el concepto moderno de pareja presidencial, de reciente creación. En las sociedades patriarcales medievales, el objetivo principal del matrimonio era renovar y fortalecer el clan, la familia. Las mujeres eran herramientas, no actores políticos. No se casaban por razones sentimentales; su función era asegurar la descendencia y el linaje político. No había complicidad intelectual, ni siquiera política, entre el gobernante y su esposa.
En el siglo XXI, aunque las mujeres occidentales han alcanzado (casi) el poder y la evolución de su participación en la vida política es evidente, las apariencias de la modernidad son engañosas. De hecho, las mujeres están sujetas a normas de probidad -y de su pareja- más estrictas que sus homólogos masculinos. Sin duda con el dudoso argumento de que las mujeres son intrínsecamente más honestas que los hombres.
La corrupción no tiene género
En realidad, la corrupción, en el sentido más amplio, no tiene género. Si hay más hombres que mujeres implicados en asuntos de corrupción u otros tipos de delitos, es sencillamente porque son más numerosos, y también porque tienen más acceso a sectores sensibles donde se monetizan y salpican transacciones, mercados de influencias.
¿De quién es la culpa de esta desigual exigencia de probidad? Del contexto de los usos de la sociedad occidental, sin duda, pero también de los medios de comunicación que han contribuido en gran medida a dar visibilidad a una “imagen icónica de la mujer de…” que, de hecho, no es más que apariencia. Los hombres en el poder se benefician de la exposición de sus esposas o parejas, que, negándose a hacer de figurantes, interfieren en menor medida en los asuntos públicos. De este modo, éstas ganan su propia notoriedad y una cierta legitimidad, hasta el momento en que sus parejas entran en un conflicto político en el que todos los golpes –en términos de acusación– están permitidos.
El exesquiador profesional alemán Christian Neureuther, Carrie Johnson, esposa del entonces primer ministro británico Boris Johnson, la ex biatleta profesional y esquiadora de fondo Miriam Neureuther, la primera dama francesa Brigitte Macron, Britta Ernst, esposa del canciller alemán Olaf Scholz, y Amelie Derbaudrenghien, pareja del presidente del Consejo Europeo Charles Michel
Así pues, en Noruega, salió a la luz un escándalo que afectó a la ex primera ministra y a otra ministra por culpa de sus maridos. Sin que ellas lo supieran, habían sido sufrido los engaños y secretos financieros de sus cónyuges. En un país donde el nivel de confianza en la política y en quienes la hacen sigue siendo muy alto, este asunto fue especialmente escandaloso. Y las peticiones de dimisión de las dos mujeres políticas tuvieron un amplio eco, ya que los políticos noruegos y sus cónyuges están obligados a familiarizarse con un “manual de gestión política”. Este manual de 47 páginas trata temas como las finanzas privadas y los conflictos de intereses.
En las sociedades abiertamente democráticas, los medios de comunicación, seguidos de la opinión pública en general, se interesan especialmente por el papel de las mujeres de los actores políticos. Si no es oficial, ¿ese rol se debe simplemente a su estado civil o a su situación afectiva? Estas esposas y parejas se encuentran cada vez más en competencia con las mujeres políticas, cuyo número aumenta y que, por su parte, gozan de legitimidad democrática.
Una vez más, se impone la reflexión sobre el lugar que realmente se ha concedido a las esposas de los sucesivos presidentes del Gobierno español, desde la instauración de la democracia. Al fin y al cabo, son ellos, “presidentes esposos” los que han sido elegidos. Al carecer de estatus oficial, su papel es más restrictivo que gratificante y exige un compromiso mayor que el que se espera de una simple “esposa de”. Tienen que demostrar la rectitud de su comportamiento, constantemente escrutado por los medios de comunicación y los adversarios políticos de sus parejas.
Sin embargo, los tiempos están cambiando, ya que la presencia de mujeres en los hemiciclos parlamentarios y gobiernos parece estar estableciendo la igualdad de género en la exigencia de probidad pública y privada. La cobertura mediática de los asuntos de pareja de Ayuso y la esposa de Sánchez es equilibrada, incluso en la prensa sensacionalista. Quizás, es el único aspecto positivo de la cuestión. Ser “hombre de” se ha vuelto tan difícil como ser “mujer de” de un(a) representante polític(a).