Donald Trump cava una zanja aún más profunda para enterrar el derecho internacional humanitario. El presidente de Estados Unidos firmó ayer una orden ejecutiva para imponer sanciones contra los trabajadores de la Corte Penal Internacional (CPI), el tribunal con sede en La Haya encargado de investigar los crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio y agresión, según recoge el Estatuto de Roma, documento constituyente del organismo cuya jurisdicción reconocen en la actualidad un total de 125 países, entre los que sin embargo no figuran Estados Unidos, China o Rusia.
La orden ejecutiva de Trump contempla restricciones financieras y limitaciones a la hora de obtener visados para viajar a Estados Unidos para aquellos miembros del organismo que colaboren o hayan colaborado en investigaciones contra Washington y sus aliados. El decreto presidencial, que menciona específicamente el caso de Israel, afecta a los “familiares directos” de los trabajadores.
"The International Criminal Court is the legacy of the Nuremberg Trials, to never allow war crimes and crimes against humanity go unpunished. The ICC role is more crucial than ever."
– Margaret Satterthwaite, @SRjudgeslawyers@IntlCrimCourt pic.twitter.com/IXq1Ipg41E
— United Nations Geneva (@UNGeneva) February 7, 2025
El protector de Netanyahu
Trump estampó su rúbrica sobre el documento solo dos días después de recibir en la Casa Blanca a Benjamin Netanyahu. Sobre el primer ministro israelí y su antiguo titular de Defensa, Yoav Gallant, pesan desde el pasado mes de noviembre sendas órdenes de arresto por parte del tribunal de La Haya por la presunta comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad en Gaza. Cerca de 50.000 palestinos han muerto como consecuencia de los ataques israelíes en la Franja, derivados del atentado de Hamás del 7 de octubre.
“Las recientes acciones de la CPI contra Israel y los Estados Unidos establecen un precedente peligroso, poniendo en grave peligro a los actuales y antiguos miembros del personal de los Estados Unidos, incluidos los miembros activos de las Fuerzas Armadas, al exponerlos a acoso, abuso y posible arresto”, recoge la orden ejecutiva firmada por Trump. “Este comportamiento maligno pone en peligro la soberanía de los Estados Unidos y socava el trabajo crítico de seguridad nacional y política exterior del Gobierno de los Estados Unidos y nuestros aliados, incluido Israel”, añade el documento.
Quiénes serán sancionados
La Casa Blanca dio ayer al Departamento del Tesoro un plazo de 60 días para entregar una lista con las personas que pueden verse afectadas por esta medida.
Netanyahu junto a Gallant
El tribunal de La Haya condenó este viernes la acción. “La Corte apoya firmemente a su personal y se compromete a seguir proporcionando justicia y esperanza a millones de víctimas inocentes de atrocidades en todo el mundo, en todas las situaciones que se le presenten”, reza el comunicado del organismo, que hace “un llamamiento a nuestros 125 Estados Partes, a la sociedad civil y a todas las naciones del mundo para que permanezcan unidos en favor de la justicia y los derechos humanos fundamentales”.
El antiguo fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, conocido por el Juicio a las Juntas, criticó con dureza la decisión de Trump. “¿La Corte Penal Internacional debería investigar solo a enemigos de Estados Unidos, como [el presidente ruso, Vladimir] Putin, o podría también investigar imparcialmente a gente como Netanyahu? Esa es la cuestión”, se preguntó el magistrado argentino en redes sociales. “El presidente Trump está triste porque la Corte investigó presuntos crímenes cometidos por Benjamin Netanyahu, un amigo de Estados Unidos”.
La UE da un paso al frente
La crítica más feroz a la orden ejecutiva de la Casa Blanca la ha formulado, sin embargo, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, que consideró las sanciones contra la CPI como una “amenaza” para la independencia del tribunal que “socava el sistema de justicia penal internacional en su conjunto”.
El ex primer ministro portugués recibió ayer en Bruselas a la jueza japonesa Tomoko Akane, presidenta de la CPI desde marzo del pasado año, para trasladarle el apoyo de la Unión Europea a su labor, que considera “esencial” para con “las víctimas de algunos de los crímenes más horribles del mundo”.
António Costa recibe en Bruselas a la jueza japonesa Tomoko Akane, presidenta de la CPI
En diciembre, la propia Akane ya advirtió de que las sanciones contra la corte “socavarían rápidamente el funcionamiento del tribunal en todas las situaciones y casos, y pondrían en peligro su propia existencia”.
Trump sigue los pasos de Putin
La Rusia de Vladimir Putin también ha tomado represalias contra la CPI, que emitió en marzo de 2023 una orden de arresto contra el presidente ruso y la comisionada para los Derechos del Niño en Rusia, María Lvova-Belova, por la deportación ilegal de menores ucranianos. El Kremlin colocó al fiscal jefe, Karim Khan, y a dos jueces del tribunal en su lista de personas buscadas.
“Netanyahu y Putin estarán eternamente agradecidos a Trump”, indica Sergey Vasiliev, profesor de Derecho Internacional en la Open Universiteit de Países Bajos. “Sospechosos de crímenes de guerra y criminales convictos se sientan en altos cargos, protegiéndose unos a otros de la justicia y planeando nuevos crímenes. Las instituciones judiciales y los abogados que trabajan por la justicia son sancionados y perseguidos. Las víctimas de los crímenes son abandonadas a su suerte”, lamenta a través de la red social X.
Lavrov con Vladimir Putin en Kazajstán
Según explica Vasiliev, imponer sanciones a la CPI es un delito contra la administración de justicia, de acuerdo con uno de los artículos del Estatuto de Roma. “El delincuente convicto que firmó esta orden ejecutiva también puede ser procesado por ello”, sostiene el profesor.
El artículo 70 del Estatuto de Roma considera delitos contra la administración de justicia los hechos de “poner trabas, intimidar o corromper a un funcionario de la Corte para obligarlo o inducirlo a que no cumpla sus funciones o a que lo haga de manera indebida”, además “tomar de represalias contra un funcionario de la Corte en razón de funciones que haya desempeñado él u otro funcionario”. Descripciones que encajan con la acción de Trump.