Cierre electoral de una épica campaña electoral en Venezuela. Aunque en el plano de la represión chavista, a menos de 24 horas de que se acabara el periodo de campaña, las detenciones arbitrarias han continuado, esta vez, en el estado Zulia. En el enclave opositor más importante del país por la cantidad de votantes que tiene esa región, gobernada por un integrante de la Plataforma Unitaria Democrática, se repitieron detenciones políticas.
Los arrestos ocurrieron en el marco de la visita de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, la dupla que espera derrotar al chavismo tras 25 años en el poder.
Más de 100 personas detenidas durante la campaña
El Foro Penal Venezolano, una ONG que defiende a personas privadas de libertad por razones políticas en Venezuela, informó que en el Zulia hubo 23 personas detenidas tras la movilización opositora en esa región. Cuatro de ellas aún continuaban presas este miércoles 24 de julio.
La cifra de arrestos por razones políticas durante la campaña a las presidenciales en Venezuela asciende ahora a 101 personas, de las cuales siguen detenidas 16.
En la lista de detenidos que llevan varias organizaciones defensoras de derechos humanos se incluye a un empresario que recibió a María Corina Machado en el estado Táchira, al occidente del país, y a Ricardo Albacete, a quien la Fiscalía acusó de hurto y robo de material del Estado y de sabotaje al sistema eléctrico en esa región.
Maduro pide la “pena máxima”
El actual mandatario chavista Nicolás Maduro pidió semanas atrás que el Ministerio Público aplicara “la pena máxima” (30 años de cárcel) contra aquellos que señaló de intentar atacar la infraestructura eléctrica del país, en un supuesto intento de sabotaje contra los comicios.
Activistas políticas y miembros de los comandos de campaña de Machado y González Urrutia también fueron privados de libertad. El de más alto perfil fue el arresto e imputación por violencia de género contra el jefe de seguridad de la líder opositora, Milciades Ávila. Después de 36 horas lo excarcelaron, pero el proceso en su contra sigue abierto. La razón: defender a los dos políticos de varias funcionarias públicas afectas al gobierno que intentaron agredirlos en un restaurante el sábado 13 de julio.
Represión localizada
También fue privado de libertad el jefe del comando de campaña en el estado Monagas, Ángel Aristimuño, un joven político integrante del partido Un Nuevo Tiempo y a quien pretenden imponerle cargos de “homicidio frustrado”, por una denuncia de hace casi una década que reactivaron justo seis días antes de que Machado llegara a esa región.
Un trabajador petrolero de esa entidad, que se alejó del Partido Comunista de Venezuela (PCV) para darle su respaldo a la política opositora, fue sacado a la fuerza de su vivienda el jueves 18 de julio. Del total de detenciones, por lo menos hay cinco mujeres y dos de ellas siguen en la cárcel.
Entre los arrestados menos conocidos se incluyen personas que voluntariamente hacen proselitismo en comunidades a favor de Machado, alquilan sonidos para que ella pueda hablar en los actos o conducen los vehículos en los que ella y González Urrutia se desplazan en sus movilizaciones.
Mismo patrón exacerbado por la posible pérdida del poder
La coordinadora general de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, Martha Tineo, dijo a Artículo14 que se aplican los mismos patrones del chavismo contra la disidencia política que mantienen en la cárcel a más de 200 personas desde el segundo sexenio de Maduro. Pero que, ahora, exacerbados por la posibilidad cierta de que pierdan el poder, arremeten a un nivel más elevado.
Por un lado, pretenden desarticular los equipos políticos de sus adversarios, y por el otro “desde la política del miedo -tan aplicada y beneficiosa para ellos en la última década- mitigar la esperanza ciudadana”, explicó la abogada y defensora de derechos humanos.
Libertad, sinónimo de victoria opositora
Para quienes aún permanecen en la cárcel después de tres semanas de una intensa campaña electoral, las esperanzas de salir dependen de que gane González Urrutia y que asuma como presidente en enero de 2025. Una de sus promesas es la de liberar a presos y presas políticas de las cárceles venezolanas.
Mientras, deben aguardar ante un sistema de justicia que les niega sus derechos, no le permite designar abogados para su legítima defensa y que en los casos documentados en 21 días han cometido desaparición forzada de muchos de ese centenar de detenidos.