La delicada apuesta del Gobierno británico de reducir el gasto social y aumentar la partida de defensa convierte a Reino Unido en un laboratorio de pruebas, con dos mujeres al frente del experimento. Frente a una Europa dividida sobre cómo financiar la subida de la inversión militar, la ministra de Finanzas ha dejado claras las prioridades del Ejecutivo británico en la actual coyuntura geopolítica de realineamiento de fuerzas y apuntalamiento de la seguridad. Junto a su compañera de gabinete Liz Kendall, titular de Trabajo, Rachel Reeves ha tirado de tijera para acometer una profunda reforma del sistema de Bienestar, con el objetivo de ahorrar cerca de 5.000 millones de libras (unos 6.000 millones de euros) y cumplir con la autoimpuesta rigidez presupuestaria de la administración laborista.
Desde que asumió el cargo en julio, rompiendo una hegemonía masculina de más de ocho siglos, Reeves ha tenido, probablemente, la cartera más complicada de Gobierno, debido a la compleja herencia de 14 años de gestión conservadora y la no menos apremiante necesidad de despejar dudas sobre la competencia del Laborismo en materia económica. Esta semana presentaba en el Parlamento un paquete presupuestario que, bajo el grandilocuente título de ‘Declaración de Primavera’ (Spring Statement, en inglés), amenaza con una incómoda ola de impopularidad para el Ejecutivo.
Según estimaciones del propio Ministerio de Trabajo sobre el impacto de las medidas anunciadas, unas 250.000 personas, entre las que se incluyen 50.000 niños, pasarán a vivir en “pobreza relativa” a la altura de 2030 como resultado de los planes. Reeves se defiende, alegando que la evaluación no tiene en cuenta los beneficios previstos por las iniciativas diseñadas para incentivar el regreso al trabajo, pero el nerviosismo en la bancada laborista evidencia que la retórica gubernamental precisa mejorar, si pretende convencer a decenas de diputados de que los ajustes son necesarios.
El alcance de los recortes ha granjeado ya para la ministra de Finanzas el infausto apodo de Rachel Thieves (“ladrones” en inglés), mientras que, para su compañera Liz Kendall, la recepción de los planes tampoco ha sido prometedora. El mejor escudo para ambas es la aplastante mayoría absoluta del Laborismo en el Parlamento, que permite prácticamente descartar una rebelión suficiente como para hacer descarrilar las propuestas, una garantía que contrasta con la posición del presidente español, Pedro Sánchez, quien, el mismo día en que Reeves presentaba la Declaración de Primavera, desechaba en el Congreso la vía británica de más inversión militar, y menos bienestar.
Para la ministra de Finanzas, sin embargo, aumentar el gasto en Defensa no solo es necesario en el actual contexto global, sino un motivo para inspirar confianza: en la jornada en la que concretaba los recortes en gasto social, Reeves quiso expresamente acercarse hasta las llamadas Barracas Wellington, a apenas diez minutos del Parlamento, para asegurarse la estética militar para las fotografías con las que esperaba ilustrar la promesa de 2.200 millones (unos 2.600 millones de euros) adicionales para defensa.
La preponderancia del discurso de seguridad se corresponde con el nuevo escenario al que se encamina un continente que, desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, ha comprendido que las convenciones dominantes desde la II Guerra Mundial han perdido vigencia. El primer ministro británico, Keir Starmer, lo había dejado claro ya cuando, a final de febrero, anunció el mayor aumento del gasto militar en tiempos de paz, una inversión de un 2,5 por ciento del PIB a la altura de 2027 que se sostendrá, casi íntegramente, por el recorte de la partida de cooperación y ayuda exterior.
Starmer, de hecho, ha asumido un notable protagonismo como mediador en la crisis de Ucrania, actuando como coordinador de la llamada ‘coalición de voluntarios’ con la que aspira a proteger al país tras un potencial acuerdo de paz y, a una escala más global, como acicate para la mejora de la seguridad en Europa. No en vano, Reino Unido es el segundo, tras Estados Unidos, que más invierte en la materia en el G-7, el grupo de potencias en el que están también Alemania, Francia e Italia.
Pero como Reeves y Kendall han evidenciado esta semana, en un contexto de crecimiento asfixiado y aumento del coste de la deuda, la ecuación para conciliar la salubridad de las finanzas públicas y reforzar la seguridad de Reino Unido exige decisiones difíciles. Según el Ministerio de Trabajo, los recortes anunciados llevarán a 3,2 millones de familias a perder, de media, 1.720 libras (unos 2.000 euros) anuales. Como contrapartida, otros 3,8 millones de familias ganarán unas 420 libras (uno 500 euros) al año y, adicionalmente, unos 370.000 beneficiarios dejarán de recibir la prestación de apoyo de independencia personal, lo que les supondrá perder unas 4.500 libras (unos 5.400 euros) anuales.
Por si fuera poco, la propia ministra de Finanzas se ha complicado la tarea con la extraordinaria rigidez fiscal que se ha auto-impuesto para el final de la década, que solo permite endeudamiento si es para invertir, pero nunca para sostener el gasto corriente. A su favor, con todo, tiene la baza de que la ciudadanía parece coincidir en la necesidad de reformar el sistema de Bienestar: según una encuesta reciente de YouGov, el gigante demoscópico británico, un 51 por ciento considera el gasto social como el área en la que es más probable que haya capacidad para recortes, si bien apenas dos de cada diez ven viable acometer tijeretazos sin provocar efectos adversos.