La Administración de Donald Trump es una caja de sorpresas. Este lunes, se reveló que el Gobierno estadounidense pidió a un juez federal que descartara una demanda judicial que pretendía restringir el acceso a píldoras para abortar. En el caso, que tiene amplias repercusiones para el derecho al aborto de las mujeres norteamericanas, Trump adoptó una postura similar a la definida por el anterior Ejecutivo de Joe Biden.
Se trata de una petición chocante, dado que el presidente Trump y buena parte de los altos cargos de su Administración se han opuesto abiertamente al derecho de aborto para mujeres embarazadas. De hecho, el presidente presume de haber elegido a tres jueces de la Corte Suprema que votaron a favor de la expulsión de Roe v. Wade, el magistrado que aprobó el derecho al aborto en el país.
Es la primera apelación presentada por el gobierno federal en esta causa, que busca revertir cambios en la regulación de la Administración de Alimentos y Medicamentos realizados durante la última década, que facilitaron un mayor acceso al medicamento mifepristone para abortar.
Fiscales conservadores
Paradójicamente, la petición de la Administración Trump repite casi idénticamente la alegación que hizo el gobierno de Biden, donde se pidió a la corte que desestimará la demanda judicial ya que no contaba con los estándares legales necesarios para ser debatida en la corte. La demanda fue presentada por tres fiscales generales conservadores, de los estados de Missouri, Idaho y Kansas, ante el juez del distrito norte de Texas, también nombrado por Trump y ferviente antiabortista.
“Los estados no discuten que sus demandas no tengan conexión con el Distrito Norte de Texas”, escribieron los abogados del Departamento de Justicia del gobierno central en el expediente. Y agregaron: “independientemente del fundamento de las demandas de los estados, estos no pueden proceder ante este tribunal. Debería ser desestimada o transferida por falta de jurisdicción”.
Para Mary Ziegler, profesora de derecho en la Universidad de California y especializado en la ley de aborto, la administración Trump estaría intentando ganar tiempo para ver como lidiar con la píldora mifepristone. “La apelación evita mencionar la sustancia del debate”, opinó al New York Times.
Vaivenes de Trump
En los constantes vaivenes ideológicos de Trump, en la cuestión del aborto también ha habido cambios drásticos. Si bien en su primer mandato fue abiertamente antiabortista, tras su victoria en noviembre de 2024 no operó para limitar el derecho al aborto, algo que ha frustrado a los sectores más conservadores de su electorado.
“Trump cree que cualquier decisión precipitada sobre la píldora mifepristone podría ser contraproducente políticamente“, consideró Ziegler. Y prosiguió: “Pero tiene muchos votantes antiabortistas que esperan que haga algo al respecto de esta pastilla”. El juez del distrito del norte de Texas deberá decidir ahora si desestimar o aceptar la petición del gobierno federal en la causa.
Impacto sobre el aborto
En caso de prosperar la demanda judicial, tendría un gran impacto en el derecho al aborto en Estado Unidos, donde actualmente las píldoras son el método para realizar dos terceras partes de los abortos que se aplican en el país. Entre otras cláusulas, los fiscales conservadores que presentaron la moción pretenden revertir el dictamen que permite a pacientes tomarse la píldora sin prescripción médica previa. Reintroducir este requerimiento limitaría muchos abortos, dicen los expertos.
“La eliminación de las protecciones para la dispensación en persona facilitó la economía de medicamentos abortivos por correo en los 50 estados”, escribieron los fiscales generales en su demanda. La demanda también busca revocar la aprobación de la agencia de la pastilla mifepristone genérica (actualmente la forma más utilizada del medicamento); la facultad de las enfermeras y otros profesionales de la salud que no sean médicos para recetar mifepristone; y la potestad de las farmacias minoristas para dispensar el medicamento.
Acorde a los demandantes, esta situación legal permitió a mujeres obtener pastillas anticonceptivas incluso en estados con restricciones o prohibición de abortar. Consideran que esta situación produjo una “perdida de vida fetal y potenciales nacimientos que redujeron la población potencial de cada estado”. Las farmacéuticas que producen Mifepristone, cuyo uso fue aprobado hace 25 años, demandaron añadirse a la causa judicial.