El Gobierno de Javier Milei derogó este martes 43 normas que permitían al Estado intervenir en los mercados, establecer precios en productos de consumo, regular costes de servicios y pedir información a empresas e instituciones educativas, según una resolución publicada en el Boletín Oficial. Las normas derogadas contemplaban controles en alimentos como carne vacuna, lácteos, comercios y supermercados, así como regulaciones en los servicios de comunicación y farmacias.
“El Gobierno nacional derogó normas sin uso en la actualidad que dejaban abierta la posibilidad de ser aplicadas para fijar precios, intervenir en la actividad privada y someter a los ciudadanos a requerimientos sin sentido”, indicó el Ministerio de Economía argentino en un comunicado. “Se derogó, además, una norma que afectaba el flujo del comercio y elevaba el coste de los neumáticos. Se eliminaron también programas en desuso que no están alineados con las políticas de simplificación que impulsa el Gobierno”, agregaron.
Estas medidas se suman a las 107 de este tipo llevadas a cabo por la Secretaría de Industria y Comercio, dependiente del Ministerio de Economía, para reducir “las trabas burocráticas y promover la libre competencia”.
Algunas de las normas ya borradas era el mecanismo de las licencias automáticas y no automáticas para el comercio exterior, conocido como Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), y la Declaración Jurada de Composición de Producto (DJCP), que, según el Gobierno, generaba costes por cinco millones de dólares y un millón de declaraciones juradas anuales.
“Todos estos programas solo metían confusión en el sistema de precios e implicaban gastos que pagábamos todos”, publicó en sus redes sociales el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, junto a un listado de cada norma abrogada.
El ministro había enviado al Congreso en octubre pasado un proyecto llamado Ley Hojarasca que, en caso de aprobarse, eliminaría 70 leyes que el Gobierno considera “obsoletas”, que representan un “obstáculo a las libertades” o afectan el derecho a la propiedad privada.