No es la primera vez que Dolores Delgado, previamente nombrada Fiscal General del Estado poco después de dejar su cargo como Ministra de Justicia en el gobierno de Pedro Sánchez, protagoniza controversias.
El Tribunal Supremo anuló el martes 21 de noviembre de 2023 el nombramiento de la exministra como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, una designación que fue impugnada por la Asociación de Fiscales (AF), la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y el fiscal solicitante de la plaza, Luis Ibáñez.
Esta puerta giratoria no ha pasado desapercibida en el resto de Europa y ha dejado a España con mala reputación frente a sus vecinos. Desde Bruselas, las instituciones han seguido de cerca la situación de Delgado en los últimos años.
La Unión Europea sospecha
El primer indicio de preocupación internacional surgió en marzo de 2022, cuando la Fiscalía Europea criticó la decisión de Delgado de dividir en dos la investigación sobre un contrato de emergencia vinculado al hermano de Isabel Díaz Ayuso. La Fiscalía Europea, liderada por Laura Codruta Kövesi, expresó entonces su preocupación porque la decisión no respetaba la legislación de la Unión Europea y señaló que existía un conflicto de intereses, ya que Delgado, como Fiscal General del Estado, era superior jerárquico de la Fiscalía Anticorrupción.
Además, la Fiscalía Europea lamentó que Delgado decidiera dividir la causa sin escuchar a ambas partes durante la Junta de Fiscales de Sala. Concepción Sabadell, exfiscal Anticorrupción del caso Gürtel y representante española en la Fiscalía Europea, solicitó la investigación del contrato de compraventa de mascarillas a la Comunidad de Madrid por valor de 1,5 millones de euros, del que el hermano de Isabel Díaz Ayuso, Tomás Díaz Ayuso, había cobrado 55.000 euros. Isabel Díaz Ayuso criticó la “guerra entre fiscalías” y expresó una “sensación de indefensión” porque no sabía a qué organismo debía proporcionar información.
En junio de 2022, el Partido Socialista intentó garantizar el futuro de Dolores Delgado como fiscal de Sala del Tribunal Supremo tras su eventual salida como Fiscal General del Estado. Para ello, introdujo una enmienda en la Ley Concursal que, de aprobarse, habría permitido a Delgado acceder automáticamente a ese rango. Sin embargo, la enmienda fue finalmente retirada debido al rechazo de los grupos parlamentarios y las advertencias de Bruselas.
La Comisión Europea, a través de la comisaria Vera Jourová, ya había manifestado sus preocupaciones sobre el intento de blindar a Delgado en su informe anual sobre el Estado de Derecho. La iniciativa socialista no tenía prácticamente apoyo, ni siquiera por parte de Unidas Podemos, el socio de coalición del PSOE. La Asociación de Fiscales celebró la retirada de la enmienda, argumentando que reforzaba la politización de la Fiscalía en lugar de seguir las recomendaciones del GRECO y de la Comisión Europea. En su lugar, abogaron por el retorno de Delgado a su plaza en la Audiencia Nacional.
A raíz de la amnistía
El 15 de noviembre de 2023, el Parlamento Europeo comenzó a analizar el informe de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho en España. La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) expresó su preocupación por las puertas giratorias y la falta de independencia judicial. En concreto, se centraron en el caso de Dolores Delgado, nombrada Fiscal General del Estado inmediatamente después de dejar el cargo de ministra de Justicia.
Adrián Vázquez, eurodiputado de Ciudadanos, enfatizó que este tipo de prácticas erosionan la independencia de las instituciones judiciales e instó a implementar normas para evitar que exministros accedan a cargos judiciales inmediatamente después de abandonar la política. Además, el borrador del informe de LIBE subrayó que algunos sistemas judiciales, como el español, son vulnerables a la injerencia política y al nepotismo. La Comisión de Asuntos Jurídicos, presidida por el propio Vázquez, también exigió que el próximo informe del Ejecutivo comunitario refleje esta preocupación y se incluya una evaluación de las reformas legales en los Estados miembros respecto a la protección de fondos públicos.
El 23 de noviembre de 2023, apenas dos días después de que el Tribunal Supremo anulara el nombramiento de Delgado, el Gobierno ratificó a Álvaro García Ortiz como Fiscal General del Estado. La decisión generó controversia porque el Tribunal Supremo había anulado el nombramiento de Dolores Delgado por “desviación de poder visible e innegable”. El Partido Popular anunció entonces que trasladaría el caso a la Unión Europea para denunciar este nombramiento.
Didier Reynders, Comisario de Justicia de la UE, ya había señalado la problemática coincidencia temporal entre el mandato del Fiscal General y el del Gobierno. En su intervención en el Parlamento Europeo, Reynders recordó que el informe anual sobre el Estado de Derecho ya identificaba esta cuestión como un “problema judicial” en España. Cuca Gamarra, secretaria general del PP, calificó el nombramiento de García Ortiz como “una nueva anomalía democrática” que deteriora las instituciones. En respuesta, el portavoz socialista Patxi López defendió a García Ortiz, señalando que el Tribunal Supremo solo anuló una decisión suya y que no hubo “condena”.