En la era de internet, nadie está libre de ser objeto de un ‘deepfake’ pornográfico. Más si se es mujer. Este mal, que cada vez más se considera delito y se incluye en los códigos penales de las naciones, no afecta por igual al género masculino que al femenino. El 99% de las víctimas de estos vídeos porno son mujeres, según el último estudio de “State of Deepfakes 2023”. Muchas de estas imágenes falsas generadas por alguien afectan a personajes públicos como Taylor Swift, Rosalía o Scarlet Johansson. Pero también a personas menos conocidas o con una profesión más gris como la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni.
La “premier” italiana intervino este martes por videollamada en el juicio contra Alessio Scurosu, el hombre de 40 años, acusado de crear y distribuir un vídeo pornográfico “deepfake” en el que aparecía una falsa Meloni. El caso, que ha suscitado un debate nacional sobre la violencia digital y el discurso político, ha puesto el asunto de los ‘deepfakes’ en el punto de mira. Meloni compareció por videoconferencia desde el Palazzo Chigi, en la sala del Tribunal de lo Penal de Sassari donde tiene lugar el proceso contra Scurosu.
Fotomontajes con su cara
Scurosu está acusado de crear en 2020 y difundir por internet fotomontajes en los que superponía el rostro de Meloni en los cuerpos de actrices porno. Las imágenes, explícitas han sido compartidas por internet, y condenadas por políticos de todo el espectro como una forma de acoso y violencia digital.
Giorgia Meloni durante el aniversario de las Fuerzas Armadas italianas.
“No se trata sólo de mí”, declaró Meloni durante su testimonio, con voz firme y decidida. “Se trata de todas las mujeres que se enfrentan a este tipo de abuso digital. Se trata de la erosión de la confianza en nuestros espacios digitales, y de la normalización de la violencia contra las mujeres en la esfera pública”.
El caso ha trazado paralelismos con la creciente preocupación en torno al uso indebido de la tecnología ‘deepfake’. La capacidad de manipular imágenes y vídeos con un realismo cada vez mayor ha suscitado temores sobre su potencial para ser utilizada con fines malintencionados, desde la difusión de desinformación hasta el debilitamiento de figuras políticas. “Insisto en pedir que se castigue a la persona responsable de este acto intolerable y muy grave”, aseveró la “premier” italiana.
Una forma de violencia
Meloni, de 47 años, flanqueada por su abogada, defendió que trabaja “todos los días contra la violencia hacia las mujeres y tengo una responsabilidad al respecto. La que se ejerció contra mí fue una forma de violencia, no quiero dejarla pasar porque no debe transmitirse el mensaje de que cualquiera puede un día actuar de la misma manera contra otras mujeres”.
Giorgia Meloni, primera ministra de Italia
Algunos sostienen que el marco jurídico que rodea a los ‘deepfakes’ debe reforzarse para hacer frente con eficacia a la creciente amenaza que plantean. Otros sugieren que la atención debe centrarse en la promoción de la educación digital y mediática, fomentando el compromiso crítico con los contenidos en línea y promoviendo el uso responsable de la tecnología.
Cuando era diputada
Meloni reconoció que fue su secretaria, cuando ella era diputada, la que se enteró que había un vídeo porno sobre ella. Era el año 2020, dos años antes de ganar las elecciones y convertirse en la primera mujer al frente del Gobierno de Italia.
Por suerte en este caso, la Policía pudo rastrear el vídeo y gracias a un apodo que Scurosu usaba en internet pudo llegar a este él y su padre, de 73 años. El otro acusado no se encontraba bien de salud y quiso evitar la presión de un juicio, por lo que aceptó cuatro meses de servicios comunitarios junto a personas invidentes.
Tres años de prisión
Pero Scurosu hijo va a por todas. En caso de ser condenado podría enfrentarse a una pena de tres años de cárcel.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni
A medida que avance el juicio, que continuará en febrero, es probable que siente un precedente para futuros casos relacionados con ‘deepfakes’ y violencia digital. El resultado tendrá implicaciones no sólo para el futuro del discurso en línea, sino también para el debate más amplio sobre la privacidad individual y el poder de la tecnología para moldear la percepción pública. El caso sirve de duro recordatorio de las posibles consecuencias de un avance tecnológico incontrolado y de la necesidad de una vigilancia permanente para salvaguardar los derechos individuales y garantizar un panorama digital seguro y ético.
En España, en junio de este año el Gobierno anunció que modificaría el código penal para tipificar como delito los “deepfakes”. “El anteproyecto de ley orgánica modifica el código penal e incluye nuevos delitos en nuestra norma penal. Se tipifica como delito las denominadas ‘deepfakes’, es decir, la ultra falsificación”, indicó Félix Bolaños.