El polémico proyecto de la primera ministra italiana Giorgia Meloni de convertir la gestación subrogada en un delito universal es ya, desde este lunes, con la publicación dentro del boletín oficial del Estado y tras la firma del Presidente Sergio Mattarella, una ley a todos los efectos. El objetivo era endurecer la legislación vigente desde 2004 y que consideraba ilegal la práctica en territorio nacional con penas desde los 3 meses a 2 años de cárcel y con multas que podían llegar a 1 millón de euros. La gran diferencia es que ahora será perseguida también, aunque se practique en el extranjero, en países donde sí es legal, a los que han recurrido italianos e italianas en miles de casos en los últimos 20 años.
El pasado 16 de octubre el Parlamento italiano, gracias a la mayoría de extrema derecha, dio vía libre a una norma muy buscada por el Ejecutivo de Giorgia Meloni, que había denominado ya en varias ocasiones esta práctica como “inhumana”. Sin embargo, ahora se abre una gran incógnita sobre la puesta en práctica de los controles y sobre el futuro de decenas de parejas que se encuentran a día de hoy a mitad del proceso.
La norma no tiene efecto retroactivo, pero la prensa italiana ha enfatizado el debate que existe sobre la aplicación legal del concepto de “delito universal”. El Ejecutivo defiende la norma diciendo que será análoga a la actuación que hace el Estado italiano contra otros delitos que se pueden perseguir en el extranjero, como el tráfico de seres humanos o el terrorismo. El problema es que en este caso entrarán en contacto con legislaciones completamente diferentes sobre la temática, por ejemplo, los países que permiten esta práctica de forma completamente libre o, otros, que lo hacen garantizando que sea de manera altruista.
En el que caso de que una pareja realice esta práctica fuera de Italia y luego intente volver al país… ¿Cuáles serían los procesos de control? En la partida de nacimiento, según la normativa, no se explicita la eventual técnica utilizada, para conocer estos datos de un niño o niña nacido en el extranjero serviría la colaboración de, en este caso, los casi 70 países donde la gestación subrogada es legal y a los que podrían acudir, previsiblemente, las parejas homosexuales o heterosexuales italianas que estuviesen interesadas.
La polémica sobre el vientre de alquiler en Italia ha sido muy difusa en los últimos años. Alimentada, también, por las opiniones sobre este tema que el papa Francisco ha vertido en más de una ocasión. “La gestación subrogada es despreciable”, dijo en enero de este año, pidiendo además que fuese prohibida a nivel universal. En el caso italiano es ahora así. El denominado “vientre de alquiler” genera, sin embargo, en la política italiana posiciones muy divergentes.
Giorgia Meloni habló hace solo unas semanas de la gestación subrogada como una práctica “inhumana”. A finales del año pasado dijo sobre el palco del evento anual que celebra Hermanos de Italia, Atreju, anticipó la aprobación de la medida diciendo que “los niños no son un objeto, la maternidad no es un business, los hijos no se compran ni se venden, y por esto estoy orgullosa de que, gracias a nuestros parlamentarios, el vientre de alquiler pronto se convertirá en un delito universal”. La extrema derecha de Hermanos de Italia ha liderado la lucha por este endurecimiento de la ley, propuesto de hecho por una parlamentaria del partido de Meloni, Maria Carolina Varchi, hace unos meses.
En la izquierda no existe una postura unánime sobre la práctica de la gestación subrogada, pero, por ejemplo, la líder del principal partido de la oposición, Elly Schlein, ha declarado en más de una ocasión que está a favor del vientre de alquiler, pero que está abierta a profundizar en un debate que reconoce “delicado y denso”. En Italia las parejas homosexuales no pueden acceder a la reproducción asistida ni a la adopción, salvo que intenten adoptar un hijo que ya tiene su partner, por eso la prohibición de la gestación subrogada se ha equiparado a una reducción de los derechos de la comunidad LGTBI.
Las declaraciones sobre esta práctica de la ministra de Familia e Igualdad, Eugenia Roccella, son habitualmente objeto de controversia, especialmente por su vinculación de la lucha contra el vientre de alquiler con la importancia de la familia tradicional. En septiembre de 2023 dijo: “Los hijos se hacen de la manera clásica, con un hombre y una mujer que viven juntos”. La enésima polémica se desató tras la aprobación definitiva en el Parlamento hace exactamente un mes. Pocas horas después, la ministra Roccella expresó que los médicos tenían que denunciar a las familias que recurren a esta práctica. Palabras que enfurecieron al sector que respondió expresando que su misión “es curar, no denunciar”. El tira y afloja con los médicos terminó con otra declaración de Roccella en la que repitió que los médicos tenían que respetar la nueva ley y denunciar los casos de gestación subrogada, comparándolos con denunciar los de violaciones o violencia de género.