Katharina tiene su propia página web y está llena de fotos que muestran sus servicios. No hay nada explícito: sale disfrazada de dentista y de médico, inclinada sobre hombres nada distintos del paciente habitual. Con un vistazo, nadie sabría que se trata de contenido fetichista y de una forma de prostitución.
Katharina es ‘dominatrix’ profesional. Sus clientes pagan por acudir a estas falsas consultas médicas que en realidad son sesiones de rol sexuales. Y como ella vive y trabaja en Bélgica, ofrece sus servicios en abierto, de manera completamente legal y despenalizada.
No siempre fue así.
“Cuando empecé en el mundillo no era nadie. Mis clientes me engañaban; se aprovechaban de mí. Algunos detectan que no llevas mucho tiempo en la prostitución, es como si lo olieran, y te tratan peor. Yo no sabía qué limites establecer ni cómo hacerlo, y lloré muchas veces. La primera etapa fue muy difícil”, explica Katharina a Artículo14, recordando experiencias de hace siete años.
Todo cambió tras la pandemia. El 1 de abril de 2021, el ministro de Justicia belga anunció la descriminalización del trabajo del sexo, proponiendo un marco legal que permitiría a los trabajadores sexuales operar bajo el mismo estatus que otros ciudadanos, ya sea como autónomos o asalariados. Y en marzo de 2022, la reforma del derecho penal sexual se adoptó por el Parlamento belga, marcando un hito en la protección y reconocimiento de los derechos de los trabajadores sexuales.
Katharina atendiendo a un cliente
Un autónomo más
Para mujeres como Katharina, el cambio fue trascendental. “Yo había empezado en mi apartamento, con muebles muy baratos. Pero mi trabajo era mi propia empresa, así que fui a un banco a pedir un préstamo. Fue humillante: me dijeron, ‘aquí no queremos gente como tú’. También fue complicado encontrar a un contable, porque nadie quería trabajar conmigo, y los que sí querían carecían de la información necesaria para establecer una relación profesional”.
“Lo cierto es que, sin acceso a un banco y sin poder cobrar usando Visa o Mastercard, te limitas al efectivo, que puede durar dos o tres años pero no es útil a largo plazo. No es forma de construir una vida o un negocio”, lamenta.
Ahora, sin embargo, “podemos hablar con los bancos. Podemos hablar con terceros. Podemos definir nuestro negocio como empresa, usar nuestro nombre completo y transmitir a los clientes la seriedad y legitimidad del servicio”.
“De un lunes al siguiente, todos los trabajadores sexuales independientes autónomos adquirieron los mismos derechos que cualquier otro autónomo de Bélgica. Ahora, pueden aplicar condiciones bajo contrato. Tienen derecho a pensión, beneficios de desempleo, bajas por enfermedad y maternidad, vacaciones y acceso a la seguridad social”, indica a Artículo14 un representante de UTSOPI, el sindicato belga de trabajadores sexuales. Su labor e influencia fueron clave durante los procesos de legalización y descriminalización aunque, según admite la propia organización, “aún queda mucho por hacer”.
“Podemos transmitir a los clientes la seriedad y legitimidad del servicio”
Katharina vende servicios de rol sexual médico
Legalización versus descriminalización
La legalización y la descriminalización del trabajo sexual no son sinónimos. La legalización introduce un marco de condiciones estrictas para la práctica del trabajo sexual. Por ejemplo, en Países Bajos, esta actividad solo está permitida en establecimientos autorizados, cuya asignación de permisos depende del criterio de cada municipio. En Alemania, los trabajadores del sector deben obtener un permiso oficial, proceso que incluye asesoramiento por parte de un trabajador social y la necesidad de renovarlo cada dos años.
La asociación UTSOPI considera este enfoque una forma de criminalización indirecta: muchos sex workers se ven forzados a operar desde sus hogares en Países Bajos ante la imposibilidad de acceder a un establecimiento autorizado, práctica ilegal que puede resultar en su desahucio. En Alemania, muchos de ellos evitan registrar sus actividades por miedo a represalias futuras, sobre todo los trabajadores indocumentados.
Según UTSOPI, así se genera un entorno donde el acceso a servicios médicos y la denuncia de abusos se ve seriamente comprometido, empujando a una porción del sector a operar clandestinamente, alejados del alcance de servicios policiales, médicos y sociales, y poniendo en riesgo derechos fundamentales como la protección y la salud.
La despenalización, sin embargo, elimina barreras, ya que no vincula a los trabajadores con condiciones específicas más allá de las aplicables a cualquier otro trabajador. Bajo este enfoque, el trabajo sexual es considerado una profesión por el estado, y goza de protecciones específicas contra los riesgos que acompañan al oficio, similar a las de sectores como la construcción.
Proteger a las mujeres
Sobre todo, aumenta el nivel de protección y seguridad de las personas involucradas en la industria. En Bélgica, los trabajadores sexuales denuncian sin miedo agresiones y abusos y trabajan en entornos mucho más protegidos y transparentes.
“La prostitución es como una cucaracha, siempre va a existir. Ahora que es legal, mujeres como yo pueden denunciar abusos. También las víctimas de trata, porque pueden hablar con la Policía y con gente que les explica sus derechos, sus opciones. Si no, están atrapadas”, explica Katharina.
También aumentó el acceso a la información: “Ahora, hay redes y asociaciones que ayudan a las trabajadoras primerizas. Existen plataformas informativas, con listas de clientes ‘peligrosos’. Rellenamos sondeos y encuestas y, como trabajamos en abierto, hay mayor relación entre los trabajadores. Y los clientes saben todo esto y van con más cuidado”, agregó Katharina.
La explotación sexual también se ha redefinido. Según explica UTSOPI, existen nuevos límites en torno a los servicios sexuales y las relaciones entre trabajadores de un mismo negocio.
“La nueva definición de proxenetismo es muy precisa. En el caso de que un empleador obligue a la trabajadora sexual a tomar clientes, se le cataloga como explotador. Puede ser arrestado y condenado por proxenetismo y trata de personas, porque cualquier caso de explotación sexual se define ahora cómo trata”.
Otra resolución clave es la de las “cuatro libertades”, según UTSOPI: “No puedes emplear a una trabajadora sexual si no le concedes cuatro libertades primero. No puedes obligarla a tener relaciones sexuales. Puede rechazar cualquier cliente. Puede rechazar cualquier acto sexual, puede detener actos sexuales en medio del acto, y también puede realizar el acto de la manera que quiera”.
El tabú persiste
El estigma afecta gravemente a la salud física y psicológica de los sex workers. Conlleva estrés por mantener en secreto su trabajo, aislamiento social, soledad y vigilancia constante. La desestigmatización va de la mano con la despenalización; mientras el trabajo sexual se mantenga en el ámbito criminal, los prejuicios persistirán. Bélgica ha logrado un hito en este aspecto, pero aún queda mucho por resolver.
“Yo no entiendo la perspectiva feminista abolicionista. ¿Cómo puedes defender los derechos de la mujer y negarle que haga lo que quiera con su cuerpo? Aunque salgamos en la televisión y en los periódicos y trabajemos en abierto, sigo con miedo a desvelar mi trabajo a ciertas personas. Amigos que conozco desde hace 10 años. A pesar de la despenalización, siguen existiendo los tabúes”, admitió con tristeza Katharina.
UTSOPI clasifica las políticas sobre el trabajo sexual en tres categorías: la represiva, que busca eliminar la industria mediante leyes criminales y medidas represivas, incluye el Modelo Nórdico aplicado de en países como Suecia, Noruega e Irlanda. La restrictiva, que intenta limitar la industria con regulaciones estrictas, siendo Países Bajos y Alemania ejemplos de este enfoque. Y la integrativa, que busca integrar el sector y sus trabajadores en la sociedad a través de derechos laborales y acceso a seguridad social, con Nueva Zelanda y algunos estados de Australia como pioneros, y Bélgica siguiendo esta línea.