La controvertida ley de medios de Pedro Sánchez está basada en una normativa europea que entró en vigor en mayo de 2024, enfocada en mejorar la transparencia, independencia y pluralismo en los medios de comunicación. Pero la versión española de esta directiva profundiza sobre esta ley de maneras consideradas por muchos como represivas.
Y es que las exigencias de transparencia, como la divulgación pública de los propietarios de los medios y sus fuentes de financiación, pueden ser utilizadas por el Estado para controlar indirectamente a los medios y a sus contenidos. La ley en general podría facilitar la intervención estatal en los medios privados, sobre todo a través de la regulación de la publicidad institucional y el acceso a fondos públicos. Además, la actualización de las normas sobre la publicidad en redes sociales se percibe como un intento de restringir la libertad de los medios digitales, aumentando el control gubernamental sobre qué se publica y cómo se financia. En resumen: la ley de Sánchez otorga al Estado un papel excesivo en el funcionamiento de los medios, lo que podría limitar la libertad de prensa.
Los países más problemáticos
Pero la de Sánchez no es la única directiva criticada por estos mismos motivos. De hecho, algunas han recibido incluso sanciones desde el ejecutivo europeo, lo cual sienta un precedente bastante terrorífico para España — si seguimos por este camino. El caso más destacado es el de Hungría que, bajo el gobierno de Viktor Orbán, ha implementado leyes que permiten un control profundo sobre los medios de comunicación. Una de las reformas más criticadas fue la creación del “consejo de medios”, un organismo regulador compuesto exclusivamente por personas cercanas al partido gobernante, Fidesz, que tiene el poder de imponer multas a los medios por violar principios como el “equilibrio” o la “moralidad pública”.
Además, todos los medios están obligados a registrarse ante el Estado, otro aspecto que facilita la supervisión gubernamental. Estas leyes han llevado a la concentración de medios en manos de empresarios afines al gobierno, lo que ha debilitado el pluralismo mediático. A esto se suma la presión económica que enfrentan los medios independientes, con el riesgo de multas y el control del acceso a la publicidad estatal. Por eso, Hungría ha sido criticada por organizaciones internacionales y por la Unión Europea por su reducción de la libertad de prensa, y su posición en los índices globales de libertad de prensa sigue cayendo en picado.
En paralelo tenemos a Polonia. Allí, el partido gobernante Ley y Justicia (PiS) ha implementado una serie de reformas con un impacto nocivo en la independencia de los medios. Uno de los principales cambios fue la transformación de los medios públicos en canales que sirven a los intereses del gobierno, con la transmisión de contenido favorable al partido gobernante. Además, el gobierno ha impulsado leyes que restringen la propiedad extranjera en los medios, como la controvertida “lex TVN”, percibida como un intento de limitar la influencia de medios críticos con el gobierno, como el canal TVN, propiedad de una empresa estadounidense. También han surgido preocupaciones sobre la distribución de publicidad estatal, que favorece a medios pro-gubernamentales.
Por eso, Bruselas está analizando con lupa a ambos países, debido a sus reformas que afectan el Estado de Derecho. En el caso de Polonia, la UE activó en 2017 el procedimiento del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea por preocupaciones sobre la independencia judicial, pero las restricciones a la libertad de los medios también forman parte del debate. Y Hungría, que se encuentra en la misma situación, también fue llevada ante el TJUE por varias razones relacionadas con la libertad de los medios, entre ellas la Ley de ONG de 2017, que afectaba indirectamente a los medios críticos financiados desde el extranjero, y las regulaciones sobre medios que limitan la pluralidad.
El artículo 7 es una medida extrema dentro de la UE que, si se lleva a cabo en su totalidad, podría culminar en la suspensión de ciertos derechos de voto de un Estado miembro en el Consejo de la Unión.
Bulgaria y Eslovenia, dos casos menores
En Eslovenia, están acusando al ex primer ministro Janez Janša de utilizar fondos públicos para financiar medios cercanos a su gobierno, mientras que deslegitima y critica abiertamente a los medios independientes. Aunque sus leyes no son tan estrictas como en otros países, la presión política sobre los medios sí que va en aumento. Además, se han propuesto reformas para reducir el presupuesto de la prensa pública, lo que ha sido visto como un intento de debilitar su influencia crítica. Y a través de redes sociales, Janša y su gobierno lanzaron campañas de desprestigio contra periodistas independientes, creando un ambiente de hostilidad y miedo. Por eso, la situación en Eslovenia ha sido señalada por organismos internacionales como un ejemplo de cómo los gobiernos pueden ejercer presión indirecta sobre los medios.
Mientras tanto, en Bulgaria, uno de los principales problemas es la concentración de los medios en manos de un pequeño grupo de empresarios con vínculos políticos, lo que obviamente afecta la independencia de los contenidos. Además, los medios dependen en gran medida de la publicidad estatal, lo que otorga al gobierno influencia indirecta sobre los contenidos. Las leyes búlgaras no garantizan un proceso transparente para la distribución de estos fondos, lo que permite que los medios afines al gobierno reciban un trato preferencial.