España incumple, o lo hace de manera insatisfactoria, las 19 recomendaciones que el Consejo de Europa lleva haciéndole desde junio de 2019 para luchar contra la corrupción de los altos cargos del Gobierno central y de los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.
El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Estado (GRECO) ha anunciado este miércoles que, en su sesión plenaria que celebrará del 2 al 5 de junio, examinará el informe que le reclamó a España para antes del 31 de diciembre de 2024 ante esos incumplimientos (13 parciales y 6 totales), y en función del resultado podría tomar diferentes medidas de presión.
Además, se ha enviado una carta al representante español ante este organismo de defensa de la democracia y de los derechos humanos para llamarle la atención sobre esos incumplimientos y para que tome “medidas decididas con vistas a lograr progresos tangibles lo antes posible”.
En caso de persistencia de esos incumplimientos, el GRECO puede activar otros mecanismos de presión, como enviar una misión al país o pedir al secretario general del Consejo de Europa que escriba una carta al ministro de Exteriores para advertirle sobre la situación. puesto que la organización no dispone de capacidades reales de sanción.
Aunque se hayan hecho públicas este miércoles, las conclusiones del GRECO se adoptaron en diciembre de 2023 y fueron acompañadas de la petición de una respuesta a las autoridades españolas en el plazo de un año, cuyo contenido todavía no se conoce.
Asimismo, los expertos del Consejo de Europa también preconizaban la adopción de un código de conducta destinado a los altos cargos del ejecutivo, con medidas prácticas, consignas por escrito, consejos dados con carácter confidencial e informaciones especializadas.
Igualmente habían recomendado que la normativa sobre las restricciones que se imponen a los altos cargos una vez que dejan sus funciones fuera objeto de examen por un organismo independiente y que se reforzara cuando fuera pertinente.
“Aparente politización” del CGPJ
Para el órgano europeo, el sistema de elección del CGPJ español y su “aparente politización” no es una “preocupación menor”, sino un “problema crítico”.
También lamenta la falta de novedades por parte de España para garantizar la independencia, imparcialidad y transparencia en los nombramientos de la cúpula judicial.
En este sentido recuerda que recomendó a las autoridades españolas que se establecieran en la ley criterios objetivos y requisitos de evaluación para el nombramiento de los rangos superiores del Poder Judicial. Es decir, los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, las Audiencias Provinciales y la Audiencia Nacional, así como los jueces del Tribunal Supremo.
Aunque Estrasburgo reconoció en informes anteriores las medidas adoptadas para aumentar la transparencia en estos nombramientos, avisó de que se podía “hacer más” para “agilizar los requisitos y procedimientos aplicables en este ámbito mediante nuevas medidas legislativas y reglamentarias”.
En esta ocasión el órgano apunta que no ha recibido novedades de España en esta materia y concluye que su recomendación sigue estando “parcialmente aplicada”.