Las catastróficas inundaciones en la región de Valencia han tomado a España por sorpresa. Fueron provocadas por las lluvias torrenciales que comenzaron a principios de la semana pasada y rápidamente superaron la capacidad de los sistemas de drenaje locales. El nivel del agua ha alcanzado cifras históricas, inundando barrios enteros, destruyendo infraestructuras y forzando evacuaciones masivas en municipios como Alzira, Ontinyent y Xàtiva.
Las autoridades locales, junto a equipos de emergencia y protección civil, se han movilizado con urgencia para rescatar a personas atrapadas y establecer refugios temporales, mientras que el suministro eléctrico y las comunicaciones en algunas áreas se han visto seriamente afectados. Y aunque los pronósticos meteorológicos sugieren una disminución de las lluvias en los próximos días, el gobierno ya ha declarado la zona como de emergencia y está evaluando los daños, que se prevé tendrán un fuerte impacto en la economía local y el sector agrícola.
España, como otros países del sur de Europa, enfrenta desafíos a la hora de estar lista para desastres naturales como inundaciones extremas. Según Eurostat, aunque España cuenta con algunos protocolos de emergencia y equipos de protección civil, carece de la infraestructura moderna de drenaje que caracteriza a otros países de la UE como los Países Bajos y Alemania, donde las inversiones en protección contra inundaciones han sido mucho mayores. Estas naciones, acostumbradas a lidiar con inundaciones frecuentes, tienen desarrollados sistemas avanzados de diques, presas y canales que limitan el impacto de lluvias torrenciales en áreas urbanas y rurales.
En toda la UE
En toda la Unión Europea, la conciencia y preparación de la población española ante desastres también es menor que la de otros países europeos. En España, el 47 % de la población afirma estar bien informada sobre los riesgos de desastres naturales en su área, una cifra que, aunque respetable, se sitúa por debajo de la de países como Suecia y Finlandia, donde más del 60 % de los ciudadanos reportan estar informados. En estos países, existen campañas de concienciación y educación en escuelas y comunidades que promueven una cultura de autoprotección que no es tan frecuente en España.
Cuando se analiza la confianza de los ciudadanos en los servicios de emergencia, los datos de Eurostat muestran que un 65 % de los españoles confía en las autoridades para gestionar desastres. Esta cifra es comparativamente baja frente a países como Dinamarca o Noruega, donde la confianza en los servicios de emergencia supera el 80 %. En estos países, los servicios de emergencia están muy integrados en las comunidades locales, lo que facilita la coordinación y comunicación en situaciones de crisis.
La preparación ciudadana en términos de recursos también es un área donde España se sitúa por detrás de algunos países europeos. Según Eurostat, solo el 22 % de los españoles tiene suministros básicos de emergencia, como alimentos y agua para tres días, mientras que en Finlandia y Alemania esta proporción supera el 50 %. Y, en cuanto a infraestructura de prevención, Eurostat muestra que España ha realizado algunas inversiones en sistemas de drenaje en áreas urbanas, especialmente en las grandes ciudades. Pero en las zonas rurales, la infraestructura sigue siendo limitada, lo que aumenta la vulnerabilidad de estas zonas ante eventos climáticos extremos. En comparación, países como Francia y Bélgica ya tienen implementados planes integrales de drenaje urbano y rural que contribuyen a una mayor resistencia frente a desastres.
Otro aspecto en el que España está por debajo de la media europea es en la realización de simulacros de emergencia. Solo el 20 % de los españoles ha participado en simulacros, frente al 45 % en Dinamarca. En los países nórdicos y Alemania, las autoridades locales y los centros educativos organizan regularmente estos ejercicios, promoviendo una respuesta ciudadana proactiva que facilita la reacción ante situaciones de emergencia.
A nivel de coordinación de alertas, los sistemas de aviso en España operan tanto a nivel nacional como regional, aunque su eficacia y alcance varían considerablemente entre comunidades autónomas. Pero Eurostat subraya que países como Austria y Suiza han establecido sistemas de alerta geolocalizados que permiten avisar a los ciudadanos en tiempo real. En España, aunque las alertas son difundidas a través de medios nacionales y redes sociales, su cobertura puede ser inconsistente, especialmente en áreas rurales.
Maneras de gestionarlo
Otro punto relevante es la autogestión ante desastres de largo plazo. En España, solo el 17 % de los hogares cuenta con suministros suficientes de agua y alimentos para más de tres días, cifra inferior al 60 % de Finlandia. Pero los países del norte de Europa sí que tienen una cultura de preparación ante emergencias que les permite ser autosuficientes en caso de bloqueos de los servicios básicos, algo menos común en España, donde los hogares tienden a depender de la respuesta estatal y de los servicios de emergencia.
Eurostat también destaca que la mayoría de los países de la UE tienen estrategias de gestión de riesgos adaptadas a sus contextos climáticos y geográficos. En el caso de España, las políticas están diseñadas para enfrentar incendios forestales y olas de calor, mientras que en Países Bajos y Alemania, la principal amenaza es la inundación.
A nivel de cooperación, la Unión Europea ofrece recursos a través de su Mecanismo de Protección Civil, que permite a los países miembros recibir apoyo de otros en caso de catástrofe. España ha recurrido a este mecanismo en el pasado y cuenta con el respaldo de este sistema en situaciones extremas. Además, el Fondo de Solidaridad de la UE proporciona recursos para la reconstrucción tras desastres, una medida de apoyo que ha sido utilizada por países como Italia y Grecia tras terremotos e inundaciones.
En términos de capacitación, países como Alemania y Suecia han implementado, además, programas de formación y guías de autoprotección para la ciudadanía, algo menos común en España, donde la falta de educación sobre autoprotección en las escuelas reduce la capacidad de la población para actuar de forma autónoma en situaciones de emergencia.