Los franceses están escandalizados: una investigación acaba de revelar que varios altos cargos políticos, incluidos antiguos primeros ministros y ministros en activo, se han valido de fondos públicos para financiar cenas y eventos de lujo. El descubrimiento le viene muy mal al gobierno, que se está enfrentando a una presión cada vez mayor para reducir el gasto estatal.
El caso más reciente involucra a François de Rugy, exministro de Medio Ambiente, acusado de organizar cenas opulentas en su residencia oficial cuando era presidente de la Asamblea Nacional. Según la plataforma de investigación Mediapart, estas cenas incluyeron mariscos caros, champán y vinos de alto precio procedentes de la bodega del Parlamento francés. Los eventos, que tuvieron lugar entre 2017 y 2018, contaban con entre 10 y 30 invitados y, según la publicación, estaban más relacionados con círculos sociales que con actividades oficiales.
Pero De Rugy ha defendido estas reuniones afirmando que eran “cenas de trabajo informales” destinadas a mantener contactos con miembros de la sociedad civil relevantes para su función. Sin embargo, las imágenes publicadas, como la de una mesa adornada con langostas y velas, han generado indignación pública, alimentando las críticas de que estos eventos eran innecesariamente lujosos y no tenían nada que ver con las preocupaciones cotidianas de los ciudadanos.
El escándalo no se limita únicamente a las cenas. Mediapart también denunció que De Rugy y su esposa realizaron renovaciones en su residencia oficial, valoradas en 63.000 euros, con fondos públicos. Estas mejoras, que incluyeron trabajos de pintura, instalación de moquetas y muebles a medida, han sido calificadas por el medio como innecesarias. Pero de Rugy se defendió argumentando que las condiciones del edificio histórico requerían dichas reformas.
Beneficios vitalicios
La diputada Marie-Christine Dalloz ha sacado a la luz un informe que denuncia el coste continuo que suponen los beneficios vitalicios concedidos a antiguos primeros ministros. Estos incluyen chóferes, vehículos oficiales y asistencia personal. Según el informe, el mantenimiento de estos privilegios supone un gasto de 1,42 millones de euros anuales, sin incluir las pensiones ni los gastos de seguridad.
Los nombres de algunos antiguos primeros ministros, como François Fillon, también han aparecido en estas denuncias. Fillon, quien fue condenado por utilizar fondos parlamentarios para pagar a su esposa por trabajos ficticios, continúa recibiendo beneficios como transporte y personal, cuyo coste ascendió a 126.000 euros en 2023. La continuidad de estos privilegios, pese a su condena penal, ha sido objeto de críticas.
La polémica se enmarca en un contexto de ajustes presupuestarios promovidos por el gobierno de Michel Barnier. Este ha pedido a sus predecesores un mayor “esfuerzo” para reducir el gasto público y ha citado estos casos como ejemplos de prácticas que deben revisarse. Barnier busca recortar 40.000 millones de euros en el presupuesto del próximo año para enfrentar el déficit público.
125 millones en banquetes de estado
El gasto del presidente Emmanuel Macron también ha sido puesto en duda, con informes que indican que el Palacio del Elíseo gastó 125 millones de euros el año pasado en banquetes de estado y viajes oficiales. Estas cifras, junto con los beneficios vitalicios para expresidentes como Nicolas Sarkozy y François Hollande, han intensificado las exigencias para una mayor austeridad.
La controversia ha alcanzado un nivel tal que algunos antiguos altos funcionarios, como el ex primer ministro Manuel Valls, han tenido que salir públicamente a defenderse. Valls declaró en redes sociales que sus beneficios se limitan a dos chóferes y un asistente, y subrayó la importancia de la “ejemplaridad” en el manejo de los recursos públicos.