El Gobierno de Reino Unido se las ha arreglado para provocar la furia de un nuevo segmento social, esta vez, las mujeres nacidas en los años 50 del siglo pasado, que llevan años denunciando haber sido víctimas de la cuestionable gestión de la subida de la edad de jubilación para ser equiparada a la de los hombres. Adoptada en la década de los 90, pasó de los 60 a los 65 años, pero, según las afectadas, no se informó debidamente, lo cual habría tenido un impacto en su planificación del retiro, un argumento que, pese a estar amparado por un organismo parlamentario, no ha convencido al Ejecutivo.
Como consecuencia, no habrá compensaciones, ya que, pese a los defectos de comunicación, que el Gobierno sí reconoce, no habría habido una “perdida financiera directa”. Su determinación aspira a cerrar definitivamente la campaña de las llamadas ‘mujeres Waspi’ (siglas en inglés de Mujeres contra la Desigualdad con la Pensión Estatal), cuyo activismo había sido públicamente apoyado por los laboristas cuando estaban en la oposición. Una vez en el poder, sin embargo, el partido ha descubierto que restablecer las anémicas arcas públicas implica una arriesgada operación de funambulismo financiero, que requiere, en ocasiones, medidas implacables y la consiguiente dosis de impopularidad.
Keir Starmer, habla durante su discurso “Plan para el cambio” en Pinewood Studios en Iver Heath
El primer ministro, Keir Starmer, ha vuelto a tirar de pragmatismo para medir el coste político de una decisión que sabía que generaría polémica, como había aprendido de la retirada, al poco tiempo de asumir su mandato, de las ayudas universales a la calefacción de los pensionistas. En este caso, Starmer tenía la justicia de su lado, ya que los tribunales habían declarado ya que el Gobierno no solo tenía derecho a elevar la edad de jubilación, sino que no había responsabilidad legal de comunicarla.
Entre 1.000 y 2.950 libras
El debate, sin embargo, fue reabierto de nuevo a principios de este año, cuando una institución oficial, el defensor parlamentario, condenó la penosa manera en que el cambio fue notificado, con un retraso de 28 meses en las cartas remitidas a las mujeres nacidas en los años 50. Como consecuencia, en su informe, cuya elaboración llevó cinco años, proponía una compensación de entre 1.000 y 2.950 libras para las afectadas. Los principales partidos se comprometieron a “considerar” las recomendaciones, pero la conclusión final ha inferido que había “conocimiento considerable” de los cambios y, por tanto, la paga sugerida no sería, en palabras de la ministra de Trabajo, Liz Kendall, “ni justa, ni proporcionada para el contribuyente”.
El primer ministro británico, Keir Starmer, a su salida de Downing Street
Su razonamiento resulta comprensible: la partida total podría haber superado los 10.500 millones de libras, cuando el Estado se encuentra en plena operación de apretarse el cinturón. Pero además del económico, tras la decisión subyace también un cálculo político, puesto que el respaldo popular a las demandas de las mujeres Waspi no es ni remotamente equivalente al de otras campañas que también aspiran a reparar injusticias históricas, como el escándalo de la sangre contaminada, que entre la década de los 70 y la de los 90 afectó a 30.000 personas y provocó al menos 3.000 muertes.
¿Una indignación limitada?
Como resultado, el Gobierno laborista espera que el malestar generado entre las Waspi quede como una indignación limitada y, pese a su actual impopularidad en las encuestas, que apenas se recuerde cuando los británicos tengan su cita con las urnas en 2029.