El 2 de agosto, cinco días después de las elecciones presidenciales en Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) convocó a los candidatos a una audiencia para hacerlos firmar una resolución por la que se comprometían a entregar sus actas. Esto es, las actas emitidas por Consejo Nacional Electoral (CNE) donde consta cómo votaron los venezolanos.
Apegado a la Constitución, que establece que el Poder Electoral es autónomo, y consciente de que el CNE había incumplido la ley que lo obliga a emitir un documento, firmado por todos sus miembros (y no solo por el presidente de esta institución), donde consten los resultados de la elección, el canditado ganador, Edmundo González Urrutia, los dejó con los crespos hechos. No se presentó. Ni por un instante consideró la posibilidad de entregarle al poder judicial una documentación que solo compete al poder electoral.
El jurista Allan Brewer Carías lo ha explicado: “En Venezuela hay un sistema de pentadivisión del poder; es decir, una separación del poder en cinco órganos (no solo en tres, como había antes del chavismo y como suele ocurrir, Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Además, hay un poder ciudadano y otro, electoral, cada uno independiente y autónomo. Un poder no puede usurpar funciones de otro (según el artículo 138 de la Constitución, toda autoridad usurpada es nula y sus actos, ineficaces). De manera que, siendo una competencia exclusiva y excluyente del poder electoral, solo este puede: 1) realizar la totalización de las actas de votación; 2) emitir un acta de totalización, sustentada en los resultados de todas las actas de las 30 mil mesas; y publicar esta información. Y la ley establece que este proceso debe observarse en 48 horas.”
Las artes escénicas de la dictadura
Ya antes el régimen había violado la Constitución, que consagra que las elecciones, dice Brewer Carías, “deben hacerse en un ámbito de despartidización, imparcialidad y participación ciudadana, lo que implica, una administración electoral transparente, con celeridad de votos y escrutinio”. Todos estos son principios constitucionales fueron saltados a la torera y, sin embargo, la población venezolana acató el llamamiento de María Corina Machado (de competir en las condiciones impuestas por el régimen), concurrió a las urnas y el candidato opositor resultó vencedor con ventaja. Las actas, emitidas por el CNE, lo constatan.
Dado que el presidente electo, el opositor González Urrutia no acudió a la audiencia exprés del Supremo, la dictadura apeló a las artes escénicas y, en vez de mostrar las actas, como el planeta le está exigiendo y la ley lo obliga, se sacaron de la manga un evento que consistió en que los “magistrados” de la Sala Electoral del Supremo harían “un peritaje” de las actas.
No las muestran, no las publican, pero sí las someten a una auditoría por un poder, el Legislativo, que no tiene competencia en el Electoral. De resultas que el pueblo venezolano bautizó la operación como “el pirataje de Maduro”, en alusión a la chapuza y al hecho de que los miembros del Supremo, militantes del partido de gobierno y muchos, incluso, candidatos por ese partido a candidaturas regionales, se quitaron la boina roja para ponerse la toga.
La película de los “magistrados”
Para la performance, grabada y difundida por los numerosos medios del régimen, los “magistrados” llegaron a la sede del CNE, rodeados de gente uniformada de negro, mientras las cámaras los filmaban subiendo las escaleras y avanzando por los pasillos del ente comicial, que las audiencias conocen bien por haberlas vista en televisión. Luego, en algún salón, se les vio con mascarillas, enarbolando ¡papeles en blanco!, como luego se vería al hacerle zoom a los videos.
Por supuesto, no había allí un solo representante de los partidos políticos. “No fuimos informados ni estuvimos presentes en el CNE en el supuesto peritaje que el TSJ dice hacer del material electoral”, declaró la Plataforma Unitaria y exigió publicación y auditorías independientes de las actas, una copia de las cuales, también emitida por el CNE la noche de la elección sigue en poder de la opisición, que las guarda con celo.
El periodista especializado en asuntos electorales, Eugenio Martínez, estableció en X (antes Twitter): “Peritaje del TSJ es inútil si previamente no se valida la autenticidad del material presentado por el CNE. A ello agreguémosle que “magistrada” es ficha del PSUV y que los partidos políticos no participaron en las auditorias”. En fin, una farsa por donde se le mire, orientada, como bien dijo el historiador Antonio Herrera Vaillant a “crear un relato internacional de que hay dos versiones sobre los resultados del 28j, con el apoyo del Supremo y de unos “expertos” internacionales que ya van apareciendo.
No por nada, un tuitero sugirió: Payasos, al circo.