El régimen de los ayatolás de Irán da un paso más para imponer el rigorismo islámico sobre las mujeres del país. Según un informe publicado esta semana por la ONU, las autoridades de Teherán están usando mecanismos de vigilancia electrónica, incluidos drones, para detectar y reportar a mujeres que incumplen el mandato de vestir el hijab -velo- en lugares públicos.
Tras el asesinato de la joven Mahsa Amini (septiembre de 2022), asesinada a golpes por la “policía de la moral” tras ser detenida por vestir indebidamente el velo, se desató una rebelión civil en todo el país. Las protestas, reprimidas duramente por el régimen, se saldaron con más de 500 muertos y unos 22.000 detenidos.
Pero la represión no logró frenar las aspiraciones de libertad de muchas mujeres iraníes, que desafiaron las leyes y empezar a caminar orgullosas por las calles con el pelo descubierto. El Irán previo a la Revolución Islámica (1979) era un referente de la libertad de la mujer en Oriente Medio. Las jóvenes de Teherán simplemente querían fotografiarse en las calles sin imposiciones, sin miedo a ser detenidas, golpeadas y asesinadas.
Discriminación sistemática
“Dos años y medio después de las protestas de setiembre de 2022, mujeres y niñas en Irán continúan afrontando discriminación sistemática, en leyes y en la práctica, que afecta todos los aspectos de su vida, particularmente en la obligación de vestir el hijab”, denuncia el informe de la ONU.
Para aplicar las estrictas leyes, el régimen usa drones y hardware de reconocimiento facial, un complemento a la “policía de la moral” que patrulla las calles del país. La policía iraní ha desarrollado una aplicación llamada “Nazer”, que permite a los ciudadanos reportar cuando una mujer no vista hijab en vehículos privados, transporte público o, incluso, en ambulancias. Esto ha derivado en situaciones peligrosas, como cuando una mujer fue disparada en julio de 2024 cuando intentaba huir de un checkpoint policial.
Controles en universidades y carreteras
En la universidad Amirkabir de Teherán, las autoridades instalaron sistemas de reconocimiento facial en la entrada del recinto, para detectar a las mujeres que no cumplen la ley. También se instalaron cámaras en autopistas por todo el territorio. Acorde a los investigadores, unos 8.000 vehículos fueron confiscados porque sus conductoras no llevaban velo.
Pese a los riesgos que afrontan, la resistencia de las mujeres sigue su curso. Para el régimen de los ayatolás, muy cuestionado internamente por las dificultades económicas domésticas y la fallida agenda bélica del régimen -con el colapso del “eje de la resistencia” financiado para luchar contra Israel-, mantener a ralla a la población es una garantía imprescindible para su supervivencia.
Con esta inversión tecnológica, “el estado está incrementando su vigilancia, en un aparente esfuerzo de asegurar que se cumpla la obligación de individuos y empresas para hacer cumplir la obligatoriedad del hijab, catalogándolo como una responsabilidad cívica”, prosigue el informe. Desde la misión diplomática iraní en las sedes de la ONU en Nueva York y Ginebra, evitaron hacer comentarios sobre la publicación.
Muertes en custodia
El equipo de la ONU responsable del reporte, liderado por Sara Hossain, citó dos nuevas áreas de investigación en el último año. Primero, el “perturbador patrón” de muerte de algunos protestantes -incluidas mujeres-, en casos definidos por el estado como suicidios. Por otra parte, la “persecución judicial” a familias de víctimas, a quienes se prohibió enterrar a sus seres queridos.
El informe también investigó posibles casos de simulación de ejecuciones. “Descubrimos que hombres, mujeres y niños fueron detenidos a punta de pistola o con sogas en el cuello, una forma de tortura psicológica”, detalla el texto. Además, se denuncia la “impunidad crónica” des los responsables de aplicar estas técnicas represivas.
Tras las protestas por la muerte de Masha Amini, el régimen relajó aparentemente la obligación de cumplir con los códigos de vestimenta. Pero a partir de abril de 2024, la represión volvió a su curso habitual. Desde entonces, unas 618 mujeres fueron arrestadas. Y entre las 938 personas ejecutadas el último año, también hubo muchos casos relacionados a la represión contra las mujeres.