La situación en Venezuela es tan tensa que hasta el Grupo de los Siete (G7) ha tomado una postura firme para garantizar la transparencia en las elecciones que, supuestamente, ha ganado Nicolás Maduro, en respuesta a crecientes preocupaciones sobre la legitimidad del proceso electoral en el país. Este grupo, compuesto por Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Japón e Italia, ha emitido una serie de declaraciones exigiendo medidas concretas de transparencia y rendición de cuentas.
En un comunicado conjunto, los ministros de Relaciones Exteriores del G7 expresaron su “solidaridad con el pueblo de Venezuela, que ejerció pacíficamente su derecho al voto en gran número el 28 de julio para moldear el futuro de su país.”
Según denunciaron, “los informes de observadores nacionales e internacionales independientes han planteado serias preocupaciones sobre los resultados anunciados de las elecciones presidenciales de Venezuela y sobre la manera en que se llevó a cabo el proceso electoral, especialmente en cuanto a las irregularidades y la falta de transparencia en la tabulación final de los votos. Es de suma importancia que el resultado refleje la voluntad del pueblo venezolano.”
Frente a este problema, el G7 se ha sumado a los países y organizaciones que exigen transparencia en el recuento de votos, instando a los venezolanos a que “publiquen los resultados electorales detallados con total transparencia y pedimos a los representantes electorales que compartan inmediatamente toda la información con la oposición y los observadores independientes.”
No están solos. También la Unión Europea ha apoyado estas demandas, y Josep Borrell, el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, ha declarado que “los resultados electorales deben ser verificados de manera independiente para asegurar la confianza del público en el proceso democrático”.
Presión tanto dentro como fuera
La situación también ha generado una fuerte presión doméstica dentro de Venezuela: los grupos de oposición y los activistas pro-democracia llevan días organizando protestas masivas exigiendo transparencia y justicia en el conteo de votos. Estas protestas han sido reprimidas violentamente por las autoridades, lo que ha llevado a más condenas internacionales. De hecho, se teme que el régimen arreste a María Corina Machado, líder de la oposición venezolana. Así lo ha confirmado Maduro durante su última rueda de prensa en la que ha denunciado que “el cobarde y criminal González Urrutia y con la fascista de ultraderecha criminal deben estar detrás de la reja” por supuestas acciones “criminales”.
Por eso el G7 ha pedido a las autoridades venezolanas que cesen la represión de los manifestantes. Han solicitado “moderación máxima” y han instado a poner fin a las detenciones arbitrarias y la violencia contra los miembros de la oposición.
Y además de la presión del G7, otros países de América Latina también han expresado su preocupación por la situación en Venezuela. Por ejemplo, el ministro de Relaciones Exteriores de España, José Manuel Albares, señaló la necesidad de total transparencia en el proceso electoral, sumándose a las voces que piden la publicación detallada de los resultados por cada mesa de votación.
Comunicados clave
La respuesta de la comunidad internacional también ha incluido declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, quien ha llamado a un recuento de votos “justo y transparente”. El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha calificado la situación como “difícil de creer” y ha afirmado que su país no puede reconocer resultados que no sean verificables.
Otro que también ha criticado el resultado es Gustavo Petro, presidente de Colombia. Durante una reunión con su homólogo brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, Petro sugirió la creación de una “garantía de vida” para los perdedores de las elecciones en Venezuela, destacando la importancia de un pacto democrático que asegure la protección de los derechos y la vida de los opositores políticos.
Petro subrayó que es fundamental que los resultados reflejen la voluntad del pueblo venezolano y propuso la posibilidad de un plebiscito para garantizar un proceso democrático y transparente. Además, llamó a la “máxima moderación” y a una solución pacífica y democrática liderada por los venezolanos, instando a terminar con la represión y las detenciones arbitrarias de los manifestantes y miembros de la oposición.
Por otra parte, el Centro Carter, una institución independiente con sede en Estados Unidos, ha criticado la “completa falta de transparencia” en las elecciones. Este tipo de informes refuerza la posición del G7 y otros actores internacionales en su demanda de mayor transparencia y justicia.
Sin embargo, Maduro hace oídos sordos a estos comunicados. El chavista indicó que tanto González como Machado tienen que “estar detrás de la reja”, por supuestas acciones “criminales” en los últimos días, cuando se registraron múltiples protestas espontáneas en rechazo al resultado oficial de los comicios del domingo.
“Si me preguntan mi opinión como ciudadano, te digo que esa gente tiene que estar bajo las rejas, detrás de la reja, y tiene que haber justicia en Venezuela”, aseveró Maduro.
Horas antes, la líder opositora había alertado de “la escalada cruel y represiva” del Gobierno, después de los controvertidos comicios presidenciales, en los que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ratificó como presidente a Maduro, con el 20 % de las actas -más de dos millones de votos- pendientes de escrutar, lo que ha desatado manifestaciones en varias partes del país.
“Tras la contundente e inapelable victoria electoral que logramos los venezolanos el 28 de julio, la respuesta del régimen es el asesinato, el secuestro y la persecución. Alerto al mundo sobre la escalada cruel y represiva del régimen, que hasta hoy cuenta con más de 177 detenciones arbitrarias, 11 desapariciones forzadas y al menos 16 asesinatos en las últimas 48 horas”, alertó Machado en X.
Para la antichavista, “esa es la respuesta criminal de Maduro al pueblo venezolano”, que salió a “la calle en familia, en comunidad, a defender su decisión soberana de ser libres
Un total de 1.062 personas han sido detenidas en Venezuela esta semana tras las numerosas protestas registradas en varias regiones del país contra el resultado electoral del domingo.
Según informó este miércoles el fiscal general, Tarek William Saab, aquellos detenidos “a los que se les determine la responsabilidad” en las protestas “quedarán privados de libertad por muchos años”.