La sentencia que inhabilitó de inmediato a Marine Le Pen por corrupción debe seguir el “camino normal” de la Justicia. “El caso no se resolverá en los medios de comunicación ni en las calles, sino en el Tribunal de Apelación”, advierte la jueza Alexandra Vailland, secretaria general de la Unión Sindical de los Magistrados en Francia durante entrevista a Artículo14. Tras la manifestación convocada en París por el ultraderechista Agrupación Nacional, la jueza criticó la “presión virulenta” ejercida sobre la Justicia. “Están poniendo dianas en las espaldas de los jueces”, se alarma.
Desde que el 31 de marzo la actual favorita en los sondeos para las presidenciales de 2027 fue condenada en primera instancia por corrupción, su partido se empeña en revertir la pena. Dentro y fuera de los tribunales. Además de la apelación del caso -la cual ya ha sido aceptada y se decidirá en verano de 2026-, acusaciones contra el sistema judicial por parte de miembros del partido y de sus simpatizantes marcan desde entonces el debate público.
“No me rendiré”, clamó Marine Le Pen durante la protesta frente al monumento de los Inválidos donde está el mausoleo de Napoleón, tras calificar su sentencia de “criminalización de adversarios” y “cacería”. La manifestación, asimismo, contó con menos público de lo que se esperaba.
Malversación de fondos públicos
“Afortunadamente, no se trata de un juicio político. No se juzga a la Agrupación Nacional por su programa político o sus ideas, sino por malversación de fondos públicos“, asevera Vailland, que a los 44 años ejerce en el Tribunal de Apelación de Versalles. Ella se dice sorprendida por la violencia e intensidad inéditas de los ataques contra los tribunales. “Cuestionar el sistema judicial y enriquecer el debate público es perfectamente normal y deseable en una democracia. Lo que nos preocupa son las amenazas y los ataques virulentos a decisiones de la Justicia”.
Las consecuencias, además de la pérdida de confianza en las instituciones, son bastante tangibles: “Están poniendo dianas en las espaldas de los jueces. Es muy peligroso para la democracia y el Estado de Derecho”. De hecho, la presidenta del tribunal penal de París que instruyó el caso, Bénédicte de Perthius, está bajo protección policial.
La respuesta de Macron
Vailland lamenta la tímida reacción del presidente Emmanuel Macron, quien, según la Constitución, es el garante de la independencia del poder de la Justicia. En el Consejo de Ministros, Macron intervino para subrayar que “la Justicia es independiente”. “Está muy bien, pero la reacción podría haber sido más rápida y significativa”, afirma la magistrada.
Ley anticorrupción
El colegiado de tres jueces aseveró la responsabilidad penal de 24 miembros del partido por malversación de unos 4 millones de euros de fondos públicos del Parlamento Europeo. El tribunal desentrañó un esquema en el que los asistentes que deberían trabajar desde Bruselas para eurodiputados eran en realidad destacados para tareas del partido en Francia. Todos los culpables tuvieron penas adicionales de inhabilitación. Pero es la aplicación de dichas penas lo que alimentó las críticas.
Se trata, en términos jurídicos, de una ejecución provisional de penas adicionales, esto es, aquellas penas distintas a la prisión o a la multa -en el caso de Le Pen, 4 años de prisión y 100.000 euros de multa. Cabe al juez decidir si la pena adicional debe cumplirse de inmediato o no. A modo explicativo, la jueza Vailland toma como ejemplo la violencia contra la mujer ejercida por su cónyuge: “Como pena accesoria (…) se impone a menudo la prohibición de contacto del agresor con la persona maltratada para que se aplique inmediatamente. A nadie se le ocurre contestar eso. ¿Por qué debería ser normal para todos y no serlo para los políticos?”
Las condenas inmediatas de inelegibilidad son raras en los litigios relacionados con políticos. “Pero es una posibilidad que ofrece la ley”, argumenta esta magistrada que también ya ejerció en la Fiscalía. Desde 2016, los cambios legislativos trataron de fortalecer la lucha contra la corrupción en la política. “Si los parlamentarios no están satisfechos con el estado de la ley que el magistrado se limita a aplicar, pueden cambiarla […], pero luego deberán explicar a su electorado por qué, después de años de lucha contra la corrupción, ahora tenemos que retroceder“.
Evitar la reincidencia
Efectivamente, los esfuerzos del partido más votado en Francia para mantener vivos los planes de Marine Le Pen para su cuarta campaña para el Elíseo -en la última obtuvo 13 millones de votos-, incluyen cambiar la ley. El nuevo aliado Éric Ciotti (ex líder de los centro-derechistas Los Republicanos y expulsado de ese partido) anunció la intención de presentar un texto en los próximos meses que podría beneficiar a la hija de Jean-Marie Le Pen.
Vailland finaliza con ironía: “Si es esta sentencia la que les causa más problemas, es porque obviamente es eficaz. Y el objetivo de una sentencia es ser eficaz para evitar la reincidencia”.