El arresto del expresidente filipino Rodrigo Duterte ha reavivado la esperanza de justicia entre las familias de las víctimas de su controvertida y letal guerra contra las drogas. Durante su mandato, que se extendió de 2016 a 2022, miles de personas, en su mayoría de comunidades urbanas pobres, perdieron la vida en operaciones policiales y ejecuciones extrajudiciales. Las cifras oficiales hablan de alrededor de 7.000 muertos, aunque organizaciones humanitarias estiman hasta 30.000 víctimas.
La detención de Duterte, ejecutada en el Aeropuerto Internacional de Manila por una orden de la Corte Penal Internacional (CPI) que lo acusa de crímenes contra la humanidad, ha generado una mezcla de emociones entre las familias de las víctimas.
“Esta medida por la CPI es prueba de la validez de nuestra llamada para pedir cuentas a Duterte y sus cómplices por llevar a cabo la guerra contra las drogas”, afirmó en un comunicado la asociación Rise Up, que reúne a familiares de las víctimas de la brutal campaña del expresidente filipino.
“Nunca los volveremos a ver”
Jane Lee, mujer de una de las víctimas de la guerra contra las drogas de Duterte: “Estoy llorando, realmente quería verlo en la cárcel. Pagarán por lo que nos hicieron”, aseguró en un comunicado.
Jerica Ann Pico, cuyo esposo fue asesinado durante esta campaña, describió su reacción al enterarse de la detención de Duterte como un renacer. “Me sorprendió y sentí como si hubiera vuelto a la vida porque lo que hemos estado luchando finalmente se está materializando; finalmente estamos obteniendo justicia para nuestros seres queridos que nos fueron arrebatados”, expresó Pico a Reuters tras asistir a una misa en Manila junto a otras familias afectadas. “Al menos Duterte solo estará en prisión. Su familia podrá verlo y visitarlo”, añadió Pico conteniendo las lágrimas. “A diferencia de nosotros, que perdimos a nuestros seres queridos, nunca los volveremos a ver“.
Sarah Celiz, madre de dos hijos asesinados en 2017, compartió sentimientos encontrados de tristeza y alivio. Sus hijos, Almon y Dicklie, fueron víctimas de la violencia estatal; el primero fue asesinado en un velatorio y el segundo murió bajo custodia policial seis meses después. “Me quedé realmente impactada. Fue como si una bomba hubiera explotado de repente”, alegó Celiz. “Lloré de alegría y tristeza. Tristeza por la pérdida de nuestros seres queridos… alegría porque él (Duterte) ahora está donde debe estar”, declaró Celiz a The Guardian.
“Ya no tenemos a nadie a quien llamar papá”
El impacto de la guerra contra las drogas no solo afectó a las víctimas directas, sino también a sus familias, especialmente a los niños. Un informe de la ONG Human Rights Watch documentó que miles de menores han sufrido daños físicos, emocionales y económicos duraderos. Jennifer M., quien presenció el asesinato de su padre por agentes de policía en 2016, experimentó ansiedad, dejó de comer y sufrió acoso escolar tras el incidente.
“Estaba enfadada con los policías porque mi padre suplicó clemencia, pero no lo escucharon”. “No puedo explicarlo porque con tantos asesinados aquí en Payatas, es como si mi mente se quedase aturdida. ¿Con quién poder hablar de esto? ¿Qué pasa por tu mente cuando recuerdas lo que pasó? Es como si tu mente estuviera en desorden”. Karla A. también presenció la muerte de su padre a manos de los agentes en 2016. “Yo estaba allí cuando ocurrió, cuando dispararon a mi papá. Lo vi todo, cómo dispararon a mi papá… Nuestra familia feliz ya no existe. Ya no tenemos a nadie a quien llamar papá. Queremos estar con él, pero ya no podemos”.
Justicia para más involucrados
Las víctimas y las organizaciones de derechos humanos sostienen que Duterte no debe ser el único señalado. También exigen justicia para otros involucrados, como su exjefe de policía, el actual senador Ronald de la Rosa, quien estuvo a cargo de la brutal represión y está siendo investigado por la Corte Penal Internacional. Dela Rosa ha reiterado en diversas ocasiones que la guerra contra las drogas de Duterte fue completamente legal. En una de ellas, hizo una burla sobre los niños muertos en el fuego cruzado de las operaciones policiales, calificándolos como “daños colaterales” y añadiendo que “esas cosas pasan”.
“Deberían estar con Duterte y no dejar que Duterte sea el único responsable”, explicó Emily Soriano, cuyo hijo fue asesinado en la campaña antidrogas. “Menos mal que Duterte está teniendo el debido proceso. Sigue disfrutando de su cama”, dijo entre lágrimas. “¿Y qué hay de mi hijo, el que fue asesinado? Sus restos llevan más de ocho años pudriéndose en el cementerio”.
Duterte, ante la CPI
El expresidente filipino Rodrigo Duterte comparecerió este viernes por primera vez ante la Corte Penal Internacional (CPI) como sospechoso de asesinato como crimen de lesa humanidad durante su campaña contra las drogas en Filipinas entre 2011 y 2019, aunque la sesión se limitó a verificar su identidad y su conocimiento de los cargos y sus derechos. La audiencia tuvo lugar en las dependencias de la CPI, a unos dos kilómetros del Centro de Detención.
Los jueces creen que “existen motivos razonables” para vincular a Duterte con el crimen de lesa humanidad de asesinato. “Hubo un ataque dirigido contra una población civil en cumplimiento de una política organizacional mientras Duterte era el líder del Escuadrón de la Muerte de Davao (DDS), y en cumplimiento de una política estatal durante su mandato como presidente de Filipinas”, añadió el tribunal, cuando aprobó la orden de arresto secreta el 7 de marzo.
“Me siento feliz, porque quienes cometieron el crimen, incluido el expresidente, siguen siendo perseguidos. Espero que lo encarcelen”, dijo Purísima Dacomos según recoge EFE, a quien la vida le dio un vuelco la noche en la que varios agentes de Policía irrumpieron en su casa y mataron a su esposo, hace ya casi ocho años en la región capitalina de Caloocan.
Cuando era presidente de Filipinas, Duterte retiró a Manila en marzo de 2019 del Estatuto de Roma, por temor a la rendición de cuentas, pero esa decisión no afectó la jurisdicción sobre los crímenes cometidos antes de esa fecha.