Venezuela acudió a las urnas el pasado 28 de julio, en unas controvertidas elecciones presidenciales marcadas por acusaciones de fraude y un amplio rechazo internacional.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que el presidente en funciones, Nicolás Maduro, ganó con el 52% de los votos frente al 43% del candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia. Sin embargo, la oposición y varias organizaciones independientes presentaron pruebas contundentes que indican que González Urrutia habría ganado con un 67% de los votos. Esta discrepancia ha llevado a la Unión Europea, Estados Unidos y varios países de América Latina a no reconocer los resultados anunciados por el CNE, mientras que las protestas en Venezuela han resultado en al menos 11 muertos y miles de arrestos.
Una ciudadana venezolana participa en una protesta este miércoles en Cali (Colombia)
En respuesta a estas acusaciones, la oposición ha exigido la publicación detallada de los resultados de cada mesa electoral y ha publicado sus propias actas mostrando una victoria clara de González Urrutia. Y muchos líderes internacionales, incluyendo al Papa Francisco, han instado a buscar la verdad y a evitar la violencia. Mientras tanto, el presidente Maduro ha rechazado las acusaciones de fraude, calificándolas como un intento de “usurpación” por parte de Washington y otros actores internacionales. La situación sigue siendo tensa y crítica, con la comunidad internacional pidiendo transparencia y una verificación independiente de los resultados electorales.
Maduro, debilitado
Frente a la violencia, se despliegan varios escenarios posibles — y no todos favorecen a la dictadura. Un análisis publicado por el periodista peruano Jaime Bayly afirma que, desde que se anunció el fraude electoral, Maduro no ha dormido bien, su comportamiento se ha vuelto errático y trata mal a sus colaboradores. Sufre de insomnio y falta de apetito, y se siente en un callejón sin salida, psicológicamente no preparado para enfrentar la crisis actual.
Con perspectiva cínica, la actual situación, con las manifestaciones y las pruebas que demuestran el fraude, podría favorecer los objetivos de aquellos que quieren ver a Maduro fuera del poder. Y es que, según The New York Times, Maduro está viviendo una “pesadilla” después de ser informado de que realmente perdió las elecciones, contradiciendo las encuestas falsas que sus aliados le enseñaron. Pero las encuestas serias indicaban que Edmundo González Urrutia iba a ganar, lo cual subraya la magnitud del engaño interno que sufrió Maduro.
Según fuentes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la oposición, liderada por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, ya tenia preparado un operativo con 600,000 jóvenes para documentar los resultados electorales, anticipando su victoria y el intento de fraude de Maduro y su gobierno. En contraste, la falta de preparación del equipo de Maduro para justificar el fraude electoral ha empeorado su situación. Por eso, las denuncias de fraude y las pruebas presentadas por la oposición han debilitado aún más la posición de Maduro.
La líder opositora venezolana María Corina Machado abraza al candidato a la presidencia de Venezuela Edmundo González Urrutia
La solución ‘Biden’
Luego está la dimensión internacional, donde el presidente brasileño Lula da Silva y el estadounidense Joe Biden estarían tramando una estrategia para encontrar una salida pacífica a la crisis en Venezuela. Según Bayly, proponen una solución que no requiere la salida inmediata de Maduro, ya que su mandato oficial termina el 10 de enero de 2025. Biden, inspirado por su reciente éxito en un intercambio de prisioneros con Rusia, ve una oportunidad para lograr un triunfo diplomático antes de que termine su mandato.
Su propuesta junto a Lula incluiría ofrecer amnistía a Maduro y a un grupo selecto de sus aliados a cambio de que abandonen el poder pacíficamente. Esta amnistía permitiría la protección de sus fortunas corruptas y su exilio, beneficiando a unas 20 personas, incluyendo a Maduro y su círculo cercano. La idea es ofrecerles una salida segura y limpia antes del fin de su mandato oficial.
El plan A de la dictadura
Luego estaría el escenario que sí favorece a la dictadura, y que permitiría a Maduro gestionar de manera más eficiente el problema que supone la evidencia contundente de fraude en las elecciones. En este escenario, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela estaría considerando declarar nulas las elecciones, alegando que las cifras electorales pudieron haberse corrompido debido a un supuesto “ataque cibernético”, utilizado por Maduro como una cortina de humo.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sostiene el acta de juramentación del presidente electo entregada por el presidente de Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso
El TSJ ya ha solicitado al Consejo Nacional Electoral (CNE) toda la información técnica que respalde este supuesto “ataque cibernético” que, según el CNE, ocurrió el 28 de julio, impidiéndoles suministrar las actas. Esto permitiría al régimen ganar tiempo y reducir la presión tanto a nivel nacional como internacional. Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, podría sugerir la repetición de las elecciones para apoyar a Maduro, con la esperanza de que México y Brasil también respalden esta iniciativa. Este apoyo regional es crucial para legitimar la narrativa del ataque cibernético y la necesidad de realizar nuevas elecciones.
El polémico ciberataque
Después, el TSJ afirmará haber consultado con una o dos empresas especializadas en ciberseguridad que, tras analizar la información técnica proporcionada por el CNE, concluirán que efectivamente ocurrió un ciberataque y que una parte significativa de los datos fue corrompida. Pagaran lo que sea para conseguir un informe técnico forense de ciberseguridad de una empresa especializada.
Con los datos falsificados, el TSJ justificará administrativa y legalmente que los boletines emitidos por el CNE se basaron en información alterada por el “ciberataque”, liberando al CNE de responsabilidad legal. Esto argumentará que no hubo intención de favorecer a ningún candidato, sino que las cifras no eran fiables. Y entonces, ordenará al CNE desproclamar a Maduro, lo cual aliviaría la presión nacional e internacional, y programará una nueva elección presidencial para la primera quincena de diciembre de 2024. Esto daría al chavismo un margen de cuatro meses para corregir fallos y fortalecer el sistema, preparándose mejor para garantizar su triunfo.
Además, el TSJ exigirá al gobierno que garantice a la oposición las condiciones y garantías necesarias para desarrollar su campaña electoral y ordenará la liberación inmediata de todas las personas detenidas durante las manifestaciones, proporcionando alivio social. Así, desempeñaría el papel de mediador “sabio”, produciendo efectos inmediatos como la congelación de la situación actual, eliminando el sesgo de fraude al culpar al ciberataque, complaciendo a un sector de la comunidad internacional al prometer un nuevo proceso electoral y proporcionando al régimen el tiempo necesario para asegurar su victoria en diciembre.