El juicio contra Dominique Pélicot, acusado de haber drogado a su esposa durante casi una década para que fuera violada por más de 50 hombres, se ha visto paralizado durante una semana debido a los problemas de salud del propio Pélicot.
Este proceso judicial, que está teniendo lugar en Aviñón, Francia, es considerado uno de los más importantes en materia de violencia sexual en las últimas décadas en el país, porque afecta a un total de 51 hombres, acusados de participar en las violaciones tras ser reclutados por Dominique Pélicot a través de un foro de internet. Pero la ausencia de Pélicot en las audiencias está generando un fuerte retraso que afecta tanto a la defensa como a la acusación, dado que su testimonio es central para la continuación del juicio. De momento, tiene al juzgado secuestrado mientras esperan su mejora.
Por su parte, Gisèle Pélicot envió este lunes un mensaje a las víctimas de violencia sexual en todo el mundo: “No estáis solas”. Agradeció las muestras de apoyo recibidas, especialmente las manifestaciones del sábado, y compartió: “Gracias a todos vosotros tengo fuerzas para llevar esta lucha hasta el final“.
Un juzgado secuestrado
El juicio empezó el 2 de septiembre de 2024 y estaba previsto que se prolongara hasta diciembre del mismo año. Sin embargo, la ausencia de Dominique desde el lunes de la semana pasada ha impedido que el juicio continúe. El acusado, de 73 años, dice sufrir una infección renal, un cálculo en la vesícula y problemas de próstata, lo que ha sido confirmado por su abogada, Béatrice Zavarro.
La misma Zavarro ha denunciado repetidamente que su cliente no ha recibido el tratamiento médico adecuado y que, a pesar de que lleva más de una semana quejándose de fuertes dolores, no fue atendido de manera adecuada hasta el sábado 14 de septiembre. “Ocho días después de que comenzaran sus dolores, estoy estupefacta”, declaró Zavarro a los medios.
Pero el proceso judicial se ha visto completamente secuestrado por la situación médica del violador, ya que Pélicot tendría que haber testificado la semana pasada. El pasado martes 10 de septiembre, el presidente del tribunal, Roger Arana, solicitó que un experto médico examinara al acusado para determinar si estaba en condiciones de declarar. Según el informe presentado por el médico, Pélicot estaba en condiciones de comparecer ante el tribunal, lo que permitió que se mantuvieran las sesiones judiciales. Sin embargo, el miércoles 11 de septiembre, aunque Pélicot se presentó en el juzgado, tuvo que retirarse rápidamente, ya que apenas podía mantenerse en pie debido a los fuertes dolores que padecía.
Tras su retirada el miércoles, las sesiones programadas para el jueves y el viernes fueron suspendidas, al igual que la del lunes 16 de septiembre, debido a la ausencia de Pélicot.
Esta falta de transparencia ha llevado al presidente del tribunal a ordenar que dos nuevos expertos médicos examinen al acusado y entreguen un informe detallado sobre su condición física. Este informe, que se espera que se lea el martes 17 de septiembre, será determinante para decidir si el juicio puede continuar o si debe ser pospuesto.
“Con el informe de los expertos tomaremos las decisiones sobre la continuación del proceso”, señaló el juez Arana. Aunque todavía no se ha confirmado si Pélicot podrá testificar en los próximos días, la prolongación de su ausencia podría implicar un aplazamiento mayor del juicio, lo que sería una “catástrofe” para las víctimas, según los abogados de la acusación.
Una humillación para todos los involucrados
Antoine Camus, uno de los abogados que representa a la parte civil, lamentó los efectos que un aplazamiento prolongado podría tener sobre las víctimas del caso. “Estamos hablando de un gran proceso que atrae el interés internacional. Si hay que aplazarlo, supondría empezar de cero, con todo lo que ello supone para las víctimas“, declaró Camus. Añadió que se ha perdido una semana completa debido a la falta de tratamiento médico adecuado para el acusado, y que esta situación de incertidumbre es “insostenible”.
La paralización del juicio también preocupa a los abogados de los otros acusados. Patrick Gontard, que defiende a varios de los hombres acusados de participar en las violaciones, advirtió que si el juicio sigue sin avanzar, pedirá la puesta en libertad de sus defendidos.
La dignidad de Gisèle
Mientras tanto, Gisèle Pélicot ha asistido puntualmente a todas las audiencias, a pesar de las interrupciones del juicio. Durante este tiempo, ha recibido muchísimas muestras de apoyo por parte de la opinión pública.
Este sábado 14 de septiembre, miles de personas se manifestaron en distintas ciudades de Francia en apoyo a Gisèle y a todas las víctimas de violación. Bajo el lema “Todos somos Gisèle”, las protestas tuvieron lugar en París, Marsella, Lyon, Rennes y Aviñón, ciudad donde se celebra el juicio. Gisèle ha agradecido las muestras de solidaridad, afirmando que “la vergüenza debe cambiar de bando” y que este juicio debería servir como ejemplo para visibilizar la lucha de las víctimas de violencia sexual.
Dominique Pélicot está acusado de haber drogado a su esposa con medicamentos como Temesta (lorazepam), que inducían un coma ligero, para que otros hombres pudieran violarla sin que ella fuera consciente de lo sucedido. Estos actos habrían sido cometidos a lo largo de casi diez años, durante los cuales Pélicot grababa los abusos en vídeo. La policía descubrió este caso en 2020, cuando Pélicot fue arrestado por grabar bajo las faldas de mujeres en un centro comercial de Carpentras. Al revisar su ordenador, las autoridades encontraron miles de vídeos y fotografías que documentaban las violaciones.
El juicio, conocido como el “affaire Mazan”, en referencia a la localidad donde se cometieron los abusos, ha abierto un intenso debate en Francia sobre la violencia sexual y el uso de drogas para cometer agresiones. Asociaciones feministas han aprovechado el proceso para exigir reformas en la legislación sobre violencia sexual y para denunciar la elevada tasa de desestimación de denuncias por violación en Francia, que alcanzó el 94 % en 2020. Además, han criticado lo que consideran una “pasividad” por parte de la sociedad ante estos casos de violencia extrema.