El consentimiento lo utilizamos a diario y en todo tipo de situaciones. “Cuando quieres un boli, preguntas a tu colega si te lo puede prestar. ¿Por qué habría que ser distinto en la sexualidad?” El ejemplo simple y a la vez elocuente nos lo ofrece la ecologista Marie-Charlotte Garin, que acaba de presentar en la Asamblea un proyecto de ley bipartidario para cambiar la definición legal de la violación, junto con su colega Véronique Riotton (del grupo macronista Ensemble pour la Republique).
Las dos diputadas de partidos políticos rivales lideraron una misión parlamentaria durante casi un año para investigar la necesidad o no de incluir la falta de consentimiento de la víctima en la ley de la violación. Entrevistaron a decenas de expertos, juristas, asociaciones y víctimas. Los resultados les dan la razón. “El consentimiento debe estar en el epicentro de las relaciones”, afirmó Garin en una entrevista a Artículo14. “Si no se presta atención a él, ya no se habla de sexualidad, sino de violencia y dominación”.
La diputada francesa Marie-Charlotte Garin
Qué es la violación
En el informe de 150 páginas expuesto públicamente antes de la propuesta de ley, queda claro la necesidad legal de “expresar más claramente qué es la violación y el papel fundamental de obtener un consentimiento que no sea negativo, sino libre e informado”. Aun así, como el mismo documento advierte, tampoco se trata de una solución mágica. “Es cierto que esta reforma no supondrá una varita mágica contra la violencia sexual, pero puede iniciar el movimiento hacia un cambio de paradigma”, propugna.
Actualmente, según el artículo 222-23 del Código Penal, la violación depende de que el acto sexual haya sido realizado con violencia, coacción, amenaza o sorpresa por parte del agresor. La nueva propuesta mantiene los criterios actuales y añade el consentimiento. Para Garin, el cambio en la ley servirá, así, como “una herramienta adicional para la Justicia”, que pasaría a llevar en cuenta “las víctimas que se encuentran a menudo en estado de shock, control o vulnerabilidad”. Ello se traduce por la obligación de evaluar las circunstancias y el contexto en los que se produjo o no el consentimiento, y el estado en el que se encontraba la víctima.
Revolución cultural
La diputada de 29 años nacida en Vernon (Normandía), ahora en su segundo mandato, no esconde sus expectativas. La ley debe no solo acompañar los cambios culturales que ya se hacen notar, como también incentivarlos: “Queremos una verdadera revolución cultural”, defiende esta diplomada de Sciences Po.
Marie-Charlotte Garin, la diputada francesa autora de la nueva propuesta para cambiar el Código Penal
Ella sabe que el camino es largo. Según un estudio del instituto YouGov encargado por la plataforma Bumble, 63% de los jóvenes entre 18 y 24 años en Francia tiene miedo a decir ‘no’ a su pareja.
Un proyecto con potencial
Entre la Asamblea y el Senado, se cuentan actualmente cuatro propuestas de ley similares. Pero la más reciente, de Garin y Riotto -que también viene firmada por el ex primer ministro macronista Gabriel Attal– parte con ventaja. La principal, basarse en el sólido trabajo de investigación previo, es decir, la misión parlamentaria apoyada desde 2023 por los sucesivos gobiernos (Attal, Michel Barnier y, ahora, François Bayrou). Además, cuenta con el respaldo de la presidencia de la Asamblea, Yaël Braun-Pivet (macronista), reelegida tras la disolución del Parlamento el pasado junio.
El texto ahora será analizado por el Consejo de Estado, el máximo órgano de la Justicia administrativa en Francia. La expectativa es que, tras su visto bueno, la Asamblea examine la propuesta entre finales de marzo y principios de abril. Garin no descarta contribuciones de otros partidos, ya sea en la Asamblea o en el Senado. “Hay espacio para buenas ideas de buena voluntad”. Cuestionada si la presencia de otros proyectos similares puede dispersar a los parlamentarios, ella contesta: “Estamos reuniendo a mucha gente, tenemos muchas posibilidades de aprobarlo”.
La inscripción del consentimiento en la ley francesa sigue una tendencia internacional. En 1983, lo hicieron en Canadá. En Europa, además de España, ya es una realidad en Alemania, Croacia, Chipre, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Islandia, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Reino Unido, Eslovenia, Suecia, Suiza y, desde 2022, en Bélgica, país que cuenta con un sistema judicial similar al francés.
El efecto Pelicot
Además del apoyo de diferentes partidos políticos, lo que sí se queda patente es que la buena acogida del proyecto de ley es una de las consecuencias más concretas del “caso Gisèle Pelicot”. Al final, la imposibilidad de consentir con los actos sexuales a los que la sometieron durante años -mientras estaba drogada con ansiolíticos por su marido- ha sido clave en la condena de los 51 acusados en el juicio de casi cuatro meses que, desde Aviñón, sacudió a Francia y al mundo.
Gisele Pelicot, con sus abogados, habla con los medios al concluir el juicio en Aviñón
Muchas cosas cambiaron después de Gisèle Pelicot. En el plenario del Palais Bourbon, sí, pero también fuera. “Creo que la gente está escuchando mucho más. Estamos más atentos a la cuestión de la violación. También lo veo en los medios, las preguntas de los periodistas son mucho más respetuosas. Eso ha sido gracias a Gisèle”, afirmó la joven diputada del área metropolitana de Lyon.
Recientemente, el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, anunció en entrevista a la revista Elle la intención de llevar a plenario enmiendas a otro proyecto de ley contra la violencia machista, ésta vez presentado por la ministra de Igualdad, Aurore Bergé, cuando era diputada. Darmanin sugiere aumentar la pena para las violaciones en serie (de los actuales 20 años para 30), ampliar la duración de la detención policial e incluir dos nuevas circunstancias agravantes (violación premeditada o cometida en el domicilio de la víctima).