En los últimos años, las personas y las organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos de las mujeres han conquistado avances en cuanto al respeto de esos derechos, incluidos los sexuales y reproductivos. Sin embargo, sus logros se están viendo menoscabados. ONU Mujeres ha advertido de que las disparidades de género se están acrecentando. Estas son algunas de las principales conclusiones del devastador informe anual de derechos humanos de Amnistía internacional (AI).
La ONG asegura que algunos gobiernos han intensificado la discriminación contra las mujeres y las niñas. Las autoridades de Afganistán les han prohibido recibir educación más allá de la escuela primaria, trabajar en oficinas de las ONG y la ONU y obtener empleo en la mayoría de los organismos públicos, y las de Irán han intensificado la represión para imponerles el uso del velo. En ambos países, las mujeres se han enfrentado a brutales represalias del Estado por ejercer o exigir sus derechos. En Francia, las autoridades aumentaron sus restricciones a la vestimenta considerada religiosa en las escuelas y los centros deportivos, lo que supone una discriminación de las mujeres y las niñas musulmanas.
Derechos reproductivos
En 2023 se lograron avances en materia de derechos sexuales y reproductivos en algunos países. En Honduras, el Gobierno puso fin a 14 años de prohibición del uso y venta de la píldora anticonceptiva de emergencia, aunque el aborto siguió estando prohibido. En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional su penalización. En Finlandia y España se facilitó el acceso a esta práctica. Sin embargo, en otros países, las autoridades han socavado los derechos sexuales y reproductivos, incluido el acceso al aborto, denuncia AI.
En Estados Unidos, 15 estados lo han prohibido totalmente o con excepciones sumamente limitadas, lo que ha afectado de forma desproporcionada a las personas negras y de otros grupos racializados. En Polonia, al menos una mujer perdió la vida en 2023 por haber sido privada de servicios de aborto. Plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok han eliminado información esencial sobre los derechos reproductivos tras la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos que puso fin a la protección federal del derecho al aborto en 2022. Las personas que defienden este derecho —activistas y personal sanitario— se han visto expuestas a estigmatización, agresiones físicas y verbales, e intimidación y amenazas, además de haber sido criminalizadas mediante procesamientos, investigaciones y detenciones injustas.
Violencia contra las mujeres
Aministía Internacional también detalla en su informe que la lucha de quienes defienden los derechos de las mujeres ha propiciado en los últimos años la bien acogida introducción de algunas medidas para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas. Pese a ello, esta violencia se ha mantenido a un nivel alarmante.
En 2023 se reforzó la protección jurídica para prevenir y combatir la violencia de género, incluida la violencia sexual e intrafamiliar, en países como Japón, Macedonia del Norte, Suiza y Uzbekistán. Sin embargo, las autoridades fracasaron sistemáticamente en todo el mundo ala hora de abordar la arraigada violencia de género y la impunidad de la que a menudo gozan los agresores, además de desatender las necesidades que las sobrevivientes tienen a largo plazo. Durante el año, en México fueron asesinadas un promedio de nueve mujeres al día. En Argelia y Túnez, entre otros países, se cometieron homicidios de mujeres “en nombre del
honor”. La muerte de una joven de 16 años que puso fin a su vida para escapar de un matrimonio forzado en Níger y la de una niña de 2 años sometida a mutilación genital
femenina en Sierra Leona ilustran los efectos devastadores de las prácticas tradicionalesnocivas.
A continuación, algunos de los países mencionados en el informe en su trato y maltrato hacia las mujeres.
La represión contra las mujeres
Irán
Irán intensificó en 2023 la represión de las mujeres y las niñas que desafiaban las leyes sobre el uso obligatorio del velo, entre otras violaciones de los derechos humanos, subrayó este miércoles Amnistía Internacional (AI).
En su informe anual sobre la situación global de los derechos humanos, AI denunció que las autoridades iraníes continuaron tratando a las mujeres como “ciudadanas de segunda clase” en ámbitos legales y sociales, a lo que se sumó la represión por el uso del velo.
“Las autoridades intensificaron la represión en todo el país contra las mujeres y las niñas que desafiaban la obligatoriedad del velo, introduciendo políticas que vulneraban sus derechos sociales, económicos, culturales, civiles y políticos, y restringieron su libertad de circulación”, indicó la ONG, según resume EFE.
Muchas mujeres iraníes han dejado de usar el obligatorio velo islámico como forma de protesta y desobediencia civil desde la muerte en septiembre de 2022 de Mahsa Amini tras ser detenida precisamente por llevar mal puesto el hiyab, lo que provocó fuertes protestas en el país.
Esta campaña de represión se llevó a cabo con la inmovilización de vehículos de mujeres que circulaban sin cubrirse, la negación del acceso al empleo, salud o empleo público, además de multas y castigos como lavar cadáveres.
En estas circunstancias, miles de niñas fueron envenenadas entre enero y abril “a consecuencia de unos ataques deliberados con gases químicos contra escuelas femeninas de todo el país que parecían constituir una campaña coordinada con la que castigar a las niñas por quitarse el hiyab obligatorio durante la sublevación de 2022”.
Además, prosiguió la represión por la fuerza de las protestas, las detenciones arbitrarias, los encarcelamientos injustos, las desapariciones forzadas y la tortura.
Afganistán
Amnistía Internacional (AI) denunció este miércoles el ‘apartheid de género’ impuesto por los talibanes para controlar a las mujeres en Afganistán a través del empleo de normas draconianas, con restricciones que, aseguró, serían constitutivas de crímenes de lesa humanidad.
“El objetivo de los talibanes de dominarlas totalmente mediante un régimen de discriminación sistémica podría ‘calificarse de apartheid de género”, dijo AI en su informe anual.
En Afganistán “ser mujer o niña está penalizado de facto”, sostiene.
Asimismo, las prohibiciones impuestas en 2023 dificultaron aún más el reparto de ayuda humanitaria, entre ellas la restricción de trabajar fuera de casa y en el sector público, y el impedimento de aparecer en público solas o viajar más de 72 kilómetros sin un acompañante varón.
Los salones de belleza recibieron orden para cerrar a partir de julio, lo que afectó a unos 60.000 negocios de propiedad de mujeres, informa EFE, lo que llegó a ser motivo de protestas.
Según datos de la ONU, recogidos por Amnistía Internacional, “entre marzo y junio se habían documentado en todo Afganistán 95 protestas lideradas por mujeres“, la gran mayoría manifestaciones pacíficas que el Gobierno de los talibanes reprimió con fuerza excesiva e ilegítima.
Igualmente, las mujeres han quedado prohibidas de participar en actividades deportivas o visita parques públicos, y en algunas provincias de acudir solas a restaurantes.
En el informe de AI alerta también sobre un aumento de los matrimonios precoces y forzados, de la violencia por motivos de género y de los feminicidios.
Los talibanes han ido desmantelando poco a poco la estructura institucional establecida durante el gobierno anterior, para imponer una rígida implementación de la sharia (ley islámica) en Afganistán.
Arabia Saudí
AI también denunció largas condenas de cárcel a activistas pro derechos humanos en Arabia Saudí, entre ellos Salma al Shehab, doctoranda de la universidad británica de Leeds que fue condenada a 34 años de prisión por sus publicaciones en X sobre en defensa de los derechos de la mujer.
En enero pasado el Tribunal Penal Especializado saudí confirmó una sentencia dictada por el Tribunal Supremo contra Al Shehab por “delitos de terrorismo” y la volvió a condenar a 27 años de prisión seguidos de la prohibición de viajar durante otros 27.
Por otro lado, el documento denunció que las mujeres en Arabia Saudí “continuaban siendo objeto de discriminación, en la ley y en la práctica, en cuestiones como el matrimonio, el divorcio, la custodia de los hijos e hijas y la herencia”.
Omán
Amnistía Internacional (AI) denunció a Omán por reprimir “a quienes criticaban las medidas y políticas del gobierno” así como por no proteger de forma efectiva “a la mujeres y niñas” del sultanato, según explicó la organización en su informe anual de derechos humanos.
Por otra parte, Omán “no tomó medidas concretas para proteger a las mujeres y las niñas de la violencia de género ni para poner fin a la discriminación por motivos de género”, según la organización.
Pese a su tipificación como delito en 2019, sigue existiendo la práctica de la mutilación genital femenina en diversas áreas del país, lo que provocó la reprobación del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, a quien las autoridades omaníes “se limitaron a declarar que se había creado una base de datos sobre este asunto”, explicó AI.
La ONG criticó al país árabe por no atender a “las crecientes demandas de la sociedad civil en favor de la igualdad de derechos para ellas en ámbitos como el matrimonio, el divorcio, la herencia, la nacionalidad y la custodia de los hijos e hijas”, así como “a las restricciones de circulación y el tipo de trabajo que se les permite realizar”.
Argentina
Los feminicidios en Argentina no ceden en 2023, a lo que se suma que varios se mantuvieron “impunes” y “sin investigar”, advirtió Amnistía Internacional.
AI indicó que durante el año pasado se registraron 308 feminicidios -un 62 % de ellos en el ámbito familiar-, un caso cada 26 horas, al tiempo que los crímenes de odio basados en la identidad de género aumentaron a 129 víctimas en 2022.
AI destacó que al finalizar 2023, la investigación por la desaparición y presunto feminicidio de Cecilia Strzyzowski, de 28 años, en la provincia de Chaco (noroeste) tuvo escasos avances en la Justicia, aunque su pareja y principal sospechoso, César Sena, y sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, cumplen prisión preventiva.
El ‘clan Sena’ era una familia de dirigentes sociales con una gran influencia en la política de esa provincia, cuando era gobernada por Jorge Capitanich, exjefe de Gabinete de Cristina Fernández.
También se mantiene impune el crimen de Sofía Inés Fernández, una mujer transgénero de 40 años, que fue encontrada muerta en una celda de una comisaría policial de la localidad de Derqui, provincia de Buenos Aires.
Los policías que la detuvieron por un supuesto robo afirmaron que se había suicidado, pero la autopsia preliminar reveló “asfixia como causa de muerte”; al concluir el año no se presentaron cargos.
Paraguay
Los abusos sexuales contra niños, los embarazos forzados de niñas y la violencia hacia las mujeres en Paraguay constituían en 2023 “motivo de gran preocupación”.
En el informe anual de Amnistía Internacional recogido por EFE, la ONG denuncia que en el país “se seguían vulnerando los derechos de la infancia”.
En ese sentido, la publicación detalló que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social registró el año pasado “8.900 alumbramientos de adolescentes de entre 15 y 19 años, de las que 593 eran indígenas, y 326 casos de alumbramientos de niñas de entre 10 y 14 años, de las que 85 eran indígenas”.
También consignó que los registros del Ministerio de la Mujer en Paraguay dan cuenta de 45 feminicidios y 42 intentos de feminicidio en 2023.
“En algunos casos -agregó el documento-, las víctimas habían denunciado previamente a sus agresores, y se habían tomado medidas judiciales de protección”.
República Checa y Eslovaquia
República Checa y Eslovaquia, dos países miembros de la Unión Europea (UE) y de la OTAN, tienen aún asignaturas pendientes en cuanto a la defensa y el respeto de los derechos de las mujeres y las minorías.
Amnistía Internacional destaca que el Parlamento checo no ha ratificado aún el Convenio del Consejo de Europa sobre la Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica, conocido como ‘Convenio de Estambul’.
Esa falta de adhesión al tratado que se considera el mejor instrumento jurídico internacional para proteger a las mujeres es atribuida por AI a la “desinformación”, así como al “enérgico rechazo de figuras políticas del gobierno y de la oposición”.
Japón
El informe anual de Amnistía Internacional denuncia la “arraigada” discriminación hacia mujeres, inmigrantes y personas LGTBI en Japón, y sus limitados avances en la lucha contra el cambio climático.
La ONG subraya que se ha producido una disminución en la representación política de las mujeres en los últimos años, donde estas ocupan solo el 10 % de los escaños parlamentarios y menos del 10 % de los cargos ministeriales.
Según el más reciente Informe sobre la Brecha Global de Género que publica todos los años el Foro Económico Mundial, el país también habría empeorado en este apartado, pasando del puesto 116 al 125, de un total de 146 países.
A pesar de que el Parlamento nipón aprobó enmiendas al Código Penal en virtud de las cuales se reconocía por primera vez como violación determinados tipos de relaciones sexuales no consentidas, la organización destaca “una arraigada cultura de hostigamiento que incluye el acoso sexual” en diferentes sectores, incluido el Ejército.
En este sentido se refirió al caso de la exmiembro de las Fuerzas de Autodefensa de Japón Rina Gonoi, que presentó una demanda contra cinco ahora exsoldados por el sufrimiento mental que había experimentado debido a la violencia sexual ejercida contra ella mientras estuvo en el Ejército, y contra el Gobierno por no haber evitado las agresiones ni haberlas investigado debidamente.
Ucrania
Amnistía Internacional advirtió del incremento hasta un nivel sin precedentes de la violencia de género intrafamiliar en Ucrania, que había bajado en los primeros meses de la invasión a gran escala por parte de Rusia.
“La Policía registró 349.355 casos de violencia de género intrafamiliar de enero a mayo (de 2023), en comparación con 231.244 casos registrados en el mismo período de 2022 y 190.277 en los primeros cinco meses de 2021”, indicó en su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo.