Aborto

De Dallas a Chihuahua: las estadounidenses que viajan a México para abortar

Sólo en Tijuana el porcentaje de pacientes que viajaban desde diversas ciudades de Estados Unidos para interrumpir el embarazo se ha duplicado

Frontera
El viaje de las estadounidenses para abortar en México KiloyCuarto

¿Cuál sería el destino del bebé de una adolescente de 15 años drogada por otros para violarla sexualmente? ¿Qué podría pasar con el cuarto hijo de una trabajadora sexual a quien no le alcanza el dinero para mantener a otros tres? ¿Qué amor podría darle una mujer a un niño al que no deseó?
“Un futuro incierto, tal vez infeliz”, coincidieron las mujeres de Estados Unidos que decidieron interrumpir su embarazo en México ante la imposibilidad de hacerlo en su país. O darlos en adopción y cargar con una pena moral que no querían, describen activistas de organizaciones mexicanas que las han acompañado por diversas vías desde 2020.

Con los nombramientos de tres jueces conservadores a la Corte Suprema por parte de Donald Trump se echó para atrás el fallo Roe contra Wade de 1973 y eliminó así el derecho constitucional al aborto. Entonces las mujeres de ese país quedaron en manos de leyes locales, muchas muy liberales y otras de censura.

En sentido contrario, México fue hacia la legalización absoluta desde que en 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el delito y las “acompañantes” salieron a dar la cara después de años en el anonimato.

Más de 25 millones de mujeres viven en territorios de Estados Unidos con restricciones al aborto

“Aquí teníamos tantas restricciones que tuvimos que crear un modelo de acompañamiento para el aborto en casa, con medicamentos y sin supervisión médica bajo el protocolo de la ONU que es cien por ciento seguro”, explicó Verónica Cruz, fundadora de la organización civil ‘Las Libres’, pionera en el tema.

De modo que fue natural que cuando en Estados Unidos se eliminó la garantía constitucional, las mujeres de los estados más restrictivos miraran al sur. donde no se exige prueba de residencia o ciudadanía y cuenta con la red de acompañantes que creció hasta 200 organizaciones, el 10% por ciento a lo largo de la frontera norte.

A éstas se acercaron por teléfono, a contactarlas por redes sociales para pedir asesorías, ayuda y hasta refugio para trasladarse desde los 10 estados más restrictivos: Florida, Texas, Idaho, Dakota del Norte y Sur, Oklahoma, Missouri, Arkansas, Luisiana, Indiana, Kentucky, Virginia Occidental, Tennessee, Carolina del Sur, Mississippi y Alabama…

Aunque en las últimas elecciones de noviembre pasado en Estados Unidos, los referendos mejoraron las condiciones en algunas de esas federaciones; otras siguen tan condenatorias como siempre y el máximo de semanas permitido es de 12 semanas.

Así se ha votado el referéndum sobre el aborto en varios estados de EE.UU

Florida, por ejemplo, solo da la opción hasta el mes y medio, cuando muchas embarazadas ni siquiera saben que lo están mientras Texas lo prohíbe incluso en casos de incesto o violación y otros estados dan la espalda con censuras en el presupuesto público.

Hacia México

De un momento a otro, Elvira se enteró que estaba preñada a los 15 años y sin recordar el acto sexual: fue drogada en su fiesta de graduación de la secundaria y se enteró tiempo después, cuando corrió a Chihuahua en busca de apoyo porque en los hospitales de Dallas le negaron cualquier ayuda, aunque los padres la pidieron.

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Ella se sumó así a las más de 32.000 mujeres que tiene contabilizadas la Red de Apoyo en México (como se conoce a las acompañantes) en todo el país. Particularmente en la frontera, la clínica de abortos Tijuana Profem reconoció que el porcentaje de pacientes que viajaban desde diversas ciudades de Estados Unidos para interrumpir el embarazo aumentó del 25 al 50 por ciento.

20 procedimiento a la semana

En Nuevo León, Vanessa Jiménez, de la organización Necesito Abortar, informó que actualmente atiende en promedio un caso diario mientras en Chihuahua, Marcela Castro, integrante de ‘Libres y Autónomas’, quien acompañó el caso de la texana Elvira, reveló que atiende 20 procedimientos por semana de manera presencial.

“Los familiares de esta niña creen que fue violada, que le pusieron algo a la bebida porque ella no recuerda nada de haber tenido sexo”, detalla Castro. “No se dieron cuenta de que estaba encinta porque es muy flaquita y bajó más de peso. Entonces empezó a ir al gimnasio y conforme aumentaba de peso lo atribuyeron a las proteínas y el ejercicio”.

Demandas legales

Además de las restricciones más radicales, otra de las razones por la cual las gringas piden apoyo de las acompañantes mexicanas es por el temor a ser demandadas legalmente en su país: las leyes estadounidenses permiten a cualquiera demandar a una mujer que interrumpa su embarazo y puede ser por miles de dólares.

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“Lo convirtieron en un pleito personal y muchas organizaciones que eran acompañantes en Estados Unidos se echaron para atrás: tienen que pagar multas de más o menos 10.000 dólares”, resaltó Jiménez quien actualmente ofrece su casa para aquellas mujeres que quieran un sitio seguro.

Cambio de parecer

“Yo antes me oponía a la interrupción del embarazo pero me di cuenta de que muchas mujeres fueron obligadas a tener sexo, casadas sometidas por su marido, violadas o que no les sirvió el método anticonceptivo o que su vida corría peligro”.

Gente como aquella muchacha que llegó a la clínica de Quiero Abortar cuando tenía 19 semanas y se enteró que su hijo no tenía cráneo. En el hospital materno infantil de Monterrey se negaron a ayudarla porque tenía más de tres meses.

En cambio, acota Jiménez, “a las acompañantes nos da lo mismo que tenga 12, 20 o 40 semanas, primero está la mujer, salvarla”.

Por las más vulnerables

El Instituto Guttmacher, que tiene el recuento de abortos más detallado del mundo, documentó que en Estados Unidos el costo promedio para las mujeres es de 596 dólares y lo cubren ellas mismas, el 72% con bajos ingresos, el 61% con 25 años en promedio; el 59 por ciento negras o latinas y el 86% solteras.

Libres y Autónomas Chihuahua atendió recientemente a Ariana, una trabajadora sexual que retrasó su aborto en Florida porque necesitaba un ahorro como colchón para alimentar a sus tres hijos mientras se recuperaba de la intervención. El tiempo pasó más del mes y medio autorizado y le negaron el servicio. 

Ni siquiera podía hacer una aborto por telemedicina, porque en Florida están prohibidos. Por eso fue a Chihuahua, donde no le cobraron un solo peso. Ninguna de las organizaciones de la Red cobra por ayudar a la interrupción del embarazo. Lo hacen con apoyo de donadores voluntarios y muchos de ellos estadounidenses porque desde tiempos de Trump se prohibió la canalización de dinero a organizaciones no gubernamentales que lo usaran para este fin, incluso en México, pero estas han sobrevivido por otras vías.

“Creo que se trata de un asunto de humanidad y por ello cada vez hay más gente que se pone de lado de ellas, en sus zapatos”, concluye Verónica Cruz, de las Libres.

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