Lo habían advertido y, a diferencia del mundo de la política occidental, los talibanes han cumplido con la promesa: tres años después su control sobre Afganistán es absoluto. Aunque sin contar con el reconocimiento oficial de ningún Estado, el emirato 2.0 de los insurgentes es cada vez más firme. A pesar de las promesas, la comunidad internacional ha sido incapaz de preservar los avances democráticos y las conquistas en materia de derechos individuales -entre ellas, los derechos de las mujeres afganas— llevados a cabo en los años de la república.
En la retina permanece el recuerdo infame de la huida de las tropas estadounidenses y europeas del país de Asia Central -con miles de personas corriendo literalmente detrás de los aviones militares— el mes de agosto de 2021. Para más ignominia, la llegada de los insurgentes a Kabul se producía en el vigésimo aniversario del derrocamiento por parte de la OTAN del primer emirato talibán (1996-2001).
El mundo se olvida de las afganas
“Los estadounidenses no deben morir en una guerra que los afganos no están dispuestos a luchar por sí mismos”, dijo el presidente estadounidense Joe Biden en aquellos días tumultuosos de agosto de 2021. Como era previsible, los talibanes, que han preservado sus principios ideológicos tradicionales, han aplastado a opositores, críticos y periodistas.
Tres años después, Occidente en general y Estados Unidos en particular -enfrascado en su batalla particular por la hegemonía económica con China, la guerra en Ucrania y la necesidad de apoyar a su aliado israelí en un Oriente Próximo al borde la implosión— han olvidado a las afganas. A pesar de las promesas iniciales de magnanimidad y su cacareado respeto por los derechos de todos, los talibanes siguen marginando a las mujeres en la educación y el sistema laboral tres años después las afganas.
Limitación de derechos en cascada
A finales de 2022, las autoridades afganas prohibían el acceso de las mujeres a la universidad y de las organizaciones no gubernamentales. Antes, habían hecho lo propio en la enseñanza primaria y secundaria. Sólo en las escuelas coránicas las mujeres pueden disfrutar de algo de formación. También desde diciembre de 2022, las autoridades del emirato fundamentalista vetaron a las mujeres del ámbito de las ONG.
Además, el regreso de los talibanes ha supuesto la limitación para las mujeres del acceso al sistema sanitario. La expulsión de las mujeres del sistema educativo acabará redundando en una mayor escasez de profesionales sanitarias en el muy mermado sistema de salud.
Lejos de incrementar la presión contra la teocracia afgana, fuentes militares estadounidenses admitían recientemente que la Administración Biden baraja reforzar la cooperación con los talibanes a fin de combatir una amenaza mayor para la región y los intereses de Washington: el ascenso de la rama centroasiática del Daesh, el Estado Islámico del Gran Jorasán. Los últimos atentados terroristas, incluido el que acabó con la vida de varias turistas españolas o el registrado en marzo en Moscú -de la franquicia del Daesh en la región han empujado a la Administración Biden a abordar la amenaza en su feudo afgano, lo que previsiblemente reforzará a las actuales autoridades.
“La mayor crisis del mundo para las mujeres”
Con motivo del tercer aniversario del regreso de los fundamentalistas, la ONG Human Rights Watch (HWR) recuerda cómo los talibanes han creado “la crisis más seria para los derechos de las mujeres en el mundo”. “Bajo los talibanes, recuerda HRW, es el único país donde las niñas no pueden proseguir su educación más allá de sexto grado. Los talibanes han violado el derecho de las afganas a disfrutar de la libertad de movimiento, les prohíben trabajar en muchos ámbitos laborales, han liquidado la protección para las mujeres y niñas que sufren violencia de género, levantado barreras en su acceso al sistema sanitario y les han prohibido practicar deporte y hasta ir al parque”.
Para el relator especial para Afganistán de Naciones Unidas, Richard Bennet, Afganistán vive “un sistema institucionalizado de discriminación, segregación, falta de respecto a la dignidad humana y la exclusión de mujeres y niñas”. Por su parte, para la investigadora sobre Afganistán de HRW Fereshta Abbasi “bajo el mandato abusivo de los talibanes, las mujeres y las niñas afganas viven su peor pesadilla”. “Todos los gobiernos deben apoyar los esfuerzos para que los líderes talibanes respondan por sus crímenes”, insta Abbasi.
Por otra parte, en lo que va de año, los talibanes han comenzado a detener a mujeres en las calles de las principales ciudades por un supuesto incumplimiento -con el hiyab a la cabeza— de los estándares indumentarios. Según HRW, algunas de las mujeres detenidas han sido sometidas a “violencia física, amenazas e intimidación”.
Situación humanitaria catastrófica
Al margen de la represión que sufren de manera diaria las mujeres afganas, el país sufre desde prácticamente la llegada de los talibanes -que supuso, como medida de castigo a los insurgentes, la retirada de la ayuda internacional directa a las autoridades afganas— una situación económica que no puede sino definirse de catastrófica.
El hecho de que ningún país haya reconocido oficialmente a los talibanes no significa que una parte de la comunidad internacional siga destinando ayuda humanitaria a Afganistán. Desde la vuelta de los insurgentes a Kabul, la Administración Biden -Estados Unidos sigue siendo el principal donante, con todo— ha enviado más de 2.000 millones de dólares al país de Asia Central.
Inseguridad alimentaria
El pasado mes de enero, el congresista estadounidense Michael McCaul aseguraba que “los talibanes se están beneficiando más que nunca del dinero de los contribuyentes”. “Se lo roban a las ONG para consolidar su poder”, aseguraba el republicano. El Departamento de Estado y USAID salieron entonces al paso para asegurar que la Administración estadounidense controla rigurosamente la ayuda para evitar que caiga en manos de los fundamentalistas.
Según la Oficina para la Coordinación de los Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, la ausencia de ayuda desde el exterior ha condenado a más de la mitad de la población afgana -unos 23 millones de personas– a padecer inseguridad alimentaria. Nuevamente, las mujeres y las niñas son el grupo más vulnerable.