El presidente de Argentina, Javier Milei, ha atacado duramente el Gobierno español de Pedro Sánchez. En un comunicado difundido por la presidencia argentina, Milei arremete contra el presidente del Gobierno español por poner “en riesgo a las mujeres españolas permitiendo la inmigración ilegal de quienes atentan contra su integridad física”. En Argentina, precisamente, se ha abierto un auténtico debate feminista ante la falta de juezas en el tribunal más alto del país.
Una nota al pie en el informe “Mapa de Género de la Justicia”, publicado en 2023 por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), aludió anticipadamente al origen de un debate sobre paridad de género que se está dando ahora en Argentina. Con letra minúscula, el texto recuerda que la última integrante mujer del máximo tribunal estuvo en su cargo hasta el 31 de octubre de 2021, ya que, “debido a la renuncia de la Dra. Elena Highton de Nolasco, la CSJN dejó de tener representante mujer, no contando con reemplazo a la fecha de publicación de este informe, 8 de marzo de 2023”. Un año más tarde la situación sigue igual, pero podría empeorar.
Contra las expectativas de que al menos una mujer integre el equipo de cinco miembros de la Corte Suprema, el presidente Javier Milei nominó a un hombre para reemplazar a la ahora jubilada Highton de Nolasco. Y, para terminar de ofuscar a quienes vienen impulsando la paridad de género en la Justicia, Milei puso sobre el tapete a un segundo hombre como potencial reemplazante de uno de los actuales ministros de la Corte, quien se jubilará a fin de año.
Candidato salpicado, candidato anti aborto
Hay quienes (como la propia Academia Nacional de Derecho, además de gran parte del arco político local) discuten la primera de estas decisiones, focalizando el problema de que el “nominado” es nada menos que el juez federal Ariel Lijo, acusado de enriquecimiento ilícito y de manejar los tiempos de las causas de corrupción haciéndolas dormir en su despacho.
Otros en cambio miran de cerca a Manuel José García-Mansilla, el nombre que baraja Milei para reemplazar el ministro que se jubilará. El diario “La Nación”, uno de los más conservadores de Argentina, lo definió como un abogado y catedrático “con una reconocida trayectoria en el mundo del derecho constitucional y una clara posición en contra del aborto legal”, rasgo que comparte con el presidente.
Sin embargo, estos están lejos de ser los únicos problemas. En los últimos años, el sistema judicial argentino logró progresar mucho en pos de igualar el número de hombres y mujeres que lo componen y, sin embargo, nada menos que la cúpula, cuya misión es “asegurar la supremacía constitucional, ser intérprete final de la Constitución Nacional y custodiar los derechos y garantías enunciados por ella”, corre riesgo de incumplir todos los compromisos internacionales asumidos en materia de igualdad de género.
Después de que el Gobierno libertario eliminara el Ministerio de las Mujeres y hacia fines de febrero anunciara iniciar actuaciones para prohibir el lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en toda la Administración Pública Nacional (con el argumento expresado por el portavoz presidencial, Manuel Adorni, de que “las perspectivas de género se han utilizado también como negocio de la política; eso no tiene discusión”), nada de esto sorprende.
Cifras por mejorar en la Justicia argentina
Según el mapa de género del informe citado, el plantel del “pulpo” judicial argentino estaba compuesto, en 2022, por 127.336 personas, de las cuales el 57% eran mujeres. Sin embargo, como es lógico para un país que hace muy poco camina (o caminaba…) el sendero hacia la igualdad de género, las mujeres de la Justicia conformaban sólo el 30% de las máximas autoridades.
Pero el reporte reflejaba un panorama alentador para la Corte: de su plantel de 2.541 personas, 48% eran mujeres y el 52%, varones. Dejando de lado a los cuatro ministros, tanto el llamado “funcionariado” (los cargos más altos a los que se puede acceder sin intervención de otros poderes del Estado) como el plantel administrativo, estaban compuestos por un 53% de mujeres y un 47% de varones.
En cuanto a los ministros, la Constitución Nacional argentina fue creada en 1853 y en estos 161 años de historia solo tres mujeres integraron la Corte, con la particularidad de que a la primera (Margarita Argúas) quizás habría que tomarla con pinzas, ya que fue nominada durante el Gobierno de facto de Roberto Marcelo Levingston, en 1970.
Las otras dos (una de las cuales es la ahora jubilada Highton de Nolasco) fueron incorporadas durante el kirchnerismo, cuando la composición de la Corte Suprema era de siete miembros, situación que estuvo vigente entre 2004 y 2014. Ese año murió una de esas mujeres: la reconocida jurista Carmen Argibay.
Mujeres en la Corte: Argentina, retrasada
Así las cosas, en una escala de 28 naciones de Iberoamérica, el Observatorio de Igualdad de Género de las CEPAL-ONU destaca que Argentina es la única que tiene cero mujeres en el máximo estrato judicial. ¿Es, en algún sentido, ilegal?
Leticia Vita es doctora en Derecho y licenciada en Ciencias Políticas por la UBA, además de profesora de la Facultad de Derecho de esa universidad, investigadora del Conicet (el organismo científico local) e integrante de la Red de Profesoras de la Facultad de Derecho de la UBA y de la Red de Politólogas #NoSinMujeres. Sus palabras fueron enfáticas: “Desde el plano jurídico, esto es inconstitucional”.
Simplemente “viola el mandato de avanzar hacia la igualdad de género en la Justicia que surge del bloque de constitucionalidad-convencionalidad que Argentina incorporó en 1994 por medio de la inclusión de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW)”, apuntó.
Además -siguió la experta- “en 2016, el Comité realizó observaciones a Argentina, en las que le recomendó que aprobara algunos de los proyectos de ley que establece la paridad de género en la Corte Suprema y, en 2023, el mismo Comité reiteró al país que le informe de 'las medidas adoptadas para acelerar la participación en condiciones de igualdad de las mujeres en el Poder Judicial'”.
Interpretaciones sobre el lugar de las mujeres en la Justicia argentina
Quienes critican el intento de Milei de consolidar una Corte Suprema de Justicia masculina apuntan además que desestima la letra de un decreto (el 222/2003) firmado en junio de 2003 por el recién asumido Néstor Kirchner. El texto reglamentó el ejercicio constitucional de la facultad para el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema.
Fotografía cedida por la Presidencia de Argentina del mandatario, Javier Milei
Lo que se discute ahora es la interpretación del artículo 3 de ese decreto, contó Vita: “Disponía que, 'al momento de la consideración de cada propuesta, se tenga presente, en la medida de lo posible, la composición general de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para posibilitar que la inclusión de nuevos miembros permita reflejar las diversidades de género, especialidad y procedencia regional en el marco del ideal de representación de un país federal'”.
¿Cuál es el debate? “Si bien la alocución 'en la medida de lo posible' pareciera carecer de obligatoriedad, este decreto no puede ser leído -como quieren hacer ver- en desconexión con la Constitución, que incluye a la CEDAW”, opinó.
Es lógico preguntarse si corre riesgo la eliminación del cupo en las áreas del Estado que avanzaron en esa dirección. Vita no se mostró muy optimista: “No sé si seguirá esta eliminación de reglamentaciones que aseguran cupo y presencia de mujeres o minorías en espacios masculinizados o de poder. Aunque tampoco encuentro indicios de que así no sea”.
Según concluyó, “el argumento del forzamiento respecto de estas cuestiones, es un clásico. Se postula que los cupos minan la libertad individual y menosprecian el mérito, pero no se tiene en cuenta que los varones ya tienen un cupo que no tiene en cuenta el mérito. Si no, ¿por qué históricamente han ocupado estos espacios de poder? Difícilmente podamos adjudicárselo a sus méritos”.