Tras un tenso día reunidos en Bruselas, los líderes europeos, presentes en la cumbre del Consejo Europeo, acordaron ser más severos en materia de inmigración. Tanto, que el derecho al asilo en suelo europeo podría quedar erosionado, en un endurecimiento de las políticas migratorias que responde a la creciente presión de partidos populistas y de extrema derecha, que han aumentado su influencia en varios países miembros tras recientes victorias electorales. También es una consecuencia del empeoramiento de las crisis en Ucrania y Oriente Medio, que han provocado unas olas migratorias difíciles para la UE.
Uno de los puntos centrales de la reunión fue la creación de “centros de retorno” fuera del territorio de la UE. Estos centros tienen como objetivo procesar a los migrantes cuyas solicitudes de asilo han sido rechazadas, trasladándolos a terceros países en espera de su deportación. Aunque no se definieron los detalles exactos de su funcionamiento, esta medida fue impulsada principalmente por Italia, que ya ha puesto en marcha un acuerdo con Albania para gestionar parte de sus migrantes en territorio albanés. Según la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, “esta política migratoria será un modelo para Europa”.
Y en sus conclusiones, los líderes destacaron la importancia de acelerar las deportaciones desde la UE y pidieron a la Comisión Europea que presente nuevas leyes “de manera urgente” para facilitar este proceso. Asimismo, se señaló la necesidad de utilizar “instrumentos diversos” como políticas de visados, comercio y cooperación al desarrollo para convencer a los países de origen a aceptar a sus nacionales deportados. Según el texto final de la cumbre, la UE debe “movilizar todos los recursos posibles” para incrementar la eficiencia en este ámbito.
Todos muy puntillosos
El concepto de “retornos” fue preferido por los líderes europeos frente a la palabra “deportaciones”, que sigue siendo tabú en muchos Estados miembros debido a su asociación con deportaciones forzadas durante la Segunda Guerra Mundial. No obstante, algunos líderes, como el primer ministro húngaro Viktor Orbán, se mostraron más directos en su lenguaje y compararon la situación actual con una “batalla” para proteger las fronteras europeas de la inmigración irregular.
La cumbre también reflejó divisiones internas entre los Estados miembros sobre la viabilidad de estos centros de retorno. España y Bélgica se opusieron firmemente a la creación de tales instalaciones, argumentando que son ineficaces, costosas y potencialmente violadoras de los derechos humanos. “Estos centros nunca han demostrado ser efectivos y suponen una carga económica“, declaró el primer ministro belga Alexander De Croo.
“Cambio de humor”
Por otro lado, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, señaló que “hay un cambio de humor en Europa” en cuanto a la inmigración. Se mostró optimista sobre la posibilidad de encontrar “nuevas soluciones a largo plazo” para gestionar la situación, subrayando la importancia de trabajar de manera conjunta con países no pertenecientes a la UE para externalizar la gestión migratoria.
Otro punto de discordia fue la propuesta de Polonia de suspender temporalmente el derecho de asilo en su territorio debido a la presión migratoria que, según Varsovia, está siendo instrumentalizada por Rusia y Bielorrusia. Aunque esta medida fue duramente criticada por la Comisión Europea, el primer ministro polaco Donald Tusk defendió su plan como una respuesta necesaria ante una “amenaza híbrida”.
Aumentan los controles
El debate también se centró en el uso del término “migración irregular” frente a “inmigración ilegal”. Mientras que algunos países, como Hungría, prefieren un enfoque más confrontacional en su retórica, otros Estados miembros, como Alemania y Francia, siguen utilizando términos más moderados, aunque las políticas prácticas se están endureciendo cada vez más en toda la UE.
En cuanto a los controles fronterizos, varios países, entre ellos Alemania, Italia y Austria, han reintroducido controles en sus fronteras nacionales como medida temporal para frenar la llegada de migrantes—un retroceso en la libre circulación dentro del espacio Schengen, tema que también generó tensiones durante las discusiones.
Conclusiones del Consejo
El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, subrayó en las conclusiones que “es necesario actuar con determinación” para enfrentar la crisis migratoria, pero también recordó que las nuevas medidas deben estar en línea con el derecho internacional y los principios fundamentales de la UE. En este sentido, algunos líderes pidieron cautela en la implementación de políticas que pudieran dañar la imagen internacional de la Unión.
Los líderes también mencionaron la necesidad de establecer “rutas migratorias legales y seguras” para abordar la escasez de mano de obra en Europa, especialmente en sectores como la agricultura y la tecnología. Sin embargo, esta propuesta quedó eclipsada por el enfoque en la gestión y contención de la inmigración irregular.
Finalmente, el encuentro dejó claro que, aunque la mayoría de los Estados miembros están de acuerdo en que la inmigración es un problema urgente, siguen existiendo profundas divisiones sobre cómo abordar la cuestión. Países como Italia, Dinamarca y Hungría presionan por medidas más radicales, mientras que España, Bélgica y algunos países nórdicos insisten en una aproximación más equilibrada y respetuosa con los derechos humanos.
A pesar de las diferencias, la cumbre concluyó con un mensaje de unidad en torno a la necesidad de tomar “acciones decididas” para gestionar la inmigración en la UE, aunque las soluciones concretas siguen estando en proceso de definición.